La Marina, hasta antes del obradorato, venía siendo un cuerpo pequeño de élite que contaba con la confianza de todas las agencias de Estados Unidos y con las cuales realizaban operaciones de seguridad ultrasecretas. Ese país había dejado en claro al gobierno de Peña Nieto que no participarían ni compartirían información con ninguna otra fuerza armada por los altos niveles de corrupción y filtraciones.
Lo anterior provocó una confrontación interna entre la Marina y el Ejército que nunca se superó y que se tradujo en una constante competencia por participar en el combate a la delincuencia. Lo expreso porque, en su momento, pude conocerlo de voz directa de los protagonistas.
“En la Marina somos pocos, pero vivimos una hermandad que no se vive en la otra fuerza armada, hoy nuestros números de traiciones son mínimos y reducidos a tiempo”, fueron las palabras expresadas en una charla para explicar lo que se mostró como una mística de servicio.
La fuerza armada que menor presupuesto recibía era la más eficaz y confiable en las operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos que, debe decirse, tienen el registro absoluto de todas las operaciones en lo político y lo criminal. Así que, para ejercer presión, en este periodo, saben todo de todos, vale decirse.
Cuando López Obrador se cubrió de armas para protegerse y brindar protección, involucrando a ambas fuerzas armadas en funciones civiles y administrativas, dentro de los altos mandos se produjo una profunda división entre los que pronosticaban un gran riesgo de corrupción y los que se manifestaban porque el poder civil compartiera las arcas.
Ya había un antecedente en el involucramiento del Ejército en la construcción, justo, de edificios en aduanas, lo que mereció auditorías que demostraron la alteración al alza de los costos, sobreprecios, pues, incumplimiento de entregas. Entonces hubo graves precedentes durante el peñanietismo: esta fuerza armada no se dejaba auditar y quién se atrevería a llamarla a cuentas, a encarcelar a quienes medraron con el presupuesto.
Por ello, se le advirtió a López Obrador que no lo hiciera, y ahora ya somos testigos de la punta de lo que puede ser el segundo escándalo más grande de corrupción bajo el gobierno de Morena.
* En una charla para escribir estas líneas. Un alto mando hacía una reflexión importante. Ni la Marina ni el Ejército son empleados, burócratas, a los que se les pueden fincar responsabilidades y llevarlos a juicio. “Son las Fuerzas Armadas de una nación y su poder militar supera a la creencia del poder civil sobre la lealtad. No confundamos. El acto de corrupción es un acto de deslealtad, primero, al alto mando, y luego, al país, pero esos valores comienzan a desdibujarse”.
El escenario dibujado pasa por la pregunta: “¿Ve usted en el escenario que un Presidente de la República destituya a un general secretario o a un almirante secretario por actos de corrupción?”.
La respuesta a la pregunta es sumamente inquietante. Más para quienes buscan minimizar el hecho recientemente desvelado de corrupción en el tráfico de combustibles y posibles operaciones con la delincuencia organizada.
He escuchado algunas voces que afirman que se trata sólo de una crisis reputacional de la Marina como consecuencia de corrupción de un grupo. Mi valoración es contraria. Los temas reputacionales difícilmente pueden ajustarse a entes públicos. La reputación se soporta en muchas variables más allá de la percepción de públicos específicos.
Ésta es una crisis política que requiere un debate constitucional. Si el gobierno encubre para salvar su imagen entre sus votantes, está subordinando su mando y autoridad al poder armado, y eso lo hace cómplice, poniendo en riesgo la República.
Es urgente retirar a las Fuerzas Armadas de funciones administrativas y recuperar el poder civil.
Por. Jorge Camargo
