TAMAULIPAS, MÉXICO.- El delito de extorsión se convirtió en una de las prioridades para el Gobierno Federal en este 2025, con la aprobación de una ley que establece penas de hasta 42 años de cárcel a quien cometa ese delito, del que se busca incluso sea perseguido de oficio, sin necesidad de una denuncia previa.
El llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a los gobernadores recientemente fue a reforzar la lucha contra esta actividad que en los últimos años ha crecido de manera exponencial, mientras otros delitos de alto impacto se encaminan en franco descenso.
Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que reunió a los 32 mandatarios estatales, se dio a conocer que el delito de extorsión ha aumentado en un 23.1 por ciento entre 2019 y 2025.
Ante este escenario, en julio se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, logrando, según los datos del Gobierno, una reducción del 20 por ciento en las denuncias.
En Tamaulipas los datos del Observatorio Nacional Ciudadano al corte del mes de mayo, indicaron que Tamaulipas reportó 2.82 víctimas por cada 100,000 habitantes en el periodo de enero a septiembre.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, dan cuenta que al corte del mes de noviembre, se abrieron 110 carpetas de investigación por este delito.
Los meses donde se recibieron más denuncias por extorsión fueron mayo y septiembre con 16 carpetas de investigación en cada mes, seguidos de febrero, marzo y abril con 14 denuncias en cada mes, junio con 11 denuncias, enero con nueve, mientras que julio y agosto reportaron cinco denuncias en cada mes, octubre cuatro denuncias y noviembre apenas dos carpetas de investigación abiertas por ese delito.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, reconoció que existe una cifra negra, por lo que destacó la importancia de trabajar en coordinación con los organismos camarales.
“Es un área de oportunidad, es importante abrir los espacios, atenderlos, y diligenciar todo el trabajo constante, en coordinación con los empresarios”, exhortando a realizar las denuncias, “es importante la denuncia, invitar a la sociedad a que denuncia al 089 o directamente a la Fiscalía General de Justicia, para atender este gran problema”.
De acuerdo con la ENVIPE 2024, la extorsión presenta una cifra negra del 96.7%, lo que refleja la falta de denuncias y la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Durante la reunión con gobernadores, la Presidenta informó que desde la implementación en la estrategia nacional contra la extorsión, se han logrado prevenir más de 77,000 extorsiones mediante la denuncia al 089.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión está sustentada en cinco ejes, creación de unidades antiextorsión locales, detenciones mediante investigación e inteligencia, capacitación de operadores de la línea 089 en manejo de crisis, aplicación de protocolos de atención a víctimas y campañas nacionales de prevención.
La Secretaría de Seguridad Pública Protección Ciudadana ha capacitado a 873 operadores de la línea telefónica 089 en modalidades de extorsión, manejo de crisis y negociación, algunos de ellos son tamaulipecos.
La Ley Nacional aprobada en julio, se homologó en Tamaulipas el 10 de diciembre pasado, endureciendo las acciones encaminadas al combate de la extorsión en el estado, facilitando la denuncia ciudadana.
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, incluye 43 artículos y diversos transitorios que definen el tipo penal de extorsión, sus sanciones y agravantes, adaptado a las nuevas formas de comisión delictiva, incluyendo el uso de tecnologías, dispositivos electrónicos y plataformas digitales.
Se busca fortalecer la capacidad de investigación, contemplando unidades especializadas dentro de la Fiscalía de Justicia del Estado, actos de investigación con control judicial y procedimientos para la atención de víctimas.
Contempla medidas de protección y prevención, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad para evitar la revictimización.
la creación del Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, para facilitar la recepción, atención y seguimiento de reportes ciudadanos.
Además de lineamientos de coordinación interinstitucional, que permiten acciones conjuntas entre autoridades locales, municipales y federales, respetando los límites constitucionales.
Tecnologías para inhibir comunicaciones ilícitas desde centros penitenciarios, ordenando a los centros de reclusión implementar mecanismos para impedir llamadas o transmisiones desde su interior, y la reparación integral del daño, privilegiando el uso de recursos derivados de decomisos o extinción de dominio.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene a más tardar el mes de junio del 2026 para habilitar el Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión y a la Fiscalía de Justicia la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión.
El objetivo del Centro es implementar mecanismos y procedimientos para la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias, así como fortalecer la vinculación con la ciudadanía para orientar e informar sobre acciones de prevención.
Desde allí se fomentará la participación ciudadana, además de proponer políticas de prevención, coordinarse con instituciones de seguridad pública, privilegiar el uso de medios tecnológicos y aplicar protocolos de atención con perspectiva de género.
En cuanto a las medidas de castigo para ese delito se establece que serán más severas cuando la víctima se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, sea migrante sin importar su condición migratoria, sea menor de 18 años, embarazadas o mayores de 60 años, aumentando la pena de cinco a 12 años de prisión.
Cuando el delito de extorsión se cometa con violencia, sea física o moral para exigir pagos derivados de hechos de tránsito provocados de manera intencional (montachoques).
O bien, cuando se simulen accidentes o daños a la propiedad con el fin de obtener un beneficio económico, se establece que la pena de prisión será de siete a 17 años de prisión.
Recientemente se informó sobre la desarticulación de una célula criminal de 12 sujetos que extorsionaba a jóvenes y adultos mayores de Matamoros desde el interior del penal de Reynosa.
La investigación identificó que se utilizaban alrededor de 80 números telefónicos de diversas compañías y más de 70 cuentas bancarias donde se concentraban los depósitos exigidos a las víctimas.
También el 11 de noviembre, se informó que en el penal de Altamira se llevó a cabo el retiro de antenas, además del bloqueo de antenas en el penal de Matamoros, como parte de las acciones para frenar este delito.
Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
