TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto dirigido al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tamaulipas para que investigue la actuación de dos jueces adscritos a la región de Reynosa, por su intervención en resoluciones judiciales relacionadas con causas penales por el delito de extorsión.
El documento aprobado ayer denuncia que los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados podrían hacerse acreedores a sanciones por liberar a detenidos a causa de este delito.
La propuesta fue presentada en sesión de la Diputación Permanente por el diputado morenista Humberto Prieto Herrera, quien señaló que el objetivo central es salvaguardar el Estado de derecho, la seguridad pública y los derechos de las víctimas.
Advirtió que las extorsiones representan un riesgo latente para la ciudadanía y la economía local.
De acuerdo con el legislador, los jueces modificaron medidas cautelares previamente dictadas contra los imputados, sustituyendo la prisión preventiva por medidas menos restrictivas, como la presentación periódica, garantías económicas mínimas y restricciones de acercamiento.
Señaló que en las resoluciones no se habría ponderado adecuadamente la reincidencia, la peligrosidad y el impacto social del delito.
Los casos que motivaron el exhorto están vinculados con las empresas Flowster, Autoclimas Mateo y Jght. Los presuntos responsables fueron liberados tras ser detenidos en flagrancia y señalados por las víctimas.
En conferencia de prensa, Prieto Herrera afirmó que la liberación de los acusados resulta incongruente, ya que existían denuncias formales, identificación y señalamientos directos de los afectados. Agregó que mientras las instituciones de seguridad cumplen su labor, algunas resoluciones judiciales impiden que la ley llegue a los responsables, lo que —dijo— debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
El legislador indicó que el gobierno estatal mantiene una estrategia permanente contra delitos como la extorsión y el cobro de piso, mediante reuniones diarias de seguridad y operativos, pero advirtió que decisiones como estas representan un retroceso.
Prieto Herrera también informó que ha sostenido diálogo con la magistrada presidenta electa del Poder Judicial, a quien reconoció por su experiencia y ética, y expresó confianza en que, una vez en funciones, reforzará la impartición de justicia. Sobre los señalamientos en su contra, los calificó como ataques sin fundamento motivados por intereses ajenos a la legalidad.
Por. Staff
Expreso-La Razón
