El tema del embarazo infantil es uno de los más sensibles en el rubro de infancias; es hablar de una de las violencias más graves, persistentes y silenciosas que atravesamos como sociedad.
La discusión no se trata únicamente de niñas que se convierten en madres; indudablemente, se trata de niñas cuyos derechos fueron vulnerados antes siquiera de tener la posibilidad de comprenderlos.
Realidades, no opiniones: un embarazo en una menor de 15 años no es una elección: es, casi siempre, consecuencia de abuso sexual, coerción, ausencia de protección institucional y desigualdades profundas que limitan la capacidad de las niñas para decidir sobre su cuerpo y su futuro.
Por ello, el embarazo infantil no puede, ni debe interpretarse como un tema de responsabilidad personal, ni como un asunto privado de cada familia y hay que decirlo con todas sus letras: es un problema de derechos humanos, de salud pública y de justicia social.
En Tamaulipas, las cifras en la materia se han mantenido de manera constante. Esto es un reflejo de las fallas en materia preventiva: falta de educación sexual integral, ausencia de mecanismos de protección en comunidades vulnerables, poca vigilancia en entornos familiares donde ocurre la mayoría de los abusos y una débil articulación entre escuelas, servicios de salud y autoridades.
Dicho de una manera muy clara: el embarazo infantil en Tamaulipas es, en sí mismo, una evidencia de que el Estado llegó tarde.
Apenas la semana pasada, en Ciudad Victoria trascendió en diversos medios de comunicación que una menor de 12 años había dado a luz en el Hospital General; situación que además de generar preocupación, debería extenderse al plano de la acción por parte de las autoridades estatales, incluido el Congreso del Estado.
En materia de embarazo infantil, el papel del poder legislativo local es crucial.
Lamentablemente, nuestros legisladores no han entendido (o no han querido entender) que su labor es trascendental para prevenir y erradicar el embarazo infantil en nuestro Estado.
Justo el 22 de octubre pasado, se emitió el Punto de Acuerdo 66 – 237, derivado de una iniciativa presentada por el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez de Morena, mediante el cual se “solicita” a la Secretaría de Salud del Estado información estadística sobre los casos de menores de 15 años que han dado a luz durante los últimos 5 años en nuestro Estado…
La primera y más importante pregunta obligada es: ¡¿PARA QUÉ?!; ¿acaso el Congreso del Estado puede hacer algo de utilidad con esa información? Luego, ¿sabrá el diputado promovente el carácter de la información que solicitó? Y, por último, ¿sabrá quien promovió esta iniciativa, como usar la Plataforma Nacional de Transparencia?
Seamos claros: no basta con campañas, buenas intenciones y “respetuosas solicitudes” a la Secretaría de Salud: es preciso un marco normativo claro, obligatorio y, desde luego, con presupuesto de respaldo.
Hay cuestiones más puntuales que atender legislativamente en materia de embarazo infantil; la ley debe establecer protocolos inmediatos de atención médica, psicológica y legal; garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva adecuados para menores; asegurar la permanencia educativa sin estigmas; y definir responsabilidades puntuales entre instituciones, con mecanismos de seguimiento y evaluación.
Legislar no es únicamente sancionar o prohibir. Significa transformar verdaderamente; significa reconocer que una niña embarazada no es un caso aislado, sino la clara muestra de una cadena de omisiones que involucra al Estado, la comunidad y las familias.
Por tanto, atender el embarazo infantil desde la perspectiva legislativa es afirmar, con claridad, que la infancia se respeta y que ningún proyecto de sociedad puede considerarse justo si permite que las niñas sean madres antes de ser sujetas plenas de derechos.
En fin, diputadas y diputados tamaulipecos: los seguimos esperando con los temas verdaderamente importantes…
Por. Alejandro Sánchez Nieto
