Monterrey, NL.– La propuesta de que en las elecciones de 2027 solo mujeres puedan contender por la gubernatura de Nuevo León ha generado un intenso debate político y legal en el estado, con posturas encontradas entre partidos, autoridades electorales y actores sociales.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) recibió una solicitud de la organización civil Fundación Duque para implementar acciones afirmativas que garanticen la postulación exclusiva de mujeres, tanto en la gubernatura como en municipios históricamente gobernados por hombres. Sin embargo, el Consejo General del organismo rechazó el planteamiento al considerar que corresponde al Congreso local legislar sobre la materia.
La resolución fue cuestionada y finalmente revocada por el Tribunal Electoral del Estado, que ordenó al IEEPCNL emitir un nuevo acuerdo y analizar la petición bajo principios constitucionales de paridad y jurisprudencia en materia de acciones afirmativas.
En medio de la controversia, la consejera electoral Guadalupe Pérez afirmó que existe “una deuda histórica con las mujeres”, y sostuvo que el momento político obliga a emprender reformas de fondo para lograr que la paridad en la gubernatura sea “una realidad plena” en la entidad.
Desde el Poder Judicial, la magistrada Saralany Cavazos advirtió que si el Congreso no establece reglas claras en los plazos adecuados, el órgano electoral podría verse obligado a adoptar medidas directas para asegurar no solo la postulación, sino también la asignación de candidaturas en clave de paridad sustantiva.
En contraste, las bancadas del PAN y PRI en el Congreso local expresaron su rechazo a la medida, argumentando que la exclusión de aspirantes varones podría constituir una restricción de derechos y generar impugnaciones constitucionales.
El tema también alcanzó a los partidos en funciones de gobierno. El secretario general de Gobierno, Miguel Flores (Movimiento Ciudadano), defendió la iniciativa y calificó de “ridículas” las versiones de que se busca beneficiar a figuras cercanas al actual mandatario, en alusión a la visibilidad de Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García.
La discusión de fondo gira en torno a si la exclusividad femenina en la gubernatura puede considerarse un mecanismo legítimo de acción afirmativa para corregir desigualdades históricas, o si se trata de una restricción contraria al derecho ciudadano de elegir y ser elegido.
Mientras tanto, el debate seguirá en el Congreso de Nuevo León, donde las fuerzas políticas deberán decidir si dan entrada a la reforma, conscientes de que cualquier resolución tendrá repercusiones legales y políticas de alcance nacional.
POR. STAFF
