TAMAULIPAS, MÉXICO.- La transición del aparato burocrático mexicano hacia un modelo digital es una disputa entre un Estado diseñado para el papel y una economía que ya opera en tiempo real.
En México más del 60 por ciento de los trámites públicos aún requieren presencia física total o parcial, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que se traduce en costos de tiempo, traslados y productividad perdida.
Este rezago administrativo se advierte en los estados, donde la digitalización avanza de manera desigual, en Tamaulipas la modernización convive con inercias locales, plataformas nuevas operan sobre estructuras viejas y el ciudadano sigue funcionando como mensajero entre oficinas que no se hablan entre sí. El gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha planteado la digitalización como parte de un rediseño institucional, ventanilla única, identidad digital y simplificación de procesos, pero su aterrizaje depende de la capacidad de estados y municipios para alinear sistemas, personal y decisiones políticas.
En Tamaulipas, el gobierno de Américo Villarreal Anaya ha impulsado una agenda de modernización administrativa con avances puntuales, uno de los casos más visibles es la digitalización del Registro Civil, donde actas de nacimiento, matrimonio y defunción pueden obtenerse en línea, reduciendo intermediación y tiempos, un cambio relevante en una entidad con alta movilidad poblacional.
Este avance ha tenido impacto directo en trámites escolares, laborales y de seguridad social, sin embargo funcionarios del propio sistema reconocen que la interoperabilidad con dependencias municipales y federales sigue siendo parcial, lo que obliga a validar documentos ya digitales mediante procesos presenciales.
Otro caso concreto es la modernización catastral impulsada desde la Secretaría de Finanzas estatal, con la actualización digital de padrones y procesos de valuación, el objetivo es mejorar la recaudación del impuesto predial sin aumentar tasas, una recomendación reiterada por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente en entidades con rezagos históricos en ingresos propios.
En municipios como Reynosa, Matamoros y Altamira, el desfase entre catastros municipales y plataformas estatales ha generado duplicidades, predios con registros distintos y trámites que obligan al contribuyente a acudir físicamente para aclaraciones que podrían resolverse de manera digital si existiera interoperabilidad real.
En materia vehicular, Tamaulipas avanzó en pagos en línea para derechos, control vehicular y refrendos, pero el proceso sigue fragmentado, la captura digital convive con validaciones presenciales, revisión manual de documentos y filas que evidencian que la digitalización no ha ido acompañada de una depuración completa del proceso.
Un caso ilustrativo es el de las licencias de funcionamiento municipal, donde el contribuyente puede iniciar el trámite en línea, pero debe acudir a Protección Civil, Desarrollo Urbano y Tesorería para validar requisitos, cada uno con sistemas propios, lo que reproduce el circuito burocrático bajo una fachada digital.
En compras públicas, el gobierno estatal ha migrado procesos a plataformas electrónicas para licitaciones y seguimiento contractual, la intención es reducir discrecionalidad y aumentar trazabilidad, sin embargo análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad señalan que sin datos abiertos estandarizados y criterios homologados, la transparencia sigue dependiendo de la voluntad administrativa.
Otro ejemplo es el sector salud, donde la digitalización de expedientes clínicos avanza de manera fragmentada, hospitales estatales operan con sistemas distintos que no siempre se comunican entre sí, lo que complica referencias, seguimiento de pacientes y control administrativo, especialmente en regiones alejadas de los centros urbanos.
En el ámbito judicial, la digitalización de expedientes y notificaciones electrónicas ha avanzado en tribunales estatales, pero abogados y usuarios señalan que la coexistencia de sistemas digitales y físicos genera incertidumbre procesal, documentos que existen en línea pero deben ratificarse en papel y plazos que no siempre se homologan.
El principal cuello de botella sigue estando en los municipios pequeños, donde la falta de infraestructura tecnológica y personal capacitado limita cualquier esfuerzo de modernización, diagnósticos del INEGI muestran que una parte significativa de los ayuntamientos tamaulipecos aún depende de procesos manuales para trámites básicos.
La digitalización también toca el tema laboral, la OCDE estima que entre 30 y 40 por ciento de las tareas administrativas rutinarias son automatizables, en Tamaulipas la estrategia ha sido avanzar sin confrontación, apoyarse en jubilaciones, retiros y reasignación de funciones, pero sin abrir aún un debate público sobre el tamaño real del aparato administrativo.
La resistencia no es tecnológica, es política y cultural, digitalizar elimina la ventanilla como espacio de control informal, reduce la intermediación y expone ineficiencias que durante años se normalizaron bajo el argumento del trámite obligatorio.
La economía digital no espera, mientras empresas y ciudadanos operan en tiempo real, el Estado tamaulipeco sigue midiendo en días y semanas, esa brecha se traduce en desconfianza, costos y oportunidades perdidas, el dilema ya no es si Tamaulipas debe digitalizarse, sino si podrá hacerlo sin que la estructura burocrática acabe neutralizando el cambio.
La economía digital no va a detenerse para que el Estado se ponga al día, los flujos de dinero, trabajo y consumo ya operan en tiempo real, mientras la burocracia sigue midiendo eficiencia en procedimientos y no en resultados, ese desfase no es técnico; es político.
Cada trámite lento empuja a la informalidad, cada sistema que falla debilita la confianza institucional y cada día perdido confirma que el costo de cumplir sigue siendo más alto que el de esquivar.
El verdadero riesgo no es que el mercado avance sin reglas, sino que el Estado pierda capacidad para ordenar la realidad que ya existe. Cuando la legalidad se vuelve lenta, deja de ser garantía y se convierte en obstáculo.
La economía digital no sustituye al Estado, pero sí lo exhibe, en la era del algoritmo, gobernar no es digitalizar formularios; es reducir fricciones, reconocer el valor del tiempo ciudadano y entender que modernizar sin reformar solo administra el rezago.
El aprendizaje es claro: si la burocracia no acelera, no frena al mercado; frena a la gente.
POR. NORA M. GARCÍA
EXPRESO-LA RAZÓN
