Para la memoria de los tamaulipecos, más allá de las celebraciones tradicionales, noviembre es un mes clave, entre 2006 y 2010 el estado entró en un ciclo de violencia, el Estado de Derecho se fracturó y las instituciones de seguridad colapsaron ante la expansión criminal.
El próximo cinco de noviembre se cumplirán quince años del operativo militar en Matamoros que terminó con la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, dirigente del Cártel del Golfo, su caída marcó el punto más alto de la guerra entre organizaciones rivales.
Meses antes, el Cártel del Golfo y Los Zetas habían roto su alianza, disputaban rutas de tráfico de droga, armas y migrantes, el conflicto se extendió por Reynosa, Río Bravo, San Fernando y la zona centro, las corporaciones locales quedaron rebasadas.
Previo a la muerte de Tony Tormenta ya se acumulaban secuestros, levantones y enfrentamientos diarios, los retenes falsos se multiplicaban en carreteras, los municipios rurales quedaron bajo control de grupos armados y la población optó por resguardarse en sus hogares o salir del Estado.
El 24 de agosto de 2010, el hallazgo de 72 migrantes asesinados en San Fernando reveló la magnitud del poder criminal y la descomposición institucional, semanas después continuaron los bloqueos, ataques a fuerzas federales y ejecuciones públicas.
El operativo del cinco de noviembre fue la culminación de ese proceso, Matamoros vivió horas de tiroteos, helicópteros y calles vacías, más de cincuenta muertos entre sicarios y militares, la frontera se paralizó, el miedo se hizo rutina.
Entre 2010 y 2012 Tamaulipas registró más de nueve mil homicidios dolosos y al menos diez mil desaparecidos, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, organismos civiles estiman más de 80 mil desplazados internos por violencia.
San Fernando se convirtió en símbolo de la crisis con las fosas halladas en 2011, Reynosa, Victoria y Nuevo Laredo encabezaron las cifras de secuestro con más de mil casos anuales, la extorsión se integró a la economía local y el comercio se contrajo.
La prensa fue otro objetivo, al menos veinte periodistas fueron asesinados o desaparecidos y decenas desplazados, Reporteros Sin Fronteras clasificó a Tamaulipas como el estado más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo.
Las dos organizaciones criminales se repartieron el territorio, controlaban policías municipales, corporaciones ministeriales, aduanas y municipios, el poder público operó bajo presión criminal y la corrupción se convirtió en un mecanismo de supervivencia.
Con el tiempo, la violencia visible disminuyó, pero los negocios ilícitos se transformaron, Pemex reportó pérdidas superiores a 60 mil millones de pesos anuales por robo de combustibles entre 2010 y 2018, el crimen cambió de táctica.
A partir de 2019 emergió el huachicol fiscal, empresas fachada que importaban gasolina y diésel sin pagar impuestos, la Unidad de Inteligencia Financiera estimó pérdidas de 180 mil millones de pesos en 2024, superando al narcotráfico en ganancias.
En los puertos de Altamira y Matamoros y las aduanas de Reynosa y Nuevo Laredo operaban redes con documentación falsa, las organizaciones criminales se asociaron con empresarios y funcionarios, el delito migró de las carreteras a las oficinas.
En el primer semestre de 2025, Pemex reportó pérdidas por huachicol por más de 13 mil millones de pesos, un aumento del 37 por ciento respecto al año anterior, la Marina decomisó 18 millones de litros de combustible, cifra récord en cinco años.
El narcotráfico y el huachicol son eslabones de una misma red, combinan violencia, corrupción y poder económico, los años del terror dejaron pueblos vacíos y miles de ausencias, pero el negocio se adaptó sin renunciar a sus estructuras de control.
El desafío actual de la autoridad es evitar el retorno a los días de encierro y miedo, garantizar seguridad y justicia a tres millones y medio de habitantes de los 43 municipios del estado, y hacer cumplir la ley sin acuerdos ni tolerancias.
El dilema
De cara a 2028, en el entorno de Morena prevalece la expectativa de que la candidatura presidencial recaiga nuevamente en una mujer y hay cuadros disponibles para suponer que el “Gran Elector” tendrá margen para seleccionar entre perfiles con experiencia y visibilidad nacional.
No obstante, si la definición interna o las reglas de paridad llevaran a que la postulación corresponda a un hombre, el panorama luce distinto, sin hay figuras con la fuerza política suficiente para competir en condiciones favorables.
