CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Finanzas publicó los lineamientos para la recepción, concentración, registro y seguimiento de los recursos públicos que los órganos autónomos hayan invertido en la Bolsa de Valores.
En entrevista, el Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, se refrió al Decreto número 66-565, sobre la prohibición para los órganos autónomos de realizar inversiones en títulos, valores o acciones de bolsa cuya valuación o rendimiento dependa de condiciones de mercado, lo que aseguró no vulnera la autonomía de los entes.
“La Constitución política está por encima de cualquier ley, no hay una violación a mi parecer, no solo de la Universidad, sino de los poderes autónomos que son seis, los que contempla el estado de Tamaulipas”.
Entre los entes a los que se refiere el Decreto, se encuentran el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT), la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Ramírez González apuntó que el Decreto contempla únicamente, el tema de la inversión de títulos de crédito en algún tipo de bolsa, y que estos generen opacidad por ser una mala inversión.
“Lo que se está solicitando a través de este decreto, es únicamente que sea más transparente el uso de estos recursos; al día de hoy no existía un órgano colegiado que estuviera vigilando y transparentando estos recursos”, aclaró.
De acuerdo con el Decreto aprobado y que entró en vigor el 22 de noviembre pasado, se estableció un plazo de 45 días naturales, mismos que concluyen el 5 de enero de 2026.
Los lineamientos publicados el 17 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado (POE), señalan que el reintegro incluirá monto principal, rendimientos generados, intereses, plusvalías o minusvalías realizadas, y cualquier accesorio financiero liquidable al momento del retiro, conforme al contrato respectivo.
Además, si un contrato concluyó o venció en fecha previa o posterior a la expedición de los Lineamientos, el sujeto obligado deberá reintegrar el monto liquidado y rendimientos a más tardar el 5 de enero de 2026, adjuntando constancia de vencimiento y liquidación.
“Únicamente lo que se está diciendo a todos organismos y poderes autónomos, es que regresan ese ese tipo de inversiones, si es que la tuvieran verdad al gobierno central para que así de esa manera se transparenten y no haya opacidad”, insistió el titular de Finanzas.
Ramírez González apuntó que el mismo Gobierno del Estado, conforme a la Ley de disciplina financiera, cumple con las disposiciones para transparentar los recursos públicos.
“Venimos cumpliendo con todas esas exposiciones, subirlos a las cuentas públicas trimestralmente, tener la autorización de la Secretaría hacienda a través de la UCEF, la Unidad de Coordinación con Entidades Operativas, también tenemos un comité que nos rige la deuda pública del Estado”.
Sobre lo que ocurrirá con los recursos que se reintegren, explicó que por instrucciones del Gobernador, se estaría conformando un fideicomiso en el que tengan asiento todas las partes involucradas.
“Se conformaría un fideicomiso en el que formaran todas y todos parte, para que en un sentir de transparencia, se pondrían tomar las decisiones de qué mejor convengan para este tipo de recursos, y no invertir títulos de crédito que representan un riesgo, que tengan valoración en los mercados”.
El encargado de las finanzas en el estado, explicó que los mercados están sujetos a fluctuaciones, por lo que todo tipo de instrumentos bursátiles representan un riesgo y en ocasiones, al tratarse de dinero público, puede representar un quebranto a las finanzas públicas.
Explicó que como antes del 2017 no existía la Ley de disciplina financiera e incluso la Ley del gasto público o de armonización contable, anteriores administraciones tuvieron la facilidad de colocar recursos públicos en la Bolsa u otros bancos, que incluso tuvieron pérdidas.
Señaló que este tipo de prácticas podrían haberse dado desde el 2006, sin embargo y con la actualización de los marcos legislativos, los recursos públicos tienen ahora una tendencia a la transparencia, “esto es el espíritu del Decreto que emitió el Poder Legislativo del estado de Tamaulipas”.
El caso más reciente de inversiones de recursos públicos con pérdidas ocurrió en la pasada administración cuando de autorizó la inversión de más de 200 millones de pesos en el banco Accendo quebrado poco después.
El 15 de junio de 2021, la entonces Secretaria de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna, firmó un contrato con Accendo, banco que desde el año previo ya presentaba problemas y que quebró en septiembre, apenas tres meses después de la frma del contrato.
El gobierno del Estado debía mil 449 millones 916,179.31 pesos a Banamex y con el acuerdo, al hacer pagos mensuales, Accendo, dependiendo de la tasa de interés, pagó a Banamex.
De acuerdo con información difundida por Accendo, el gobierno de Tamaulipas tenía en dos cuentas, 205 millones 414,533 pesos, de los que ya no pudo disponer a partir de octubre de 2021.
En este asunto, a la fecha se espera la recuperación de ese recurso invertido, mediante procedimientos legales, sin que se tenga la certeza de que el mismo podrá reintegrarse al erario estatal.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
