Ansiedad y depresión se encuentran entre las afectaciones emocionales más frecuentes en las y los adolescentes, lo que puede afectar su rendimiento escolar e interacción social y derivar en suicidio, según datos de 2022 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que evidencia que la pandemia por COVID-19 profundizó, de manera significativa, estos problemas de salud mental, con especial impacto en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
En las escuelas de educación básica, las y los docentes pudieron constatarlo cuando regresaron a clases presenciales: niños más introvertidos, con retraso en el proceso de socialización y con problemas de motricidad que, hoy en día, muchos niños, niñas y adolescentes aún no superan.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del Instituto Nacional de Salud Pública, levantada en 2022, el número de personas de 10 a 19 años con depresión aumentó. Por ejemplo, no dormir bien fue un resultado alto, pasó de 12.3 por ciento de las personas encuestadas en ese rango de edad en 2021 a 15.6 en 2022. En cuanto a porcentaje de quienes, alguna vez, pensaron en suicidarse se incrementó al pasar de 5.1 en 2020 a 7.6 por ciento en 2022; siendo las niñas y mujeres adolescentes las más afectadas con un registro del 10.2 por ciento, el doble de casos que en niños y hombres adolescentes.
Ante este escenario, el pasado 17 de junio, el Congreso del Estado, atendiendo cuatro iniciativas presentadas por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y morenistas como Víctor García Fuentes, Úrsula Patricia Salazar Mojica y Yuriria Iturbe Vázquez, aprobó reformas a diversas leyes, entre ellas, las de educación y salud para que las autoridades educativas, municipales, de salud y demás instancias competentes, promuevan la realización periódica de jornadas integrales sobre salud mental y emocional, impartidas por profesionales y dirigidas tanto al alumnado como a madres, padres y tutores, con el propósito de detectar oportunamente situaciones de riesgo, brindar atención personalizada cuando se requiera, prevenir la deserción escolar y proteger la dignidad y la vida de las y los estudiantes, para ello, se podrán establecer al interior de sus planteles, espacios de apoyo para la detección y canalización a las instancias correspondientes.
Ante esta nueva obligación, es interesante revisar la opinión técnica-jurídica enviada al Congreso por la Secretaría de Educación de Tamaulipas que hoy dirige el Dr. Miguel Ángel Valdez García: “[…] en la presente administración se desarrolló el Centro de Atención Socioemocional, por lo que es opinión de esta Dependencia, que la propuesta responde de manera clara y estructurada a una realidad crítica, colocando a Tamaulipas como un estado pionero en establecer espacios escolares para el bienestar socioemocional. Sin embargo, se sugiere considerar los siguientes aspectos:
a) Considerar que pueden existir escuelas en las que solamente sea necesario como tal destinar un espacio para dichos fines, sin embargo, otras escuelas carecen completamente de esta infraestructura.
b) Prever que sean emitidas normas secundarias o lineamientos para que sean operados con personal calificado y evitar la revictimización o estigmatización, que se garantice la confidencialidad y la ética en el servicio, así como la previsión de las características de los espacios y protocolos de actuación.
e) Establecer en los artículos transitorios que la implementación sea escalonada, por regiones o por características de la escuela.
d) Incorporar en las previsiones transitorias que las escuelas que no cuentan con una infraestructura serán creadas conforme a la disponibilidad presupuesta!, ello como una manera de protección legal que pretenda evitar amparos.”
Una opinión con datos clave que deberán considerarse en la construcción del presupuesto 2026 de la SET si, de verdad, se aspira a implementar una estrategia eficaz para la atención de la salud mental de la población escolar en Tamaulipas.
¿Usted qué opina?
POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA
