La revelación del registro masivo promovido por el oficialismo para la elección de juzgadores federales acrecentó las alarmas de organismos internacionales, la comunidad internacional y los inversionistas, amén de académicos y defensores de derechos humanos porque, como advierten, confirma la reconfiguración del Poder Judicial para comprometer los principios fundamentales de independencia y equilibrio que sostienen nuestra democracia liberal.
Están por cumplirse casi dos meses del nuevo gobierno y México se encuentra en su crisis más compleja en años. Contrario a la estrategia oficial, la disolución del Poder Judicial sigue arrastrando a la baja su calificación de confianza para recibir inversiones del exterior y deteriorando los pronósticos comerciales. Podríamos decir: “Es la reforma judicial…”.
La persistencia en disminuir la independencia de uno de los pilares democráticos, diseñado por los fundadores de la República para exorcizar las tentaciones dictatoriales, revestida de la “popularización” del Judicial, no convence al mundo. Desde su imposición arbitraria e ilegal —con el no cumplimiento de suspensiones—, el peso no remonta frente al dólar.
Pero, como prevalece la visión de que México es una isla, sin compromisos ni obligaciones ante el mundo, pocos recursos se tendrán para enfrentar el conflicto más complejo que representará la administración Trump.
No deja de ser paradójico que sectores del oficialismo, que obtienen una rentabilidad con la polarización recurriendo a las categorías de “amigos y enemigos”, del pro nacionalsocialista Carl Schmitt, llamen hoy a la unidad nacional.
Muchos dirán que el enemigo externo (Trump) unirá al “pueblo” para beneficio de “el soberano”, entendido como el que tiene la facultad de suspender el orden jurídico vigente, tomando decisiones que trascienden el marco legal. Es decir, por ejemplo, la orden de no cumplir los amparos. Dudo que la unidad nacional se alcance así.
Justo es Schmitt quien, ejemplificando a la ultraderecha alemana, plantea acabar con la democracia liberal, entendida como un sistema de contrapesos como el Judicial. La coincidencia no es menor: el obradorismo actúa más como una ultraderecha en la que quienes disienten deben ser combatidos, amén de construir una democracia “iliberal”.
Como las últimas encuestas indicaban, los mexicanos no estaban interesados ni aprobaban mayoritariamente la reforma judicial, mucho menos motivados para participar en la elección de juzgadores. Así se condujeron los números de inscritos hasta el fin de semana, cuando Morena reaccionó a la instrucción de Tabasco e inició el acarreo de aspirantes, cuyo perfil es francamente ofensivo y demostró lo que siempre se supo: apoderarse con los menos capaces del Poder Judicial.
Dijimos que, de entrada, ello era un fracaso trasladable a los votantes de Morena: “No se quejen, ustedes lo pidieron”, se dice. Y eso se transformó en el llamado al acarreo de una diputada de ese partido: “¿No tienes amigos que quieran ser jueces federales?”. Esto describe todo.
La certeza jurídica es esencial para el desarrollo económico. Sin un sistema judicial confiable, los inversionistas carecen de las garantías necesarias para proteger sus capitales. Rodrigo Uprimny, jurista y economista colombiano, ha dicho que “un Poder Judicial débil o politizado es una invitación al arbitraje del mercado”. Esto es, las decisiones económicas ya no serán evaluadas bajo criterios de equidad o legalidad, sino bajo intereses de coyuntura política.
Empresas extranjeras insisten en que las reglas del juego se vuelven inciertas. Para Uprimny, se debilitan las protecciones de los más vulnerables.
POR JORGE CAMARGO
