El caso de Nicolás Maduro vuelve al centro del discurso estadounidense con una narrativa ya conocida, corrupción, vínculos con el narcotráfico, abuso del poder y responsabilidad penal, cargos graves que no son nuevos ni menores, y que en muchos casos están documentados por agencias y tribunales internacionales.
Pero una cosa es señalar a un gobernante corrupto y presuntamente asociado a redes criminales, y otra muy distinta es convertir ese señalamiento en justificación automática para pisotear la soberanía de un país, porque el combate al narcotráfico no puede transformarse en patente de intervención selectiva.
El mensaje se desliza rápido, lo de Venezuela sirve como advertencia, cuidado Colombia, cuidado México, cuidado cualquiera que no se alinee del todo, una lógica que mezcla justicia penal con presión geopolítica y deja zonas grises difíciles de ignorar.
Ahí es donde conviene ampliar la mirada, porque el narcotráfico no es solo un problema de gobiernos corruptos o territorios fallidos, es una economía que se sostiene, sobre todo, en el mercado final, y ese mercado no está en Caracas ni en la selva, está dentro de Estados Unidos.
Los datos son elocuentes, decenas de millones de personas consumen drogas ilegales cada año y cerca de cincuenta millones presentan algún trastorno por uso de sustancias, cifras oficiales que describen un mercado masivo, constante y altamente rentable, no un fenómeno marginal importado.
Incluso con la reciente reducción en muertes por sobredosis, el número sigue siendo de decenas de miles anuales, una magnitud que no se explica sin una red interna sólida, capaz de distribuir droga todos los días, fijar precios y garantizar disponibilidad en ciudades grandes y pequeñas.
Ese entramado existe y funciona con eficiencia empresarial, adapta presentaciones, introduce pastillas falsas y maximiza dependencia, en especial con opioides sintéticos como el fentanilo, pero esa eficiencia no se refleja en grandes procesos judiciales ni en escándalos internos de alto nivel.
Cuando la mirada se dirige hacia dentro, el lenguaje cambia, ya no se habla de crimen organizado, sino de crisis de salud pública, una categoría necesaria, pero también funcional, porque diluye la discusión sobre quién controla la venta final y quién se queda con la mayor parte del dinero.
En América Latina hay nombres, listas, organigramas de las organizaciones criminales y juicios públicos, en Estados Unidos predominan expedientes fragmentados, arrestos de bajo perfil y sentencias que castigan al último eslabón, una justicia muy activa hacia abajo y llamativamente prudente conforme se acerca a las ganancias.
El dinero no desaparece, la venta final genera miles de millones de dólares que no regresan al sur ni se evaporan en el consumo, se integran a la economía formal mediante bienes raíces, comercios y servicios legales, pero esa ruta rara vez se sigue con el mismo celo punitivo.
Ahí está la contradicción central, se condena con dureza al gobernante ajeno, incluso cuando el señalamiento es legítimo, pero se evita revisar a fondo el mercado interno que hace viable el negocio, como si la corrupción y el narcotráfico solo existieran del otro lado de la frontera.
Combatir a Maduro no limpia automáticamente el sistema propio, ni convierte al mercado interno en una víctima pasiva, la lucha contra las drogas pierde legitimidad cuando el castigo parece tener geografía y la soberanía ajena se vuelve un argumento flexible.
Antes de insistir en la paja en el ojo ajeno, haría falta explicar la viga propia, quién controla la venta final, quién lava el dinero y por qué el mayor mercado de drogas del mundo sigue operando sin responsables visibles ni escándalos proporcionales a su tamaño.
Por. Pedro Alfonso García Hernández
