CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas dio entrada este jueves a una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo para reformar la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), y modificar el esquema de aportaciones, requisitos y beneficios del sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.
Con estos ajustes se busca prolongar la viabilidad financiera del instituto, que con el esquema actual solo estaría garantizada hasta el 2031.
El dictamen fue turnado para su análisis y se prevé que sea discutido y votado este mismo día en una sesión extraordinaria del Pleno, a la que previamente fue convocado el Congreso local.
La iniciativa, de acuerdo con el Gobierno del Estado, está sustentada en estudios actuariales que advierten sobre la inviabilidad del sistema actual en el mediano plazo, de mantenerse las condiciones vigentes.
Según el documento, se garantiza que los ajustes no afecten los derechos adquiridos de los trabajadores en activo.
La propuesta modifica los requisitos y porcentajes aplicables para acceder a las distintas modalidades de pensión, particularmente para las nuevas generaciones.
Para la pensión por jubilación y por edad y tiempo de servicio, se establece una edad mínima de 65 años, conservando la antigüedad actualmente requerida, con un beneficio del 90 por ciento del salario regulador.
En la pensión por retiro por edad avanzada y tiempo de servicios, se fija igualmente la edad de 65 años, con un mínimo de 15 años de antigüedad, y un beneficio que oscilará entre el 45 y el 90 por ciento del salario regulador, dependiendo de los años de cotización.
La pensión anticipada otorgaría un beneficio de entre 36 y 45 por ciento del salario regulador, también en función del tiempo cotizado. Para los casos de invalidez y fallecimiento por causas ajenas al trabajo, el beneficio se establece en un rango de 45 a 90 por ciento, mientras que en las pensiones derivadas de riesgos de trabajo el monto sería del 90 por ciento del salario regulador.
El dictamen contempla un incremento gradual tanto en las cuotas a cargo de los trabajadores como en las aportaciones de las entidades patronales destinadas al fondo de pensiones.
Para los trabajadores en activo, la cuota aplicable a las prestaciones integradas al salario de cotización iniciará en 2 por ciento y se incrementará de manera anual en 2 por ciento durante los primeros cuatro años. Posteriormente, el aumento será de 0.50 por ciento anual hasta alcanzar un tope de 10.50 por ciento.
En el caso de las entidades patronales, la aportación iniciará en 3 por ciento, con incrementos anuales de 3 por ciento hasta llegar al 27 por ciento de dichas prestaciones, además de un 27 por ciento adicional sobre el aguinaldo.
Para las nuevas generaciones de trabajadores, es decir, quienes ingresen al servicio público una vez que entre en vigor la reforma, la cuota se fija directamente en 10.50 por ciento del salario de cotización, mientras que las entidades patronales aportarán el 27 por ciento del salario de cotización y un 27 por ciento adicional sobre el aguinaldo.
Otro de los ejes centrales de la reforma es la modificación al salario de cotización. La propuesta establece que, además del sueldo base, se integren al salario de cotización diversas prestaciones que actualmente no forman parte de la base contributiva, entre ellas la despensa o adquisición de víveres básicos, el quinquenio y la compensación o gratificación.
Asimismo, se propone que las entidades patronales realicen aportaciones también sobre el aguinaldo que reciben los trabajadores afiliados al Instituto, concepto que actualmente se paga a pensionados sin que exista una aportación específica para su financiamiento.
Incremento gradual de cuotas y aportaciones
Cambios en el salario regulador
Otro ajuste relevante es la modificación al número de años que se promedian para determinar el salario regulador, base para el cálculo de las pensiones.
Para las nuevas generaciones de trabajadores, se propone que el salario regulador se calcule con el promedio de los últimos diez años de salario, actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
En el caso de los trabajadores que ya se encuentran en activo al momento de la entrada en vigor de la reforma, se mantendrán las reglas actuales: promedio de los últimos cuatro años para quienes ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2014, y de los últimos cinco años para quienes ingresaron a partir del 1 de enero de 2015.
La propuesta incluye la integración gradual de prestaciones como despensa, quinquenio y compensación o gratificación al salario regulador, tanto para trabajadores actuales como para nuevas generaciones, con el fin de que estas percepciones sean consideradas en el cálculo de las pensiones.
Justificación financiera y actuarial
El dictamen señala que el principal motivo de la reforma es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y asegurar el pago oportuno y continuo de las pensiones actuales y futuras.
De acuerdo con un estudio actuarial citado en el documento, si no se realizan modificaciones al marco vigente, las reservas del sistema de pensiones y prestaciones contingentes se agotarían en el año 2031, lo que colocaría al IPSSET en una situación de inviabilidad financiera.
Entre los factores identificados se encuentran el incremento en la esperanza de vida, que prolonga el periodo de pago de pensiones; la disminución de la tasa de natalidad, que reduce el número de aportantes; y la insuficiencia de las aportaciones actuales.
El dictamen también expone que el sueldo considerado para otorgar una pensión se limita hoy al sueldo base, lo que provoca una reducción significativa del ingreso de los trabajadores al momento de retirarse y genera retrasos en el trámite de jubilación. Asimismo, se advierte que el Instituto paga conceptos como aguinaldo, canasta básica y becas a pensionados sin recibir aportaciones para financiarlos.
Finalmente, se argumenta que la falta de reformas durante largos periodos, el aumento del salario mínimo —que incide en el tope máximo de las pensiones— y la obligación constitucional del Gobierno estatal de garantizar el derecho a la seguridad social hacen necesaria una actualización del marco legal, a fin de proteger tanto los derechos de los trabajadores como la estabilidad de las finanzas públicas estatales.
Por Staff
Expreso-La Razón
