En Tamaulipas, los llamados “anexos” (centros donde personas con adicciones son internadas para recibir tratamiento) se han multiplicado en los últimos años; muchos de ellos, al margen de la regulación sanitaria.
Aun y cuando responden a una necesidad social legítima, verdad es que su funcionamiento, en muchas ocasiones, plantea graves problemas jurídicos y de derechos humanos, convirtiéndose esto en la otra realidad de las adicciones que pocas veces nos atrevemos a ver.
Tal vez el más recurrente de los problemas es la informalidad, ya que muchos de estos espacios operan sin registro ni licencia sanitaria, lo que los coloca fuera del alcance de las autoridades de la materia; también,tenemos la falta de personal profesional; en la mayoría de los casos no hay médicos ni psicólogos a cargo, sino responsables, en su mayoría improvisados.
Pero lo más alarmante son las recurrentes violacionesa derechos fundamentales; prácticas como el internamiento forzado, la incomunicación o incluso el maltrato físico han sido documentadas por medios de comunicación y organismos defensores de derechos humanos.
El plano legislativo no escapa de su deber en el tema de adicciones. Es urgente crear un marco jurídico específico para los centros residenciales de tratamiento de adicciones, armonizado con la NOM-028-SSA2-2009 y con los estándares de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.
Aquí es donde se necesitan propuestas verdaderamente útiles, no solamente “armonizaciones” donde únicamente se cambien puntos por comas, los nombres de las dependencias y se hagan “respetuosas solicitudes”.
Resulta necesaria una reforma integral a la Ley de Salud local, donde se contemple, entre otras cosas, la creación de un Registro Estatal Único de estos centros, que sea obligatorio y público; la fijación de requisitos mínimos de operación: infraestructura adecuada, personal acreditado y protocolos clínicos basados en evidencia y la regulación expresa de la internación involuntaria, entre otras cosas.
Hablar de la regulación de los anexos o centros de rehabilitación no es un asunto menor ni periférico: es hablar de derechos humanos, de salud pública y de la responsabilidad indeclinable del Estado.
Durante años, estos espacios han operado en una zona gris, muchas veces impulsados por la buena voluntad de particulares o asociaciones civiles o religiosas, pero también, en muchos casos, bajo esquemas de abandono institucional que han derivado en violaciones graves a la dignidad de las personas internadas.
Las adicciones son un problema de salud, no un delito ni una falla moral. Desde esa premisa, cualquier modelo de atención debe partir del respeto irrestricto a los derechos humanos: trato digno, consentimiento informado, prohibición absoluta de castigos, trabajos forzados o tratos crueles, y acceso a servicios médicos y psicológicos adecuados.
Hay que decirlo como es: desde la perspectiva legislativa, mirar hacia otro lado equivale a tolerar abusos. El Congreso Tamaulipeco tiene la obligación de reformar el marco jurídico estatal para garantizar que la norma se cumpla en los hechos y no solo en el papel.
Nuestras diputadas y diputados deben perder el miedo a legislar; y, en este particular caso, deben entender que regular no significa criminalizar a quienes buscan ayudar, sino poner límites claros para proteger a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Actualmente, existe una gran deuda legislativa en el tema de adicciones; históricamente nuestros diputados locales se han limitado a hacer cambios menores en la norma, que realmente no impactan en realidad, dejando de lado que deben establecer mecanismos de control que verdaderamente funcionen y no solo “hagan como que funcionan”.
Esperemos que pronto, algún integrante de la presente legislatura se atreva a entrarle al tema de adicciones realmente, dejando a un lado los “mejoralitos” y buscando ayudar a todas aquellas familias que, ante la necesidad, tienen que recurrir a lo que tienen en frente.
Por. Josué Sánchez Nieto
