En México el cierre de cada ciclo político suele venir acompañado de la idea de cambio, se anuncian rupturas, se prometen nuevas prácticas y se presume el abandono de viejas inercias, sin embargo la experiencia muestra que muchas transformaciones se quedan en la superficie, mientras los mecanismos reales del poder apenas se ajustan.
Más que una sustitución de modelos, lo que ocurrió fue una modificación en las formas, se relajaron los protocolos, se aceleraron los tiempos y se alteró el lenguaje público, pero el fondo continuó operando bajo lógicas conocidas, discrecionalidad, opacidad y concentración de decisiones, ahora envueltas en un discurso distinto.
En ese tránsito los partidos dejaron de ser espacios de formación política y debate programático, se convirtieron en herramientas electorales de corto plazo, útiles para competir, ganar o negociar posiciones, pero cada vez menos capaces de sostener proyectos consistentes o visiones de largo alcance.
Ese proceso no se dio de manera uniforme en todo el país, en entidades como Tamaulipas adquirió rasgos propios, condicionados por su historia política, su estructura económica y un entorno de seguridad que limita, distorsiona y redefine el ejercicio del poder público.
En Tamaulipas el cambio político prometido nunca fue una ruptura real, cambiaron las siglas, se relajaron las formas y se abandonaron los rituales del pasado, pero el fondo permaneció intacto y en muchos casos se degradó aún más, la política dejó de operar bajo reglas tácitas para moverse en una zona gris donde la opacidad se volvió costumbre y la responsabilidad se diluyó.
La izquierda histórica nunca logró aquí una base social amplia, operó en márgenes reducidos, limitada por una sociedad conservadora y por una élite económica formada en torno a la tierra, al comercio urbano y a la renta petrolera, esa debilidad estructural impidió la construcción de una cultura política alternativa sólida.
El vacío fue ocupado durante décadas por el populismo priista, que administró poder y pobreza sin alterar las estructuras de fondo, programas sociales, control corporativo y lealtades condicionadas sustituyeron a la política pública, un modelo que dejó escuela, operadores y una lógica de gobierno que sobrevivió al cambio de partido.
Posteriormente el panismo no representó una corrección de rumbo, en distintos momentos convirtió el discurso de eficiencia y orden en una coartada para prácticas patrimoniales del poder, endeudamiento opaco, concentración de decisiones y debilitamiento de contrapesos institucionales formaron parte de ese ciclo cuyos efectos aún persisten.
El arribo de Morena no desmanteló esas inercias, por el contrario las absorbió, bajo el discurso de regeneración se consolidó una clase política pragmática para la cual los principios funcionan como narrativa y no como límite, la consigna de no mentir, no robar y no traicionar se volvió un recurso retórico y no un marco de conducta verificable.
La frontera de Tamaulipas expone con crudeza esta realidad, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo muestran administraciones municipales rebasadas por la complejidad del entorno, sin control pleno del territorio, con gobiernos atrapados entre la violencia persistente, la presión de actores externos y una institucionalidad debilitada.
En esos municipios el poder formal administra crisis más que gobierna, la toma de decisiones se vuelve reactiva, los márgenes de maniobra se reducen y la rendición de cuentas se posterga indefinidamente, el resultado es un ciclo de simulación institucional donde la autoridad existe en el papel pero no en los hechos.
El fenómeno no se limita a la frontera, en el norte y en el centro del estado existen municipios donde el gobierno local opera como una estructura administrativa mínima, con cabildos sin autonomía real y cuerpos de seguridad sin capacidad efectiva, ahí la política se reduce a la gestión de recursos y al mantenimiento de equilibrios precarios.
En ese contexto aparecen trayectorias políticas que no resisten un análisis profundo, no por señalamientos penales directos sino por la ausencia sistemática de resultados, la opacidad en el ejercicio del gasto, la repetición de prácticas clientelares y la incapacidad para explicar decisiones públicas relevantes.
El problema de fondo no es la corrupción entendida solo como delito, sino la normalización de un modelo donde el poder se ejerce sin controles efectivos, nepotismo, discrecionalidad, contratos opacos y falta de fiscalización se vuelven prácticas toleradas mientras no generen costos políticos inmediatos.
En muchos casos los gobiernos locales actúan como administradores de intereses que no se originan en la voluntad ciudadana, el cargo importa menos que la red que lo sostiene, la política deja de ser un espacio de deliberación pública y se convierte en un mecanismo de control territorial y presupuestal.
Este deterioro no ocurrió de manera espontánea, es el resultado de décadas de descomposición institucional, de una izquierda sin base social, de un priismo que administró sin transformar y de un panismo que prometió orden sin construir controles, Morena heredó ese sistema y hasta ahora no ha demostrado capacidad para corregirlo.
Se rompieron las formas, pero el fondo no cambió, y en algunos casos se agravó. Sin contrapesos efectivos, sin fiscalización real y sin una exigencia social sostenida, el poder seguirá operando con las mismas lógicas, solo con discursos distintos. El problema no es de lenguaje ni de siglas, es estructural, y sigue intacto.
Por. Pedro Alfonso García
