CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los primeros indicios de la relación que habría tejido Genaro García Luna con el crimen organizado datan de mucho tiempo antes de que explotaran los escándalos, e incluso varios años antes de que se convirtiera en el todo poderoso Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa.
Dos testigos protegidos declararon a la entonces Procuraduría General de la República que en marzo del 2003 Domingo González Díaz, director del Centro de Mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que dirigía García Luna, recibió un soborno de 1.5 millones de dólares para que avisara de las acciones policiales y nombrara en Tamaulipas a mandos regionales afines a un grupo criminal.
Luego, como máximo responsable de la supuesta guerra contra el narcotráfico, encabezó la Secretaría de Seguridad Pública federal en el periodo más violento que haya padecido el estado.
De hecho, su saluda del cargo representó un descenso de casi el 50% en las cifras de homicidios dolosos en Tamaulipas, que se habían disparado desde su llegada al cargo. El 2007 cerró con 265 asesinatos, luego en el 2008 fueron 308, en el 2009 hubo una ligera reducción con 288, pero en el 2010, en el punto más álgido de la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón, que en el estado se agravó con el rompimiento entre dos facciones criminales, la cifra se disparó hasta 721 homicidios. Ya en el 2011 fueron 855 y en el 2012, el último de la dupla García Luna-Calderón, se alcanzó un récord que no se ha vuelto a repetir, con 1,026 homicidios dolosos.
Fueron los peores años En total, durante la administración de Felipe Calderon, hubo 3,409 asesinatos en Tamaulipas vinculados con el crimen organizado.
Fueron tiempos convulsos para la entidad en lo social, lo económico y lo político. En agosto del 2010 ocurrió la matanza de 72 migrantes en el rancho El Huizachal de San Fernando, una tragedia que destapó el drama que se vivía en esa región de la entidad, y que se acrecentó durante el 2011 cuando se descubrieron las llamadas “narcofosas” de las que se extrajeron 193 cuerpos, la mayoría de migrantes.
El 28 de junio del 2010 había ocurrido el asesinato político más grave del que se tenga registro en el estado. En la carretera a Soto La Marina, a unos kilómetros de Victoria, fue ejecutado el candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, muy cerca de la elección. Ese mismo año ocurrieron otros homicidios de alto impacto, como el del candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, Mario Guajardo Varela, o el del alcalde de Hidalgo, Marco Antonio Leal García.
Tres años antes, cuando apenas empezaba a relucir el poderío del crimen organizado, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, ex alcalde de Río Bravo fue asesinado en su municipio. En medio de aquella ola de violencia, desde el gobierno federal no hubo ninguna estrategia para apaciguar el estado, por el contrario, la respuesta oficial fue el uso de más fuerza sin labores de inteligencia de por medio.
Fue la época en la que prácticamente desaparecieron las policías preventivas -tanto municipales como la estatal- para concentrar toda la estrategia de seguridad en la extinta Policía Federal y en las Fuerzas Armadas. En aquél periodo también se incubó la gran crisis de desaparecidos que aún hoy padece Tamaulipas. En el sexenio de Calderón, se registraron 3,771 casos de personas no localizadas hasta la fecha.
UNA CARRERA CONTROVERTIDA
En el 2000 Genaro García Luna fue nombrado jefe de la Policía Judicial Federal de la PGR, a la que sustituyó con la Agencia Federal de Investigación (AFI) y prometió convertirla en un órgano que iba a investigar los delitos con inteligencia y herramientas científicas, para alejarse de la imagen de corrupción y violencia de su antecesora. Tenía entonces 32 años de edad, de los cuales, los 11 últimos había sido agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Coordinador General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Años más tarde, el director de la AFI y luego secretario de Seguridad Pública Federal, así como casi todos sus principales colaboradores, terminaron prófugos de la justicia, muertos o en la cárcel.
Estos son algunos de los señalamientos, investigaciones, acusaciones penales y escándalos del ex funcionario que el pasado miércoles fue condenado en Nueva York a 38 años de prisión, por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El 13 de julio de 2001, la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo denunció a seis ex funcionarios de la PFP por pagos indebidos y adquisiciones irregulares de seis aeronaves y 167 vehículos que costaron 151 millones 302 mil pesos. Uno de ellos era García Luna, a quien se acusó de solicitar 42.5 millones de pesos de la partida de “Acciones Policiales Especiales”, pero los gastó en viáticos y pasajes, arrendamiento de inmuebles, informantes, transporte terrestre y activos.
Este fue uno de los varios casos de supuestos desvíos denunciadas ante la PGR contra la gestión de Wilfrido Robledo Madrid, ex Comisionado de la PFP y jefe de García Luna. Varios de los colaboradores de Robledo fueron sometidos a juicios penales, con excepción de García Luna, quien consiguió que la PGR archivara, por falta de elementos, la averiguación previa en su contra.
TAMAULIPAS, INUNDADO DE ARMAS
Actualmente, Genaro García Luna tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México, una de ellas es por su participación en el operativo para introducir armas de fuego a México, llamado Rápido y Furioso. “La averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de la República, y que fue hasta el año 2020 cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República”, explicó.
Mediante ese operativo, ingresaron a México más de 2,000 armas de forma ilegal, a las que se les colocó un chip, con el propósito de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes para los cárteles.
La idea, según las autoridades, era desarrollar inteligencia que ayudara a desmantelar organizaciones criminales, sin embargo, no solo no ocurrió, sino que parte de ese armamento terminó en manos de integrantes del crimen organizado, lo que los empoderó e incrementó la espiral de violencia en el país. Una de las consecuencias claras de esa acción se vivió en Tamaulipas. Con el paso de los años, fueron apareciendo armas vinculadas a “Rápido y Furioso” en decomisos realizados por el gobierno mexicano a la delincuencia organizada como el aseguramiento de al menos 500 armas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, procedentes de ese operativo. Las fechas en que se introdujeron esas armas con la complacencia de Genaro García Luna coinciden con el disparo en los índices de homicidios en la entidad: 2009 y 2010 fueron los años más violentos para el estado.
El escándalo estalló debido al hallazgo de dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa y que fueron utilizadas en un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en diciembre de 2010 cerca de la línea entre Arizona y México.
Además, el 15 de febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, México, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadounidense, Jaime Zapata. Se trasladaba del entonces Distrito Federal a la ciudad de Monterrey. Mientras su compañero Víctor Ávila resultó gravemente herido: Se comprobó que Zapata había muerto por disparos hechos con un arma de “Rápido y Furioso”.
“El operativo Rápido y Furioso es a todas luces ilegal, violatorio de nuestra soberanía y eso se pactó entre gobiernos de Estados Unidos y de México. Eso ya no se permite. Imagínense ponerse de acuerdo para que de manera clandestina se introduzcan armas de Estados Unidos a México con sensores para que esas armas lleguen a la delincuencia y que con esos sensores se pueda detectar quiénes las usan y detenerlos e ir por ellos.
Lamentablemente usaron esas armas para homicidios”, dijo en el 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta semana, el gobierno federal afirmó que México podría solicitar la extradición de Genaro García Luna y de su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que enfrenten el proceso penal que tienen pendiente en México Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) precisó que el caso contra el ex Secretario de Seguridad federal sigue abierto y si se encuentra en prisión en Estados Unidos, no significa que libre las acusaciones en el País.
“La orden de aprehensión contra García Luna y la esposa de García Luna es un proceso abierto, hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición, solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa”, refirió.
“El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplica la extradición y el Gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones, con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel.
En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla”, dijo. Gómez proyectó la presunta red financiera con la que operó García Luna desde su cargo, y que generó el saqueo al Estado Mexicano de más de 600 millones de dólares a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del Grupo Weinberg (de Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto).
Indicó que en esa red de corrupción y de lavado de dinero internacional participaron siete personas físicas, cuatro empresas contratistas y 40 empresas norteamericanas confabuladas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades
A la fecha, dijo, se han recuperado 2 millones 405 mil dólares, un departamento de García Luna y otras 15 propiedades del procesado.
Previamente, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, insistió en que el proceso penal contra Genaro García Luna sigue abierto en México por diversos cargos e independiente a su condena de 38 años de cárcel en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Se trata de órdenes de arresto por la introducción de armas del caso “Rápido y furioso”, delincuencia organizada, lavado de dinero, contratos en la construcción de reclusorios y hasta su participación en el rescate del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Sheinbaum señaló que la ciudadanía debe conocer que hay un proceso vigente contra el ex funcionario y que la condena contra el ex Secretario es un mensaje para otros funcionarios y delincuentes de que no pueden operar con impunidad ni engañar al pueblo.
“Es importante que el pueblo de México sepa que hay órdenes de aprehensión contra García Luna en México, que hay investigaciones. Que incluso hay una investigación relacionada con el asesinato de Colosio, que tanto dolor le causó a nuestro País y también, pues, vamos a ver el tema de la extradición de la esposa”, reiteró.
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