La reforma judicial promete limpiar y democratizar la justicia mexicana. Pero detrás del discurso, se esconde un intento de someter al Poder Judicial al control político, debilitando la democracia y eliminando su último gran contrapeso.
El origen de la división de poderes
En el siglo XVIII, el filósofo Montesquieu advirtió en El espíritu de las leyes que: «Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.»
La división entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial surgió para impedir que el poder absoluto derivara en tiranía, como reforzaría James Madison en The Federalist Papers entre 1787 y 1788.
En México, este principio se plasmó en la Constitución de 1824 y fue fortalecido en la Constitución de 1857 por liberales como Benito Juárez y Melchor Ocampo.
La Constitución de 1917 ratificó este esquema, consagrando la autonomía judicial como uno de los pilares de la República.
El mecanismo para controlar al poder no funciona si el juez depende del poder político.
¿Qué plantea la reforma judicial?
La reforma propone:
– La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.
– La creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.
– La reducción de facultades del Consejo de la Judicatura Federal.
– La formación de ternas propuestas por Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Presentada como democratización, en realidad amenaza la esencia misma del Estado de derecho.
¿Qué riesgos representa?
1. Pérdida de autonomía. Los jueces quedarían sometidos a intereses políticos coyunturales.
2. Politización de la justicia. Al hacer campañas electorales, los jueces se verían presionados a obedecer a partidos y financiadores, así como una mayor infiltración del narco en este poder.
3. Debilitamiento de la Suprema Corte. El último freno constitucional a los abusos del poder quedaría erosionado.
¿Elegir jueces combate la corrupción?
El discurso oficial sostiene que la elección directa de jueces los haría más responsables ante el pueblo y menos corruptos. Sin embargo, los datos y la experiencia muestran otra realidad:
– Problemas en etapas previas:
Según la Fiscalía general y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, más del 90% de los casos de corrupción nunca llegan a los jueces, porque fallan en la investigación o el debido proceso.
– Destrucción de la carrera judicial:
Actualmente, los jueces pasan por concursos públicos rigurosos. Elegirlos por voto privilegiaría la popularidad y eliminaría la preparación técnica.
– Riesgo de «jueces de campaña»: Como en ciertos estados de EE.UU., los jueces electos responderían a intereses económicos, no a la Constitución.
Elegir jueces no combate la corrupción: la enmascara.
¿Quiénes son los candidatos?
Lejos de ser ejemplos de imparcialidad y preparación, muchos de los candidatos representan riesgos para la independencia judicial:
– Vínculos criminales: Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político revelan que al menos 26 candidatos tienen nexos sospechosos con redes criminales o acusaciones de corrupción. Aunque el gobierno culpó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, la enorme mayoría de los candidatos fue propuesta por los comités de evaluación de senadores, diputados y el mismo ejecutivo.
– Procedencia política: 75% impulsados por Morena y partidos aliados, lo que conlleva compromisos con el gobierno.
– Falta de trayectoria judicial: Más de la mitad de los aspirantes no tienen formación judicial sólida, sino provienen de cargos políticos, administrativos o de militancia partidista.
No será el pueblo quien elija, sino el aparato partidista quien imponga.
Una democracia en riesgo
La división de poderes no es un formalismo: es el muro que protege a los ciudadanos del abuso.
Derribar ese muro, como plantea la reforma judicial, pondría la justicia al servicio de un poder político infiltrado por el narco.
Como alertó Alexander Hamilton en su ensayo Federalist No. 78, publicado en mayo de 1788:
«No hay libertad si el poder de juzgar no está separado del legislativo y el ejecutivo.»
México no necesita jueces electos por las pasiones del momento, sino impartidores de justicia con formación sólida, trayectoria comprobada, independencia real y el valor de enfrentar al poder cuando sea necesario.
Es cierto: el Poder Judicial requiere reformas profundas para garantizar que cumpla su función; interpretando la ley, resolviendo controversias y protegiendo los derechos humanos. Pero esas transformaciones deben fortalecer su
autonomía, no destruirla.
Al igual que el Judicial, los otros dos poderes —Ejecutivo y Legislativo— también exigen reformas urgentes, pero ninguna justifica someter a la justicia al vaivén político.
El riesgo es innegable: una justicia subordinada será el último clavo en el ataúd de nuestra democracia. Estamos por regresar al siglo XVIII.
