Fue durante su campaña cuando el ahora gobernador Américo Villarreal Anaya expreso su intención de impulsar gestiones para conseguir el apoyo federal, para garantizar el abasto de agua en el largo plazo para Ciudad Victoria.
La capital del estado, aunque con una economía dinámica basada en la vida burocrática, empieza a vivir lo que otras ciudades grandes de Tamaulipas padecen hace tiempo, porque en ellas sí hay comercios y establecimientos de servicios turísticos, industriales o manufactureros que demandan agua en cantidades superiores.
En Victoria, la población enfrenta desde hace años el problema del abasto intermitente y con frecuencia, nulo de agua potable, algo que sucesivos gobiernos municipales y estatales no han podido -ni querido- resolver.
Pero, como decía, en campaña Américo Villarreal lanzó el compromiso de trabajar con la Federación para buscar y obtener los recursos necesarios para construir una segunda línea del acueducto, que solucionara el problema del abasto irregular del líquido en la capital.
Ahora, con el evento formal realizado ayer, el mandatario puede decir que el compromiso hecho está en vías de cumplirse, pues encabezó junto con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, el evento en el que se iniciaron los trabajos de construcción de la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria”.
El proyecto forma parte del paquete de 17 obras de gran impacto que propone el Plan Nacional Hídrico del gobierno federal y pretende resolver en el largo plazo el problema de abasto de agua para Ciudad Victoria por los próximos 50 años, mediante obras que requerirán inversiones por mil 800 millones de pesos, para el tendido de una red de casi 55 kilómetros de tubería y la realización de obras complementarias.
La trascendencia de esta obra iniciada ayer se mide en el tiempo que los habitantes de la capital esperaron que los alcaldes y gobernadores que estuvieron en el poder desde los años 70 a la fecha, hicieran algo efectivo y definitivo para terminar con esa situación que se agravó con el paso de los años.
Hoy, con el comienzo de los trabajos se avanza en el plan que impulsa la presidenta Sheinbaum para resolver los problemas hídricos del país y que en el caso de Tamaulipas forma parte del paquete de obra financiadas con recursos federales por más de 10 mil millones de pesos, que se desinarán a rubros como transporte, bienestar social, energía y comunicación.
Un dato curioso, pero importante, es que la primera línea del acueducto fue construida en 1992, mientras gobernaba Américo Villarreal Guerra, padre del actual mandatario. El proyecto de continuación de esta obra para darle agua a Ciudad Victoria por otros 50 años está unido a la familia.
En el evento, el director de la Conagua, Efraín Morales recordó que Tamaulipas tiene el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y esto se nota en los proyectos de infraestructura y en programas sociales que se asignaron al estado desde el inicio de esta administración, pero enfatizó que esto es resultado de las gestiones hechas por Américo, con quien existe una coincidencia plena en los objetivos que se buscan.
La solución al problema del abasto de agua en la capital no solo beneficiará a más de 350 mil personas que viven en Victoria, pues otro de sus impactos más importantes es el de darle certidumbre a quienes quieren invertir, que tendrán asegurado el suministro del líquido para sus actividades productivas.
Actualmente, la falta de suministro de agua potable en Victoria es uno de los problemas que más afectan también la imagen del alcalde Eduardo Gattás Báez, quien ni con ese tema, ni el de la falta de alumbrado, de la recolección de basura, la seguridad o simplemente, con la pavimentación de calles, ha cumplido con quienes le dieron su voto.
Volviendo a lo más importante del acto de ayer, hay que resaltar que la inversión federal que comenzó ayer con la segunda línea del acueducto complementará la que ya lleva a cabo el gobierno de Américo, con la construcción de la nueva planta potabilizadora que tendrá una capacidad de 1,500 litros por segundo y en donde se invierten más de 600 millones de pesos.
LOS NEGOCIOS DE LOS CARMONA CON EL CABECISMO
Pasaron casi tres años y parecía que los exfuncionarios cabecistas que siempre fueron señalados como presuntos responsables de manejos irregulares de los recursos o de incurrir en comportamientos alejados de legalmente permitido.
Ayer, el gobierno estatal anunció que documentó un quebranto al erario por más de 343 millones de pesos tan solo en la Secretaría de Salud, en donde se encontraron casos que pueden presumirse como sinónimo de corrupción.
En una conferencia de prensa conjunta realizada en Palacio de Gobierno, el director Jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, denunció o que calificó como corrupción en esa dependencia y sacó a relucir un dato revelador: La relación entre los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo con el cabecismo.
El tema va a dar mucho para hablar, porque al revivir la relación de los Carmona con la cofradía cabecista, en los hechos se destapará una alcantarilla, hablando en sentido figurado.
No solamente porque se documentaron los acuerdos comerciales y la asignación opaca de contratos millonarios y el incumplimiento de compromisos, sino porque seguramente no tardará la respuesta del cabecismo para recordar que los Carmona también tuvieron sus relaciones comerciales con el oficialismo.
Pero volviendo al punto, la presentación de los vínculos carmonistas con el cabecismo a través de la Secretaría de Salud incluyó mencionar que hubo presuntas irregularidades que ocasionaron el amaño de contratos, violando la Ley de Adquisiciones.
La denuncia señala los Carmona financiaron la campaña de Francisco en 2016 y que en correspondencia a ello, cuando fue gobernador otorgó contratos a las empresas JOSER y Permart por unos 500 millones de pesos, de los cuales 343 millones se entregaron a través de procesos irregulares en 2017 y 2018.
Los señalamientos apuntan también a Gloria de Jesús Molina, secretaria de Salud de entonces, así como los subsecretarios, Alejandro Aguilar Poegner y Horacio García Rojas, quienes firmaron los contratos, pese a saber que violaban la Ley de Adquisiciones del estado.
El anuncio conjunto lo hicieron ayer María Luisa Manaotou Lavín, secretaria de Administración, Angélica Pedraza Melo, Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como Vicente Hernández Navarro, secretario de Salud.
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