Lo sucedido el pasado martes con la presidenta Claudia Sheinbaum no es un hecho aislado; es parte de una realidad que padecemos diariamente las mujeres en las calles, las oficinas, las escuelas, el transporte y hasta en nuestros hogares.
Un hombre en estado de ebriedad se aproximó mientras ella daba un recorrido cerca de Palacio Nacional y la agredió sexualmente. A la vista de todos, en medio del tumulto y ante los ojos del país.
De acuerdo con el Código Penal Federal, desde 1931 se sancionan los actos sexuales sin consentimiento como delito. La violencia sexual no es ambigüedad: es un crimen que nuestro país reconoce legalmente desde hace casi un siglo; sin embargo, el sistema ha encubierto, justificado y minimizado las agresiones sexuales, especialmente cuando las víctimas somos las mujeres.
Lo que sucedió no fue un incidente, no fue una falta de respeto ni una imprudencia: fue violencia sexual, y detrás de ello hay un responsable: el agresor.
Generación tras generación, a las mujeres se nos ha impuesto hacernos responsables de nuestra propia seguridad. Se nos dice cómo vestir, cómo movernos, cómo hablar, qué evitar; tenemos que modificar nuestra conducta para no “dar pie” a que nos ataquen. Para no “provocar”.
Si a la mujer más poderosa del país la pueden tocar sin su consentimiento ante las cámaras, ¿qué mensaje reciben las niñas y mujeres que no cuentan con escoltas ni reflectores para defenderlas?
Es una violencia sistemática que el Estado debe castigar con todo el rigor de la ley.
La presidenta fue, además, revictimizada tras exhibir la situación incómoda que vivió. La violencia que sufrió no terminó con la detención del agresor; continúa con los medios, que en ocasiones reproducen discursos que normalizan o justifican la violencia de género.
El momento histórico del país, con una mujer como presidenta y la apertura de oportunidades para todas las mujeres que ello conlleva, debe abrir el debate desde el Ejecutivo y el Legislativo para prevenir, frenar y castigar cualquier tipo de agresión por motivos de género.
Es también un recordatorio para todas las mujeres de que la lucha persiste y es necesario exigir los espacios que por tanto tiempo nos han sido restringidos.
Más allá de las posturas ideológicas o partidistas, la lucha por nuestros derechos debe continuar. La paridad política, más que una meta de equidad, debe orientar una mayoría que permita consolidar nuestros derechos y aterrizar la lucha feminista a la realidad.
En México, la violencia sexual golpea especialmente a las mujeres: en 2024 se registraron 4,160 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres y, por cada agresión contra un hombre, hubo ocho contra una mujer. Sin embargo, las cifras reales son mucho mayores, ya que solo el 9.6% de los delitos se denuncia y la gran mayoría ni siquiera avanza a investigación, lo que evidencia una grave brecha de justicia para las víctimas.
Lo sucedido con la presidenta Claudia Sheinbaum es un problema que nos afecta a todas y, a la par de las exigencias por el problema de inseguridad, el clamor también debe ser para frenar la violencia hacia las mujeres.
El país no puede recuperar la paz si las mujeres son violentadas y asesinadas diariamente.
Los espacios públicos son necesarios para replantear nuestra sociedad y hacerla más segura para todas nosotras. Solo así podremos construir una paz verdadera.
Y, sobre todo, es indispensable reducir la brecha económica que, al final de cuentas, es la que nos mantiene sometidas al patriarcado.
Por. Daniela Plata
Coordinadora de Red de Periodistas con Visión de Género Victoria
dplataf4@gmail.com
