Dentro de las reformas constitucionales que propuso aquel 5 de febrero del 2024, el entonces Presidente de la República, estaban las modificaciones electorales las cuáles planteaban lo siguiente: -Reducir los gastos destinados a partidos políticos y campañas.
-Eliminar a los plurinominales. -Elegir a los consejeros electorales y magistrados por el voto libre, secreto y directo de la ciudadanía.
-Evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales. Más allá del gasto a los partidos y los plurinominales, que por supuesto, son trascendentales, la elección de consejeros electorales y el proceso de “austeridad” que ya hemos visto en otras instituciones podría implicar la cooptación de este organismo que en la actualidad nadie duda de su gran capacidad para organizar de manera exitosa elecciones y que ha brindado certeza, confianza y profesionalismo en momentos difíciles.
Por eso llama la atención que el Gobierno Federal cambiará la visión presentada el 5 de febrero y que el pasado lunes 14 de octubre en las adecuaciones a las leyes federales para la realización de la elección de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros del poder judicial, próxima a realizarla en 2025, se haya incluido la siguiente modificación: -Modificación al artículo 45 de la LGIPE para darle la atribución a la Presidencia del Consejo General del INE de designar a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y de unidades técnicas.
Esta atribución era de todo el órgano colegiado.
-Adicionan al artículo 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para otorgarle mayor fuerza a la Junta General Ejecutiva, dándole la atribución de aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de actividades administrativas y técnicas operativas del instituto y de la coordinación las juntas locales y distritales ejecutivas, relacionadas con la organización de las elecciones de los tres poderes.
Con estas acciones podrán sustituir la colegialidad del consejo con lo que mandate la Presidenta del Consejo, sin considerar a los demás consejeros.
Esto vulnera por completo la capacidad de tomar decisiones colegiadas en las que participen todos los actores políticos de una democracia, ahora la Presidenta del INE podrá tomar decisiones para cualquier elección sin tener que pasarlas por el Consejo General.
Rompe por completo la esencia del Instituto y probablemente erosione la certidumbre y la pluralidad que permitieron la participación de diversos actores y a la postre la transición de fuerzas políticas.
Aprovecharon una coyuntura y esa mayoría que hoy gobierna ha decidido darle más funciones que las que buscaba la reforma.
Quizá después de todo no se necesite una reforma al INE, ya la obtuvieron sin el desgaste de la opinión pública.
Por cierto, donde quedaron los movimientos ciudadanos que exigían “el INE no se toca”, hoy ante la nueva realidad política. Definitivamente en unos meses México será otro.
