Las sentencias que la justicia de Estados Unidos le ha dictado a Genaro García Luna y a su esposa, ayudan a dimensionar la gravedad de los delitos que cometió, y en consecuencia, el daño que le hizo al país.
Las cifras millonarias que estarán obligados a pagar -2,500 millones de dólares- revelan el tamaño del saqueo que cometieron, como antes, los 38 años de prisión que le impusieron, reflejaron la magnitud de su relación con el crimen organizado justo en el periodo en que desató una guerra que ensangrentó al país.
Durante su periodo de mayor influencia en el poder, Tamaulipas vivió por mucho su época más violenta.
De hecho, la salida de Genaro García Luna de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal en 2012 coincidió con un dato contundente: una reducción de casi el 50 por ciento en los homicidios dolosos registrados en el estado que había sido una de las regiones más golpeadas por la llamada “guerra contra el narcotráfico”,
En cifras, el año 2007 cerró con 265 asesinatos en la entidad. En 2008 fueron 308. En 2009, la cifra bajó ligeramente a 288, pero en 2010 —el punto más álgido de la guerra— los homicidios se dispararon a 721.
Para 2011, la cifra se incrementó a 855, y en 2012, el último año de la administración Calderón-García Luna, se alcanzó un récord sin precedente: 1,026 homicidios dolosos.
En total, durante ese sexenio se contabilizaron 3,409 asesinatos en Tamaulipas vinculados al crimen organizado.
En ese periodo ocurrieron hechos que marcaron la historia reciente del estado y se convirtieron en estigmas para poblaciones enteras.
Uno de ellos fue la matanza de 72 migrantes en el rancho El Huizachal, en San Fernando, registrada en agosto de 2010.
La masacre expuso la crisis humanitaria que se vivía en la región y fue seguida, en 2011, por el hallazgo de las llamadas “narcofosas”, de donde se extrajeron 193 cuerpos, la mayoría de migrantes.
El 28 de junio de 2010 ocurrió el homicidio del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, ejecutado en la carretera a Soto La Marina, a pocos kilómetros de Ciudad Victoria.
Ese mismo año también fueron asesinados Mario Guajardo Varela, candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, y Marco Antonio Leal García, alcalde de Hidalgo.
En 2007 fue asesinado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, exalcalde de Río Bravo.
Desde el gobierno federal no se implementó una estrategia específica para contener el deterioro de la seguridad en Tamaulipas.
Por el contrario, la política de seguridad se centró en el uso intensivo de la fuerza pública —Policía Federal y Ejército—, en detrimento de las corporaciones preventivas municipales y estatales, que prácticamente desaparecieron del mapa operativo.
De algún modo, a más de una década de que García Luna dejó su posición en el gobierno federal, aún seguimos pagando los platos rotos de su siniestra gestión.
En este periodo también se incubó la crisis de personas desaparecidas que hasta hoy sigue afectando a miles de familias tamaulipecas.
Un componente que agravó aún más el panorama fue el operativo “Rápido y Furioso”, aprobado durante la gestión de García Luna. Esta operación permitió la introducción ilegal de más de 2,000 armas de fuego a territorio mexicano con el argumento de rastrear su trayectoria para identificar a miembros del crimen organizado.
El plan, sin embargo, fracasó. Muchas de esas armas terminaron en manos de cárteles, incluyendo los que operaban en Tamaulipas. Como consecuencia, se documentó el aseguramiento de al menos 500 armas ligadas al operativo en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí.
El escándalo estalló tras el asesinato de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, ocurrido en diciembre de 2010 cerca de Arizona. En la escena fueron hallados dos rifles de asalto adquiridos dentro del programa “Rápido y Furioso”.
En México, García Luna tiene actualmente tres órdenes de aprehensión vigentes. Una de ellas está relacionada directamente con su participación en este operativo, cuya investigación fue iniciada en 2009 y judicializada por la Fiscalía General de la República hasta 2020.
Las fechas en que se ejecutó el operativo —2009 y 2010— coinciden con el repunte de los homicidios en Tamaulipas, lo que deja una huella clara sobre su impacto.
A más de una década de su salida del cargo, los efectos de su gestión siguen latentes. Tamaulipas fue uno de los estados más golpeados durante su paso por la Secretaría de Seguridad, y aún hoy carga con las secuelas institucionales, sociales y humanas de esa etapa.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
