El mes de octubre terminó con una historia que conmocionó a los victorenses. Una niña de 12 años dio a luz a un bebé y, aunque lejos de ser un milagro de la vida, refleja una problemática que prevalece en la sociedad y que se debe tratar de fondo. (https://expreso.press/?p=756518)
En México, cada año miles de niñas y adolescentes se convierten en madres, lo que refleja una historia de desigualdad, silencios impuestos y responsabilidades de las que deberían ser ajenas.
El embarazo en menores de edad es parte de la violencia contra las mujeres que les arrebata sus derechos, educación y libertad. Y, lo más importante, la inocencia de su infancia. México ocupa uno de los primeros lugares en embarazos adolescentes en América Latina.
Según el INEGI (2023), cada año alrededor de 8,000 niñas entre 10 y 14 años dan a luz en el país. En el grupo de 15 a 19 años, los nacimientos superan los 300,000 anuales.
La OMS considera que todo embarazo en menores de 15 años es producto de violencia sexual, porque no existe capacidad plena de consentimiento. En 2024, en Tamaulipas se documentó que, en promedio, el 10 % de los nacimientos en el estado fueron de niñas y adolescentes, lo que lo ubica en el lugar 15 a nivel nacional en ese indicador.
El 90 % de las menores de edad embarazadas son forzadas a abandonar sus estudios, lo que incrementa su vulnerabilidad económica y social. El embarazo en menores de edad no solo es un problema de salud pública, también es de violencia de género.
Ellas, al no tener la mayoría de edad, enfrentan violencia sexual; en su mayoría, los embarazos son consecuencia de abuso o coerción. Padecen en las instituciones: al no tener la mayoría de edad, no pueden acceder a una interrupción legal del embarazo; sufren violencia económica porque se hacen totalmente dependientes de su abusador o de su propia familia. El embarazo infantil es una cadena de violaciones sexuales y de sus derechos fundamentales.
Este tipo de situaciones están a la orden del día, producto de un sistema que sexualiza a las niñas y niega una educación sexual integral. Mientras no se reconozca que maternar no es el destino de todas, la sociedad seguirá justificando el despojo de infancias.
El derecho a decidir es de todas, incluidas niñas y adolescentes. El acceso a la salud sexual y reproductiva es un derecho: no debería ser condicionado a la edad, al estado civil o al permiso de un adulto. Hablar de interrupción legal del embarazo es hablar del derecho a la vida y a un futuro para quienes aún no han construido uno.
Lo que urge es fortalecer y aplicar la NOM-046 contra la violencia sexual, garantizar la educación sexual integral desde la infancia, asegurar atención médica y psicológica libre de estigmas, investigar y sancionar a los agresores — NO a las víctimas—, y crear redes comunitarias de apoyo y acompañamiento. Porque si una niña está embarazada, hay responsables que deben enfrentar todo el peso de la ley. Las autoridades educativas y de salud de todos los niveles de gobierno deben prevenir, desde las aulas y los hogares, que un sector de la población indispensable en nuestra sociedad se encuentre expuesto a la total vulnerabilidad, y deben dar el seguimiento necesario para evitar que más niñas interrumpan su infancia.
Además de legislar para que cualquier menor que atraviese una situación similar tenga la garantía y protección de las autoridades, de manera preventiva y también reactiva.
