Queda cada vez más claro: Tamaulipas ha entrado en una nueva era de la procuración e impartición de justicia.
Cuando Morena asumió la gubernatura del estado hace casi tres años, se insistía en la urgencia de castigar a quienes en el pasado cometieron evidente delitos relacionados con corrupción.
Había en el ambiente político, secretos a voces sobre el modus operandi de lo que parecía un saqueo sistemático de los recursos públicos. Estaban muy bien identificados los operadores de estos actos y sus mayores beneficiarios.
Era muy clara la dimensión de lo ocurrido.
Lo que faltaba, obvio, eran investigaciones sólidas que se demoraron mucho en concretarse, en primer lugar, porque tardaron mucho en iniciarse.
Visto a la distancia, vale la pena recordar que hasta el 30 de septiembre del 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estaba ocupada por Raúl Ramírez Castañeda, un abogado impuesto por el ex gobernador, cuya principal encomienda fue, primero, perseguir a los adversarios políticos del régimen, y después, proteger a los cercanos.
Casi el mismo tiempo se aferró a su posición, el ex Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, quien terminó su periodo en febrero del año pasado. Antes de eso, quiso recurrir a la justicia federal para, a través de amparos, atrincherarse en el cargo.
A tal grado sirvió de tapadera en la ASE, que Espino Ascanio será denunciado penalmente por haber incurrido en omisiones y por lo tanto, haber violado la ley para pasar por buenas cuentas públicas con evidentes irregularidades.
La tercera barrera de contención estaba en los dos niveles del Poder Judicial, con un servicio de amparos exprés en el federal, y con magistrados a su disposición en el local.
Pero también esta empezó a ceder.
La reciente elección sacudió por completo la estructura de impartición de justicia en Tamaulipas, y a partir del 1 de octubre, empieza una nueva era que -se supone- ya no defenderá los intereses políticos de un grupo.
Hay que esperar, claro, para conocer los alcances de los nueves jueces y magistrados y evaluar su desempeño, pero después del nivel de descomposición que alcanzaron las instituciones de justicia, cualquier comienzo parece prometedor.
Pues bien, en este contexto, deben entenderse las noticias más recientes: la sentencia condenatoria a Mario “G”, ex titular de la SET, y la denuncia contra 70 funcionarios relacionados con corrupción en la Secretaría de Salud.
La buena noticia es que todo así lo indica: llegó la hora de la justicia.
