“El tope de gastos personales de campaña tiene el objetivo de generar candidaturas que no dependan, una vez electas, de intereses económicos que financiaron su campaña; asimismo la de generar una contienda electoral en la que la condición socioeconómica no sea un factor determinante para ganar las elecciones”, señala el Magistrado REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN, en su proyecto de sentencia aprobado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Recordemos que, en la sesión celebrada el pasado 6 de marzo, el Consejo General del INE aprobó por mayoría de 6 votos contra 4, el acuerdo INE/CG200/2025, mediante el cual se fijó el tope de gastos de campaña, para las personas candidatas a los diferentes cargos del Poder Judicial Federal.
Con la ausencia del consejero, JOSÉ MARTÍN FAZ MORA, eI INE estableció un tope general para los diferentes cargos a elegir, sin distinguir el ámbito territorial (nacional, circunscripción, circuito y distrito), quedando un monto único de $220,326, para las 5,379 candidaturas que disputan 881 cargos.
Acuerdo que dividió el voto del Consejo General, provocando que, tanto la presidenta, GUADALUPE TADDEI ZAVALA, como la consejera NORMA IRENE DE LA CRUZ MAGAÑA, acompañaran su voto en contra con topes diferenciados en función del tipo de elección.
Mientras que, la consejera CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN, también votó en contra, pero sin presentar una propuesta de voto diferenciado.
Inconformes con el acuerdo, tres personas promovieron Juicios Electorales ante la Sala Superior y la Sala Regional de Monterrey (EMANUEL MONTIEL FLORES, ÁNGEL MARIO GARCÍA GUERRA y LUIS MOLINAR ROHANA), turnadas a la ponencia del Magistrado REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN, quien publicitó su proyecto de resolución.
Las personas inconformes señalan que el acuerdo interpreta indebidamente el artículo 522, numeral 2, de la LGIPE, que limita los gastos personales de campaña de la elección judicial.
Igualmente, consideran que el acuerdo vulnera su derecho a ser votado, así como el principio de equidad en la contienda, puesto que las candidaturas estatales y regionales tendrán mayor facilidad y disponibilidad de recursos para realizar actos de campaña, representando una limitante para el caso de candidaturas nacionales, además de que puede facilitar la recepción ilícita de financiamiento privado.
“Se advierte que la cuestión efectivamente planteada es si fue correcto que el INE determinara un tope de gastos personales de campaña único para la fiscalización de todos los cargos que se elegirán en este proceso electoral extraordinario, sin diferenciar si el cargo judicial que se elige corresponde con un cargo distinto o si el electorado es una circunscripción distrital, regional o nacional”, señala el proyecto de REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
De acuerdo al proyecto de resolución, se propone considerar que es fundado el motivo de impugnación, “ya que los topes de gastos no pueden ser iguales sin diferenciar por tipos de elección”.
Argumenta RODRÍGUEZ MONDRAGÓN que, si el tope máximo de gastos de campaña para la elección judicial se calcula tomando como base el monto que individualmente puede aportarse a las candidaturas independientes de diputaciones federales, “esa base debe adecuarse en función de cada tipo de elección, esto es, el cargo, el electorado y la territorialidad en la que se celebra esa elección”.
Razón por la cual, el proyecto de sentencia propone revocar el acuerdo del Consejo General del INE, para que emita otro acuerdo en el que “fije montos diferenciados para cada tipo de elección en los términos que expresan las normas aplicadas y conforme a los lineamientos que se han establecido en esta ejecutoria”.
Proyecto que, aprobado por la Sala Superior este miércoles, otorga la razón a las consejeras GUADALUPE TADDEI ZAVALA y NORMA IRENE DE LA CRUZ MAGAÑA, que propusieron fijar topes diferenciados.
Y de rebote, el veredicto de la Sala Superior que le corrige la plana al INE, genera certeza para el Instituto Electoral que preside JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, porque el nuevo acuerdo será referente para el que apruebe en su momento el IETAM, para establecer los topes de gastos a la elección judicial de Tamaulipas.
POR JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES
