Según los especialistas, el delito de extorsión es uno de los más complicados de combatir.
La “tasa de éxito” de quienes lo cometen es alta y el riesgo de ser atrapados ha sido históricamente baja.
A ello, se debe sumar que durante muchos años ha habido una suerte de simulación en su combate. Tan es así que en muchos penales del país, incluidos los de Tamaulipas, operaron a sus anchas auténticos call centers extorsivos.
Esta semana, el Gobierno federal presentó su la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una nueva política de seguridad pública que busca atender el crecimiento sostenido de este delito de alto impacto en el país.
El plan está basado en la recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que proporciona un marco legal renovado para las tareas de investigación y prevención.
De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad, ocho entidades concentran el 66 por ciento de las denuncias por extorsión a nivel nacional: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
En estos estados, la estrategia se implementará de manera prioritaria, con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encargará del congelamiento de cuentas vinculadas a redes delictivas.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, delineó cinco ejes estratégicos: detenciones mediante investigación e inteligencia, creación de unidades estatales antiextorsión, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación especializada en manejo de crisis y negociación, y una campaña nacional de prevención.
Las autoridades federales reconocen que las modalidades más frecuentes son el cobro de piso y las llamadas telefónicas originadas desde centros penitenciarios. Para combatir esta última modalidad, se prevén operativos en cárceles con autorización judicial, para asegurar teléfonos celulares y bloquear las líneas utilizadas por internos.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que uno de los cambios más importantes es que la extorsión será un delito perseguido de oficio. Con la habilitación del número 089 para denuncias y con la nueva ley de inteligencia, las autoridades podrán iniciar investigaciones sin que la víctima formalice la querella, buscando proteger a quienes temen represalias.
La presidenta advirtió que este cambio requiere una reforma constitucional para que todos los estados adopten una legislación general contra la extorsión.
“Es el delito que no hemos podido disminuir”, reconoció Sheinbaum al presentar los datos oficiales, que muestran un aumento del 27.7 por ciento en los casos de extorsión en el país entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2025.
La estrategia también contempla fortalecer la cooperación con las empresas de telecomunicaciones para cancelar de inmediato las líneas telefónicas involucradas en extorsiones y trabajar con los estados para que todos cuenten con unidades especializadas.
Es un buen signo que la autoridad reconozca los puntos débiles del combate al crimen y se esfuerce por cambiarlos. En este, como en muchos otros aspectos, es evidente el cambio de visión en la estrategia de seguridad del gobierno federal.
