Texas puso hoy en marcha la SB8, una ley que obliga a utilizar baños y vestidores en edificios públicos según el sexo asignado al nacer, una medida que coloca al estado a la cabeza del movimiento antitrans en Estados Unidos, pero también abre un amplio debate sobre cómo se hará cumplir.
La norma impacta escuelas públicas, universidades, oficinas gubernamentales, refugios y prisiones, y deja fuera a comercios y establecimientos privados. A partir de este jueves, toda institución estatal deberá garantizar que los espacios de uso múltiple se utilicen únicamente según la categoría masculina o femenina registrada al nacer, aunque podrán ofrecer baños individuales como alternativa.
El alcance de la ley es amplio, pero su aplicación entra rodeada de incertidumbres. La SB8 establece que las instituciones deben tomar “todas las medidas razonables” para impedir el uso “incorrecto” de los baños, sin aclarar qué acciones contempla. No define si puede solicitarse identificación, si habrá inspecciones o si la supervisión dependerá de personal interno.
Esa ambigüedad ha generado preocupación entre universidades, distritos escolares y organizaciones civiles, que advierten sobre riesgos de acoso, vigilancia y discriminación contra personas trans, intersexuales y no binarias. La ley no sanciona directamente a quienes ingresen a un baño distinto al asignado, sino a las entidades públicas que no apliquen la regla, con multas que van de 25 mil a 125 mil dólares.
Activistas y expertos señalan que la medida podría limitar la participación de personas trans en espacios públicos y agravar problemas de salud mental, al obligarlas a usar instalaciones donde pueden sentirse inseguras. Grupos conservadores, en contraste, celebran la entrada en vigor de la ley como un triunfo de lo que llaman “protección de la privacidad y seguridad”.
Por ahora, instituciones educativas y oficinas públicas trabajan a contrarreloj para ajustar protocolos internos, mientras abogados y organizaciones de derechos civiles evalúan posibles litigios. El gran interrogante permanece: cómo se hará cumplir una ley que permite sancionar sin explicar el mecanismo para aplicarla.
La SB8 vuelve a colocar a Texas en el centro de un debate nacional que crece, se polariza y promete nuevos capítulos legales y políticos en los próximos meses.
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