La transformación administrativa de Tamaulipas dio un paso importante con la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Se trata de una instancia que representa una reorganización de fondo en la estructura institucional encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos, la ética en el servicio y la garantía del acceso a la información.
El Congreso del Estado aprobó en días recientes un paquete de reformas derivado de modificaciones constitucionales que permiten esta fusión de funciones. Bajo el principio de simplificación orgánica, las tareas que antes estaban dispersas entre el ITAIT y la Contraloría Gubernamental, ahora se integran en una sola dependencia.
No se trata, como se ha querido hacer creer en algunos espacios, de una desaparición de funciones o de un debilitamiento de las garantías ciudadanas en materia de transparencia.
Por el contrario, se busca agrupar las facultades bajo un mismo paraguas institucional que reduzca duplicidades, mejore la coordinación interna y eleve los niveles de eficiencia. El nuevo diseño orgánico responde a una lógica nacional, pues Tamaulipas se alinea con las prácticas y marcos normativos federales en materia de fiscalización y combate a la corrupción.
Este tema es importante porque es un terreno que ha sido históricamente espinoso en el país, pero que sigue siendo una exigencia firme de la ciudadanía. La reestructuración también responde a la premisa de que si la confianza ciudadana en el gobierno se construye sobre hechos y no sobre discursos, la transparencia y la rendición de cuentas, deben estar al centro del ejercicio público. La nueva titular de la Secretaría, Norma Angélica Pedraza Melo, al asumir su cargo, dijo con claridad que se trata de fortalecer los controles, no de borrarlos.
En ese mismo sentido, el gobernador Américo Villarreal Anaya insistió en que el cambio es técnico, no político, y que obedece a la necesidad de construir un modelo institucional más claro, ágil y funcional. El alcance de esta nueva secretaría es amplio, pues su radio de acción se extiende sobre 17 dependencias estatales, 36 entidades paraestatales, 43 municipios y 47 organismos públicos descentralizados municipales.
A ello se suma la supervisión y coordinación con los órganos internos de control del Poder Judicial, Legislativo, órganos autónomos estatales, partidos políticos, sindicatos y otras instancias sujetas al escrutinio público. Un punto por demás interesante es que también estarán bajo su radar entidades fundamentales como el Instituto Electoral de Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Conciliación Arbitraria.
Como se ve, es un universo complejo, que demanda capacidad técnica, imparcialidad y sentido de responsabilidad pública. En el papel, es una nueva dependencia, muy poderosa e influyente en la vida publica e institucional de Tamaulipas.
Para el gobernador Américo Villarreal, presentar este nuevo modelo, envía el mensaje de que no se trata solo de nombres o estructuras, sino de resultados. La administración de Villarreal Anaya ha insistido en que no busca endeudamiento, sino eficiencia en el manejo de los recursos.
Y así quedó constancia en su mensaje, ya que el gobernador fue específico al señalar que la deuda pública ha disminuido en más de 750 millones de pesos y que los llamados “créditos” que se han mencionado en la discusión pública son, en realidad, adelantos de participaciones federales destinados a fortalecer la infraestructura y la seguridad en la zona fronteriza.
Este matiz es importante, ya que no solo se trata de un tema de contabilidad gubernamental, sino de una postura política frente al manejo del presupuesto. En tiempos donde la credibilidad institucional es frágil, transparentar el origen y el destino de los recursos es fundamental para reconstruir la relación entre gobierno y sociedad. Por ello, la apuesta de esta administración por la ética pública, la honestidad en el servicio y la mejora de la función pública no puede quedarse en el papel.
El reto, como ocurre en todos los rediseños administrativos, será la implementación, pues no basta con promulgar reformas ni con crear nuevas estructuras.
Para lograrlo, es necesario que los mecanismos funcionen, que los responsables rindan cuentas y que los ciudadanos tengan certeza de que los controles existen y se aplican.
En el diseño de la nueva estructura institucional de Tamaulipas, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno nace con una misión compleja y una expectativa alta. Su éxito dependerá de su capacidad para convertirse en un órgano técnico, independiente, con facultades reales y con disposición a actuar con firmeza cuando sea necesario. El momento actual exige un enfoque pragmático, ya que si bien el discurso institucional ha sido cuidadoso al presentar esta reforma como una mejora sustancial en el modelo de vigilancia gubernamental, el tiempo y los resultados serán el único juicio válido.
El control interno, la fiscalización y la transparencia no deben entenderse como instrumentos políticos, sino como elementos de un sistema que protege lo público, previene abusos y fortalece la democracia. Tamaulipas ha dado un paso importante en la ruta del fortalecimiento de su estructura institucional, porque la importancia de tener un diseño nuevo de la vida pública que garantice la transparencia y la rendición de cuentas, es una realidad.
