El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, no mintió cuando dijo que iría en serio en contra de la inseguridad en esa entidad. En los primeros diez días de su gobierno se han detenido más de 300 personas, de las cuales una de cada tres resultó ser servidor público. Este dato expone la magnitud de la corrupción y la infiltración de grupos criminales en las instituciones del estado. También evidencian el abandono y la complicidad que marcaron la administración de su predecesor, Rutilio Escandón.
Hay sobre él serias acusaciones por permitir la colusión entre sus funcionarios y las bandas criminales, y por su papel en la crisis de seguridad que vive Chiapas. Sin embargo, en lugar de rendir cuentas, fue designado como cónsul en Miami, una decisión que ha generado una fuerte polémica, ya que el nombramiento, impulsado desde las altas esferas de la 4T, contradice los principios de rendición de cuentas y transparencia que el gobierno federal afirma promover. Además, su llegada a Miami ocurre sin credenciales destacables y con un historial que lo vincula a la expansión de los cárteles en Chiapas. Eduardo Ramírez enfrenta un reto monumental, su estrategia es un paso en la dirección correcta, aunque su éxito dependerá de la capacidad para implementar reformas estructurales que fortalezcan las instituciones locales y será fundamental que su gobierno se apoye de manera permanente en la SSC federal, la Sedena, la Semar y la GN, además de enfocarse no sólo en los síntomas del problema, sino también en atacar las causas profundas que permiten el crecimiento del crimen organizado.
Chiapas vuelve a ser un llamado de atención para no ignorar los problemas de seguridad y corrupción en los estados; subraya, además, la necesidad de que la 4T deje de proteger a personajes políticos como Rutilio Escandón, Rubén Rocha Moya en Sinaloa o Evelyn Salgado en Guerrero, cuyas gestiones han resultado más que perjudiciales.
Donald Trump amenazó otra vez con declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas a partir del 20 de enero, cuando asuma la presidencia de EU. De materializarse la amenaza, podría abrirse la puerta de una intervención que, evidentemente, no sería militar, porque eso conllevaría a un conflicto bélico, sino de agencias como la DEA, la CIA y el Servicio Secreto, con el uso de herramientas de inteligencia y de forma remota con drones en nuestro territorio. Este anuncio coloca en el centro del debate la relación de los dos países en materia de seguridad, misma que se fracturó en el gobierno de López Obrador, al cometer el grave error de romper vínculos con la DEA, una de las agencias de inteligencia más importantes a nivel mundial. Esa suspensión de información con la DEA debilitó los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles y generó al gobierno de Claudia Sheinbaum un problema para fortalecer su estrategia de seguridad. Es evidente que Omar García Harfuch enfrenta el reto de operar con información limitada, dependiendo casi exclusivamente del Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército mexicano y la Marina. Pero la inteligencia nacional, por eficaz que sea, necesita complementarse con la experiencia y eficacia de otras agencias. Sin duda, México y EU tienen responsabilidad en esta crisis del narcotráfico, pues mientras los cárteles mexicanos exportan las drogas que consumen millones de adictos en EU, las armerías de ese país proveen de armas que terminan en los grupos criminales de México.
La hipocresía de ambos gobiernos es evidente. EU se enfoca en los cárteles mexicanos como una amenaza a su población y a su seguridad nacional, pero ignora la existencia de sus cárteles que distribuyen drogas dentro de su territorio. Por otro lado, México evita calificar las acciones de los grupos criminales como actos terroristas, a pesar de los coches bomba, los drones con explosivos o las minas terrestres. Es momento de un reconocimiento mutuo de responsabilidades y de acciones conjuntas verdaderamente comprometidas. En el caso de México, cualquier acuerdo recaerá en gran medida sobre las FA y la GN, que han asumido las tareas de seguridad ante el desmantelamiento y la incapacidad de las policías estatales y municipales, de ahí que el cumplimiento de compromisos estaría garantizado.
- DE IMAGINARIA
Mis más sinceras felicitaciones a soldados, marinos y guardias nacionales que cumplen siempre con su deber, aun en las fiestas decembrinas
Por. Miguel Ángel Godínez García
