En medio de la discusión nacional por la posible desaparición de los organismos electorales locales, el IETAM se quedó con un consejo general incompleto, luego de que el Instituto Nacional Electoral declarara desierta la convocatoria para designar a dos de las tres posiciones que quedaron vacantes a partir de este 31 de octubre.
Este viernes, terminaron su periodo las Consejeras Italia Aracely García López y Deborah González Díaz y el Consejero Jerónimo Rivera García designados en 2018.
El INE tenía la responsabilidad de elegir a sus tres sucesores, pero por falta de acuerdos solo un aspirante logró una votación con mayoría calificada, por lo que tendrá que realizarse un nuevo proceso para designar a los otros dos.
Con diez votos a favor y uno en contra, el nombramiento fue para Alfredo Díaz Díaz, quien tiene ocho años de carrera en el organismo, donde recientemente se ha desempeñado como Coordinador de Pregorrativas y Partidos Políticos. Los otros finalistas fueron Sergio Adrián Lara Lara, Milagros de Jesús Paz Rodriguez, Maria Isabel Tovar de la Fuente, Emilia Valero Salinas, Faustino Becerra Tejado, José Manuel Martinez Castañón y César Andrés Villalobos Rangel.
De esta manera, actualmente el Consejo General del IETAM estaría integrado por su presidente, Juan José Ramos Charre, quien concluye su periodo en el 2027, Mayra Gisela Lugo, Marcia Laura Garza Robles y Eliseo García Robles que concluyen en el 2028.
Esta situación se da en un contexto complicado para el Instituto Electoral de Tamaulipas, pues a nivel nacional se discute la desaparición de los organismos públicos electorales estatales, como parte la reforma electoral que se pondrá en discusión. El argumento central detrás de la propuesta de modificar la estructura electoral en México es el elevado costo que representan los organismos públicos locales electorales (OPLE).
Tan solo en 2025, el gasto operativo de los 32 OPLES ascendió a 7 mil 588.6 millones de pesos, mientras que la organización de la elección judicial en 19 entidades —que requirió ampliaciones presupuestales— implicó un gasto adicional de 2 mil 801 millones de pesos. Para el ejercicio fiscal del 2025, que incluyó la organización de la elección judicial, el Instituto de Tamaulipas ejerció 635 millones de pesos, aunque la pretensión original del organismo era superar los 1,000 millones de pesos. En el 2024, habían solicitado 756 millones de pesos y al final, el decreto aprobado para el Presupuesto de Egresos del 2024 en el Congreso les otorgó 565 millones de pesos, que fue la cifra más alta que destinada al IETAM desde su creación. En el 2023, sin elección de por medio, fueron 372 millones de pesos, cuando en el 2022 año en que se disputó la gubernatura del estado, fueron 551 millones de pesos. Fue el 11 de agosto cuando la Presidenta abrió formalmente el debate sobre la permanencia de estos organismos, al cuestionar su utilidad durante la instalación de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.
“¿Vale la pena que continúen? ¿Para qué queremos tantos institutos locales y un instituto federal, si ya hay casillas únicas y la fiscalización es centralizada? Entonces, ¿qué caso tiene mantener instituciones locales?”, planteó. Los OPLES surgieron a partir de la reforma político-electoral de 2014, considerada la última de gran calado en esta materia.
Antes de esa modificación constitucional, cada estado contaba con su propio instituto electoral, con reglas y estructuras distintas. La reforma de 2014 tenía como objetivo fortalecer a la autoridad electoral mediante una coordinación más estrecha entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos locales para la organización de comicios estatales. Durante las negociaciones, el PAN impulsó la desaparición de los institutos estatales, al argumentar que sus consejeros respondían a los Gobernadores.
Finalmente, se alcanzó un acuerdo con el PRI y otras fuerzas políticas para conservarlos, pero bajo criterios de profesionalización y alejados de intereses partidistas. El dictamen aprobado por el Senado el 3 de diciembre de 2013 —y ratificado por la Cámara de Diputados dos días después— señalaba que se retirarían a los OPLES las funciones más controvertidas que ponían en duda su imparcialidad.
También se buscaba garantizar legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en los procesos locales, así como evitar la injerencia de otros poderes en sus decisiones. “Lo más importante”, destacaba el documento, “es que se reforman y fortalecen las autoridades locales para lograr procesos electorales homogéneos en todo el país, apegados a los principios rectores y equiparables en calidad a los federales”.
Las comisiones dictaminadoras concluyeron que el funcionamiento de los organismos electorales locales se fortalecería con la intervención del INE en ciertas atribuciones, con el propósito de unificar criterios y asegurar el cumplimiento de los principios que deben regir todo proceso electoral.
La reforma dejó asentado en el artículo 41 constitucional que, además de organizar las elecciones federales, el INE se coordinaría con los OPLES en los comicios estatales. También se argumentó que este modelo facilitaría la participación ciudadana y el ejercicio del voto. Asimismo, se estableció que la organización de elecciones es una función del Estado que debe realizarse a través del INE y de los organismos públicos locales. Para evitar el control político de estos últimos, se determinó que fuera el INE quien designara y, en su caso, removiera a los consejeros estatales.
Sin embargo, en esta ocasión el proceso se complicó. La falta de acuerdos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral provocó que permanezcan vacantes 16 consejerías en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a pesar de que existían perfiles que superaron el proceso de selección realizado durante siete meses. En la sesión realizada la noche de este viernes, se sometieron a votación 40 consejerías y cuatro presidencias correspondientes a 17 entidades del país. No obstante, solo se aprobaron 28 designaciones —16 mujeres y 12 hombres— y quedaron sin nombrar 16 de las 44 posiciones disponibles. Consejeros y representantes de partidos advirtieron que esta situación profundiza la debilidad institucional de varios OPLE, particularmente en un contexto donde avanza una reforma electoral que contempla su eventual desaparición. “Este debate sintetiza conflictos que llevan 30 meses acumulándose; son como 30 minutos bajo el agua.
Arrastramos diferencias desde atrás y no podemos analizar esta coyuntura ignorándolo. No hablarlo en público no resuelve nada, disimularlo tampoco reduce su impacto”, señaló el consejero Uuckib Espadas. Antes de la votación anticipó: “Si nos va bien, saldremos con una tercera parte de vacantes”.
Ante estas expresiones, la consejera presidenta Guadalupe Taddei —quien, junto con tres consejeros más, asumió el cargo hace dos años y medio— rechazó que la falta de nombramientos sea señal de crisis, división o mala conducción del INE. Afirmó que se trata de una decisión responsable para no realizar designaciones apresuradas y respetar los criterios de evaluación establecidos. “Las diferencias de opinión sobre un perfil no representan una crisis, son parte de la vitalidad de la democracia”, sostuvo. Como ejemplo, recordó que recientemente todas las consejerías actuaron unidas para rechazar el procedimiento administrativo iniciado por el Órgano Interno de Control contra tres consejeros y tres exconsejeros por hechos ocurridos en 2021. Taddei recalcó que el INE no construirá “consensos artificiales” como, dijo, ocurrió en otros momentos.
“El proceso para integrar los OPLE no debe responder a intereses distintos a los de la ciudadanía y a los valores de la materia electoral. No es aceptable”, subrayó. Añadió que no se nombrará a nadie solo por cubrir espacios, particularmente en vísperas del
proceso electoral de 2027 que exigirá altos perfiles. Pidió respetar el voto de cada consejero y afirmó: “No podemos ni debemos ceder a intereses personales o de grupos.
No llenar un espacio hoy no es un fracaso, es garantizar que no sacrificaremos calidad por prisa”. Las vacantes corresponden a 40 consejerías y cuatro presidencias de los OPLE de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
El consejero Martín Faz lamentó que esta es la ocasión con mayor número de posiciones desiertas en los procesos de designación (desde 2014, el INE ha realizado 526 nombramientos). Consideró preocupante que, de las 44 vacantes, queden sin cubrir entre 15 y 16 —cerca de un tercio— y que en más de una decena de los 17 OPLE no se logrará completar la integración de sus consejos. Aseguró que el problema no es la falta de perfiles idóneos, sino las dificultades de colegialidad dentro del Consejo General. Señaló que faltó una deliberación ordenada y suficiente: “No tuvimos un mecanismo de discusión amplio que permitiera contrastar trayectorias, evaluar observaciones de imparcialidad, analizar riesgos locales y equilibrar criterios como independencia frente a gobiernos estatales, trayectoria ciudadana y gobernabilidad interna de cada organismo”. Esto, apuntó, debido a “la forma atropellada y continuamente interrumpida” de los espacios destinados para la discusión.
