Cuauhtémoc Blanco exgobernador de Morelos y su exdirector de Logística y Eventos, Arturo Millán, quedaron inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un periodo de18 meses.
El pasado 9 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador 220/2025, el cual resulta relevante dado que sanciona una de las formas más sutiles y normalizadas de violencia política contra las mujeres en razón de género: la violencia simbólica y psicológica por la exclusión de una diputada de un espacio público.
En este caso no hubo insultos, calumnias o campañas de desprestigio. El acto considerado VPG que podría parecer casi imposible de probar como VPG, fue la exclusión deliberada de una diputada en el acto cívico-histórico: la conmemoración del Rompimiento del Sitio de Cuautla. Evento que ella misma impulsó desde la Cámara de Diputados y Diputadas, dada la omisión del gobierno morelense de llevarlo a cabo desde 2016, fecha en la que se instituyó.
La Sala Superior del TEPJF confirmó la sentencia de la Sala Especializada que consideró que lo ocurrido en Morelos, en 2023, no fue un malentendido ni una omisión accidental. Fue un acto deliberado de exclusión institucional, ejecutado desde el poder, que atentó directamente contra el ejercicio del cargo de una mujer en funciones.
La prueba central fue un video grabado por la propia legisladora, transmitido en vivo en redes sociales, en el que quedó documentado cómo se le negó el acceso al palco oficial durante la conmemoración del Rompimiento del Sitio de Cuautla.
Aunque el caso inició en 2023, la ruta hacia la justicia fue tortuosa. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE alegó incompetencia, y el Tribunal Electoral de Morelos intentó cerrarlo por caducidad. Fue la persistencia de la denunciante y la intervención correctiva de la Sala Regional Especializada lo que permitió que el fondo del asunto fuera analizado y sentenciado.
Esta sentencia sienta un importante precedente con un fuerte mensaje a la creatividad de quienes crean que se puede violentar a una mujer en la política y ellas tengan que aguantarse ante las dificultades que enfrentan en materia probatoria.
En estos casos, la sanción jurídica es clave, pero también lo es la sanción social. Como ciudadanía, no podemos normalizar que agresores políticos continúen buscando cargos de elección popular sin enfrentar consecuencias éticas.
Estar inscrito en el Registro de Personas Sancionadas por VPG no es una medalla política, es la exposición pública de un violentador político de mujeres y una alerta pública para sancionarlo socialmente en las urnas.
¿Usted qué opina?
POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA
