¿Debe celebrarse que la pobreza multidimensional en México haya bajado a 29.6% en 2024? ¿O deberíamos preocuparnos por la persistencia de condiciones estructurales que siguen reproduciendo desigualdad y exclusión, aunque con cifras más estilizadas?
El reciente informe del INEGI, que por primera vez se encarga directamente de medir la pobreza, anuncia una disminución sustancial: de 43.2% en 2016 a 29.6% en 2024. Una caída de casi 14 puntos porcentuales. Los números dicen que 13.7 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza multidimensional. Suena bien. Pero si uno mira detrás del telón estadístico, aparece otra escena menos alentadora: 38.5 millones de mexicanos siguen atrapados en alguna forma de privación estructural, ya sea por ingresos, salud, educación o vivienda.
El mérito técnico de esta medición es innegable. La metodología es rigurosa, la serie histórica coherente, y los indicadores bien definidos. Pero como advertía Michel Foucault, la estadística no es una foto objetiva de la realidad, sino una tecnología de poder: define qué se ve y qué se omite, qué se problematiza y qué se normaliza. ¿Qué no se ve en este informe? La calidad real de los derechos garantizados, la fragilidad del ingreso informal, la precariedad de los servicios sociales que hacen que tener “acceso” no signifique dignidad.
Tomemos un ejemplo revelador: en 2024, el 48.2% de la población carece de acceso a la seguridad social. Eso son más de 62 millones de personas. ¿Podemos hablar de una “mejora” cuando casi la mitad de los mexicanos siguen expuestos a la enfermedad, el desempleo y la vejez sin una red pública que los proteja? Esta cifra debería escandalar tanto como la pobreza extrema. Pero no lo hace. Porque la narrativa del “progreso” necesita su dosis de buenas noticias, aunque sean medias verdades.
También se destaca la disminución de la pobreza extrema a 5.3% (7 millones de personas). Pero la desigualdad sigue ahí, intacta. Y las entidades con mayor pobreza extrema siguen siendo las mismas: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ¿Cuántas décadas más hay que esperar para que el sur del país deje de ser sinónimo de exclusión estructural?
Sí, el informe documenta mejoras. Pero sería un error convertir estas cifras en un trofeo de victoria. Porque en la misma página en que celebramos una caída porcentual, encontramos que la calidad de la vivienda sigue siendo deficiente para millones, que el rezago educativo en zonas rurales supera el 30%, y que el ingreso laboral sigue dependiendo más del azar del mercado que de una política de redistribución seria.
Reducir la pobreza es un objetivo loable. Pero no basta con maquillarla con cifras aceptables. Como advirtió Amartya Sen, la verdadera libertad consiste en tener las capacidades reales para llevar la vida que uno valora. Si millones aún no pueden decidir su destino por falta de salud, educación o trabajo digno, entonces la libertad sigue siendo un lujo de clase.
Menos pobreza, sí. ¿Pero cuánta justicia?
POR MARIO FLORES PEDRAZA
