Tradicionalmente en México los que salían a la calle para protestar y exigir mejoras a las condiciones de vida eran los trabajadores y los campesinos.
Durante las celebraciones del Día de Trabajo, por ejemplo, los primeros demandaban alza de salarios y mejores prestaciones, reducción de la jornada de trabajo, salud y seguridad laboral, créditos para viviendas e independencia sindical, entre otras.
La gente del campo pedía apoyo a la producción, caminos, riego y electrificación, créditos para la compra de semillas, fertilizantes y precios justos para sus productos.
Mientras que las principales exigencias de los activistas de sociedad civil y estudiantes eran el respeto a las libertadas constitucionales y al sufragio, más becas y tarifas especiales del transporte público, alto a la represión contra la disidencia, eliminación de leyes represivas y libertad de presos políticos.
Los ricos y los poderosos, en cambio, centraban sus demandas en la reducción de los trámites burocráticos, certeza jurídica y estabilidad laboral.
Sin embargo, desde la llegada de la 4T al gobierno federal las cosas se han invertido, ahora es cada vez más frecuente que, como lo hacían los trabajadores y campesinos en el pasado, los adinerados protesten también contra el gobierno.
En el 2022 organizaron airadas manifestaciones contra la reforma electoral en las que participaron el dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo De Hoyos Walter, Vicente Fox, el expresidente del IFE, José Woldenberg, el ex ministro de la Corte, Ramón Cossío, y ex el presidente del INE, Lorenzo Córdoba y luego hicieron lo mismo para defender al otrora corrupto poder judicial, siempre aliado de acaudalados y al servicio de los intereses de Washington.
La Marea Rosa que presumía que era una organización apartidista de la sociedad civil se quitó la máscara y se declaró abiertamente aliada del PRI, el PAN y el PRD para apoyar la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz
Los empresarios y representantes de los partidos de oposición que ahora se quejan del espionaje oficial, guardaban silencio cuando los gobernantes del PRI intervenían teléfonos y espiaban sin orden judicial a los defensores de las causas sociales, líderes estudiantiles y opositores al gobierno.
Ahora acusan al gobierno morenista de autoritario, incluso de que es una dictadura, que ha suprimido la democracia y cancelado las libertades.
Las organizaciones no gubernamentales contra la corrupción y la impunidad, que tan activas se ha vuelto desde la llegada de Morena a la presidencia, eran tan inadvertidas que muchos ni siquiera sabían que existían en las épocas que gobernaba el tricolor.
Clanes como el de los Claudios, liderado por Claudio X. González Guajardo, artífice y estratega y de la alianza opositora de la elección presidencial de 2024, ahora salen a la vía pública y con cualquier pretexto, realizan foros para expresar su rechazo a la Cuarta Transformación, apoyan abiertamente el PRIAN y la intervención militar de los Estados Unidos que este exige para combatir a los cárteles de la droga en territorio mexicano.
Y todavía hay quienes afirman que Morena y el PRI son lo mismo. jlhbip2335@gmail.com
