CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El acceso a una vivienda digna sigue siendo un reto, pues la falta de proyectos de vivienda social suficientes ha dejado a miles de familias en situación de vulnerabilidad.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, como la construcción de 46 mil viviendas en los próximos seis años, expertos señalan que estas podrían ser medidas insuficientes para cerrar la brecha habitacional existente.
Según el último informe de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Tamaulipas registra un déficit habitacional del 18%, lo que equivale a más de 200 mil familias que carecen de una vivienda adecuada.
El rezago en vivienda social afecta tanto a zonas urbanas como rurales, aunque se intensifica en municipios con mayor población y pobreza. Reynosa, Matamoros y Tampico concentran el mayor número de personas en espera de soluciones habitacionales, mientras que en municipios rurales como Hidalgo y San Carlos, muchas viviendas carecen de servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad.
El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental y un pilar clave para reducir la pobreza.
Sin embargo, el rezago en este ámbito agrava la desigualdad social y limita las oportunidades de desarrollo de las familias.
Un análisis del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), revela que el 40% de las viviendas construidas en Tamaulipas en los últimos 5 años están dirigidas a personas con ingresos medios o altos, mientras que solo el 15% están destinadas a los sectores más vulnerables. Esto profundiza la brecha entre la oferta y la demanda de viviendas accesibles.
En ciudades como Reynosa y Matamoros, el crecimiento urbano desordenado ha provocado la aparición de asentamientos irregulares, donde las familias construyen sus viviendas sin acceso a servicios básicos ni seguridad jurídica sobre los terrenos.
Según un estudio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), más del 25% de las viviendas en estos municipios se encuentran en estas condiciones.
Por otro lado, en las zonas rurales, la falta de infraestructura básica limita las posibilidades de desarrollo habitacional. Comunidades como las de Bustamante y Tula enfrentan un rezago significativo en servicios esenciales, lo que dificulta la implementación de proyectos de vivienda social.
El programa federal «Vivienda para Todos» ha destinado más de 500 millones de pesos para proyectos habitacionales en Tamaulipas desde 2020.
Expertos como el arquitecto Jaime Ruiz, especialista en vivienda social, señalan que es urgente rediseñar las políticas para garantizar que los recursos lleguen a las familias más necesitadas.
«Es indispensable implementar programas que incluyan subsidios más amplios y prioricen el acceso a servicios básicos en comunidades marginadas», afirmó Ruiz.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra la colaboración entre el sector público y privado para aumentar la construcción de viviendas asequibles. Además, el uso de tecnologías sostenibles podría reducir costos y acelerar los tiempos de construcción, permitiendo atender con mayor rapidez la demanda.
La mega construcción habitacional proyectada para este sexenio que estima beneficiar a 250 mil derechohabientes con el congelamiento de sus créditos se considera apenas una fracción de lo necesario para cubrir el déficit habitacional.
Además del déficit en la construcción de nuevas viviendas, Tamaulipas enfrenta otro problema significativo: el abandono y deterioro de viviendas existentes. Un informe reciente reveló que más de 4 mil 400 viviendas adquiridas mediante créditos del INFONAVIT están deshabitadas por falta de servicios o ubicación poco accesible.
Según cifras oficiales publicadas vía transparencia, en el estado, 1,441 viviendas están deshabitadas, 2,323 invadidas y 667 vandalizadas, lo que representa un total de 4,431 propiedades en condiciones negativas.
Las causas abarcan desde dificultades económicas para pagar los créditos hasta la falta de servicios en algunas zonas habitacionales, que fueron construidas en sitios sin infraestructura urbana.
El municipio más afectado es Reynosa, donde 1,728 viviendas presentan estas problemáticas, seguido de Altamira y Matamoros con cifras que también superan las 900 unidades cada uno.
En Altamira, Infonavit tiene registro de 942 viviendas en estado crítico, de las cuales 559 están deshabitadas, 218 invadidas y 165 vandalizadas.
Este municipio es uno de los de mayor crecimiento demográfico en los últimos años.
En Reynosa, 1,202 viviendas han sido invadidas, lo que equivale a más de la mitad de las viviendas en estado crítico.
Este municipio fronterizo también registra 283 casas deshabitadas y 243 vandalizadas, reflejando la presión social en una de las zonas con mayor dinámica migratoria y económica del estado.
En Matamoros, el problema está en 506 viviendas invadidas y 152 vandalizadas, mientras que 283 permanecen deshabitadas. El desinterés por la recuperación de estas propiedades han convertido algunas áreas en puntos de conflicto, afectando la calidad de vida de sus habitantes.
Nuevo Laredo tiene 146 viviendas invadidas y 40 vandalizadas, el municipio refleja una preocupación creciente por el abandono habitacional.
Victoria, la capital del estado, enfrenta un menor impacto con 144 viviendas afectadas, aunque el problema se concentra en zonas específicas.
Por Karen Salas
Expreso-La Razón
