CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La carretera Rumbo Nuevo, una de las principales arterias que comunican a la capital del estado con el altiplano tamaulipeco, vuelve a colocarse en el centro de una controversia administrativa y ambiental, a partir de reportes ciudadanos sobre presunta actividad en una planta oficialmente clausurada desde 2023.
En el kilómetro 10 de esta vía se localiza la planta de la empresa Fragmentación y Trituraciones CIGOVI, S.A. de C.V., cuya operación fue suspendida por autoridades estatales debido a incumplimientos en materia de impacto ambiental. No obstante, en semanas recientes, automovilistas y residentes de la zona han reportado el retiro de sellos y el movimiento de maquinaria pesada, lo que ha generado dudas sobre una posible reactivación no confirmada
Clausura vigente y antecedentes legales
De acuerdo con información pública, en julio de 2023 la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas colocó sellos de clausura en la planta tras detectar omisiones graves, principalmente la ausencia de sistemas de control para mitigar emisiones de polvo que afectaban la visibilidad y seguridad vial en la Rumbo Nuevo.
Posteriormente, en noviembre del mismo año, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, luego de documentar la presunta violación de los sellos de clausura, lo que agravó la situación jurídica de la empresa.
Hasta el momento, no existe constancia pública ni decreto administrativo que acredite el levantamiento de dicha sanción.
Impacto en la obra pública
El conflicto ha trascendido el ámbito ambiental. A finales de 2025, autoridades estatales reconocieron que la falta de bancos de materiales activos en la zona ha influido en los tiempos de ejecución de la modernización de la carretera Rumbo Nuevo, obra concesionada a la empresa Pinfra y que contempla la instalación de casetas de peaje.
El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que, aunque la conclusión general estaba prevista para diciembre de 2025, trabajos específicos —particularmente en infraestructura complementaria— podrían extenderse hasta el primer trimestre de marzo de 2026.
¿Reapertura encubierta o diligencias judiciales?
Ante los reportes de actividad en la planta, fuentes consultadas dentro de la PAUT, que solicitaron no ser citadas, señalaron que los movimientos podrían corresponder a mandatos judiciales para el retiro de unidades y maquinaria que permanecían en el sitio desde el aseguramiento del predio, sin que ello implique una reanudación formal de operaciones.
Sin embargo, la ausencia de información oficial sobre el pago de multas, la reparación del daño ambiental y el cumplimiento de compromisos en materia de control de emisiones —alineados a la Agenda 2030— mantiene la incertidumbre entre transportistas, vecinos y el sector de la construcción.
Presión económica y límite legal
Empresarios del ramo constructor en Ciudad Victoria han insistido en la necesidad de reactivar bancos de materiales ante la elevada demanda de obra pública, especialmente hacia el cierre del ejercicio fiscal. No obstante, autoridades ambientales han reiterado que cualquier reapertura está condicionada al cumplimiento estricto de la legislación vigente, sin excepciones.
Mientras no exista un acto administrativo que levante la clausura, la planta CIGOVI continúa legalmente impedida para operar, y cualquier actividad distinta a diligencias autorizadas podría configurar nuevas responsabilidades.
Por. Staff
