El escueto comunicado que publicó el “Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado” (ese es el nombre formal de las delegaciones) del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, brindaba poca o nula información sobre lo ocurrido el martes en la calle 17 de Ciudad Victoria.
Las imágenes ya habían circulado con intensidad en las redes sociales, y quedaba claro que el delegado José Luis Aranza Aguilar había tenido un incidente con la Guardia Estatal.
“El titular del OOAD fue detenido por la policía estatal cuando circulaba sobre la avenida Francisco I. Madero (calle 17) y posteriormente puesto en libertad luego de que el gobierno de Tamaulipas no confirmara la existencia de armas o dinero durante su inspección, ni de cualquier otro indicio constitutivo de delito”, explicaba el comunicado oficial.
En medio de estos datos y otros más burocráticos que suelen contener este tipo de boletines, el IMSS quiso publicar el siguiente enunciado: “El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas lleva a cabo investigaciones y acciones en contra de posibles actos de corrupción, particularmente en temas de abasto, y no desistirá en el combate contra la ilegalidad”.
No es un asunto superficial. Porque cuando al mediodía del martes empezó a reportarse la detención del delegado, lo primero que vino a la mente fueron los constantes señalamientos de corrupción relacionados con la compra de medicamentos y al extraño manejo que se ha dado en la delegación a los pleitos laborales.
Ha trascendido que desde hace años, funcionarios del Seguro Social han armado jugosos negocios con estos dos conceptos.
Aún con muchos cabos sueltos por atar, lo que con el paso de los horas ha ido quedando claro es que lo del martes pudiera estar vinculado con la descomposición que vive el Instituto en Tamaulipas, acaso como una represalia contra el delegado, quien apenas llegó al estado en el mes de diciembre.
Como sea, la confusa detención debe aclararse con mucho detalle, sobre todo
Después de lo dicho ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien mostró particular interés en el tema.
Por primera vez desde que llegó al cargo, el Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González debe asumir su responsabilidad y, primero explicar lo que ocurrió y sobre qué versó la conversación que sostuvo con el delegado, luego del incidente con la Guardia Estatal.
Si como todo hace indicar, el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social fue víctima de una suerte de montaje para achacarle delitos graves, el responsable de la política interior del estado debe tomar cartas en el asunto. Aún si los responsables de esta trampa fueron también funcionarios del IMSS intentando consumar una venganza por ver afectados sus intereses, el asunto no es menor.
La Fiscalía General de Justicia deberá indagar para determinar lo que ocurrió el martes, pero la Fiscalía General de la República deberá ahondar en sus investigaciones para que se castigue a quienes han hecho de la salud un negocio lucrativo e ilegal.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES