TAMAULIPAS, MÉXICO.- En Tamaulipas, los presidentes municipales funcionan como un eje real de la política regional, no por su peso constitucional sino porque su acción define en buena medida el ánimo del votante: administran presupuesto, territorio y estructura, y en esta etapa, el trienio 2024–2027, exhiben con claridad sus claroscuros, entre gestión limitada, opacidad funcional y uso político del cargo.
La reelección, diseñada para fortalecer la rendición de cuentas, ha derivado en varios municipios en un mecanismo de continuidad sin evaluación pública, con Cabildos que acompañan sin contrapeso y estructuras administrativas que responden más a lealtades que a procesos institucionales cerrando el paso a la alternancia real.
El último proceso electoral favoreció claramente a Morena y sus aliados, por lo que quienes hoy detentan el poder en la mayoría de los ayuntamientos, representan políticamente a la Cuarta Transformación.
Son el primer contacto de la población con ese movimiento.
En la elección del 2024 -la mejor en términos de resultados en la historia de Morena- el partido guinda ganó 17 ayuntamientos, el Verde cinco y el Partido del Trabajo otros cinco, aunque en los hechos, todos los candidatos provenían de las filas morenistas.
Para la oposición quedaron 14 municipios bajo control del PAN, dos para el PRI y uno de Movimiento Ciudadano.
Los más importantes en términos de población y presupuesto son dominados por Morena.
En el contexto político actual, el ayuntamiento dejó de ser una oficina de servicios para convertirse en plataforma de proyección, el alcalde gobierna con un ojo en la gestión y otro en la siguiente candidatura, propia o familiar, y el presupuesto se administra con lógica política, priorizando visibilidad sobre impacto medible.
Esta tendencia explica el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum, y su partido, hayan iniciado un proceso para prohibir la reelección y el nepotismo electoral, lo que ha generado claras resistencias de diferentes grupos internos. Tamaulipas tiene sus particularidades regionales. En Nuevo Laredo, la continuidad familiar ha sido un rasgo persistente durante años, con alternancias partidistas que no modifican el núcleo del poder local, la frontera amplifica esta dinámica porque concentra comercio, aduanas y obra pública, haciendo del municipio un centro estratégico más allá de su dimensión administrativa.
La toma de decisiones en Nuevo Laredo se ha caracterizado por centralización, control del Cabildo y manejo discrecional de la información pública, no como anomalía legal sino como práctica política normalizada, donde el acceso a datos, contratos y prioridades depende del círculo gobernante.
El caso Reynosa amerita una lectura mas acuciosa: el volumen presupuestal y poblacional eleva el valor político del municipio, la alcaldía opera como reducto de un clan familiar que se ha obsesionado en expandir sus dominios y dispone a sus anchas de un activo estratégico que permite posicionamiento estatal y nacional, y su gestión se entrelaza con disputas partidistas, observaciones financieras y narrativas de legitimidad que intenta construir desde el cargo.
Cuando el actual edil termine su periodo, su familia habrá alcanzado casi 12 años en el poder.
Esta ciudad fronteriza es un caso típico que ilustra otro fenómeno verificable, la movilidad partidista de cuadros que llegaron al poder bajo la marca del Partido Acción Nacional, sin ruborizarse utilizaron la marca de Morena y ahora buscan cobijo en el Partido Verde o en Movimiento Ciudadano, no por ruptura ideológica sino por cálculo de supervivencia política y control territorial y presupuestal.
Este patrón se replica en municipios medianos donde el partido funciona como vehículo electoral, no como estructura de control, el ayuntamiento se vuelve propiedad política temporal y el cambio de siglas no altera la red de intereses que rodea a la administración local.
En El Mante, la política municipal se mueve bajo condiciones más restrictivas, la presencia histórica de violencia regional y control territorial limita el activismo partidista, las campañas se desarrollan con bajo perfil y los gobiernos optan por someterse y administrar sin confrontar, reduciendo su margen de acción.
El resultado en este municipio de la región cañera es visible: en el espacio urbano, pocas y malas obras, mantenimiento irregular y decisiones administrativas fuera de toda planeación, el ayuntamiento gobierna con descuido y cautela porque el entorno está fuera de su control y sus finanzas están en manos de intereses que no son los mismos de la comunidad.
En San Fernando, la memoria de episodios de violencia extrema sigue influyendo en la vida pública, la política local no se disputa en igualdad de condiciones y las candidaturas suelen surgir de acuerdos que buscan no alterar equilibrios frágiles, limitando la competencia y la participación ciudadana.
En esta comunidad que ha vivido los peores episodios de la inseguridad se refleja cómo el miedo, aun sin expresarse abiertamente, ordena la política, la baja participación y el activismo reducido no son desinterés social, son adaptación a un entorno donde el costo de confrontar sigue siendo alto.
Otro caso dramático: la región Ribereña, municipios pequeños pero estratégicos enfrentan una complejidad mayor, baja población combinada con alto valor territorial y presencia de grupos armados con capacidad operativa, lo que convierte a los ayuntamientos en eslabones vulnerables del aparato estatal.
En estos municipios ribereños, la política opera en modo defensivo, campañas discretas, gobiernos silenciosos y Cabildos sin debate público, los partidos ajustan candidaturas para no desestabilizar el territorio, aun cuando eso implique sacrificar perfiles técnicos o ciudadanos.
Casos como Miguel Alemán y Camargo muestran cómo el control territorial incide en la vida institucional, los ayuntamientos priorizan la gobernabilidad mínima sobre el desarrollo, y la administración se limita a gestionar inercias.
En municipios más pequeños del centro y norte del estado, como Güémez o Mainero, las redes de poder son menos visibles pero igual de cerradas, familias, proveedores y liderazgos locales se alternan cargos sin competencia real.
En estas localidades, el presupuesto es menor pero el control es mayor, el ayuntamiento se convierte en la principal fuente de empleo y contratos, lo que reduce la crítica pública y fortalece la continuidad de grupos específicos durante varios trienios.
Los municipios colindantes con el sur de Nuevo León -Hidalgo, Villagran, Mainero, San Carlos- son ejemplo del control que ejerce un grupo desde hace varias décadas y las decisiones políticas y administrativas nada tienen que ver con las figuras que representan el presidente municipal y los cabildos, simples figuras decorativas.
El conflicto interno de Morena atraviesa todo el mapa municipal, el partido gobierna la mayoría de los ayuntamientos pero no siempre controla sus decisiones, alcaldes y grupos locales operan con autonomía, utilizando la marca mientras les resulta funcional.
La disciplina partidista se debilita como consecuencia de un poder local que se siente autosuficiente, el presupuesto municipal permite construir estructura propia y la lealtad se negocia con vistas a la siguiente elección, no al proyecto estatal o nacional.
A este escenario se suma el predominio de mujeres en la agenda pública municipal, un hecho verificable en cargos ejecutivos y legislativos, que convive con una conversación política marcada por descalificación de género y violencia política como método de desgaste.
La misoginia en la esfera pública no siempre es explícita, opera mediante cuestionamientos diferenciados, campañas de descrédito y obstáculos administrativos, afectando el ejercicio del poder y limitando la toma de decisiones en gobiernos encabezados por mujeres.
Para el gobierno estatal, 2026 representa un punto de inflexión, donde se tendrá que refrendar liderazgo, ordenar su base municipal y evitar que los ayuntamientos se conviertan en feudos autónomos, la estabilidad política depende de recuperar control institucional sin romper equilibrios regionales.
El desafío incluye contener a grupos heredados del pasado reciente, redes asociadas al uso ilegal de recursos y estructuras políticas infladas por el manejo presupuestal, factores que siguen presentes en la vida pública del estado.
La familia Cabeza de Vaca continúa siendo un referente en la disputa política, no como gobierno en funciones sino como actor que mantiene influencia, litigio y narrativa, obligando al poder estatal a administrar un conflicto no resuelto.
Uno de los personajes de esta época, Cesar El Truko Verástegui, recorre los 43 municipios en busca de proyectar su figura para competir en la sucesión del 2028 pero en sus acciones políticas involucra a los catorce municipios, casi todos rurales, que están en manos de políticos panistas.
El problema de fondo no son las redes de poder, sino su captura prolongada del municipio, que han convertido a los ayuntamientos en un patrimonio
político donde prevalece la opacidad y la rendición de cuentas se diluye mientras se dejan en el abandono los servicios públicos y se genera un gran deterioro en l infraestructura urbana.
Tamaulipas muestra así un mosaico complejo en sus 43 municipios, donde el tamaño no determina la intensidad del problema, grandes y pequeños comparten prácticas de concentración, opacidad y control territorial adaptadas a su escala. Rumbo al 2027, el debate municipal no pasa por nombres o partidos, pasa por la capacidad del Estado para reconstruir al ayuntamiento como espacio público, con competencia real, información accesible y decisiones sujetas a escrutinio.
Mientras tanto persiste el riesgo de que los municipios sigan siendo plataformas de poder antes que gobiernos de territorio, administraciones que resuelven el día a día pero no el futuro, y una política local condicionada por redes que trascienden siglas y periodos.
POR. STAFF
EXPRESO-LA RAZÓN
