El año 2026 inicia con un suceso histórico que ya podría considerarse como un parteaguas de este siglo en el tablero geopolítico de Estados Unidos con Latinoamérica, porque rompe con una agenda de estrategia regional considerada como superada y por mantener como as bajo la manga un principio que parecía extinto y volvió más fuerte que nunca.
En la última etapa de la Guerra Fría, la de mayor fricción con el bloque socialista, la intervención estadounidense en la política interna latinoamericana evolucionó de acciones directas, como las realizadas en Cuba y Nicaragua, a hacerlo de manera puntual y estratégica desde las cúpulas del poder de gobiernos y regímenes, a manera de presión en la comunidad internacional o mediante sanciones, presiones económicas o por la misma manipulación del mercado.
Estados Unidos fue objeto de severas críticas por su influencia en la llegada de dictaduras durante los años setenta y ochenta en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, pero no por realizar acciones directas y/o deliberadas en ese lapso, entre la implementación del macartismo y, póstumamente, el del expresidente Jimmy Carter.
Que sería, al final, el que se mantuvo durante tres décadas, además de consolidar el papel rector de la ONU, y finalmente abandonado tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en el World Trade Center de Nueva York.
Fue también un momento de fomento a la inmigración masiva, principalmente de mexicanos, que reconfiguraría la composición de su población y, ante el aumento de la predominancia hispana, despertaría las medidas reaccionarias del presente.
Estados Unidos consolidó, pero a la vez frenó, su área de influencia para realizarla específicamente en el aspecto económico, como sucedió en los años de esplendor del modelo neoliberal.
La última intervención estadounidense directa en un país latinoamericano se dio en 1989, en Panamá, con la caída de Noriega y su arresto. Más allá del trasfondo político y los señalamientos sobre su relación con el narcotráfico, el objetivo final era mantener su influencia sobre el Canal de Panamá. Contrario a lo sucedido con Noriega, el avance del chavismo en Venezuela se dio de manera paralela a la intromisión de Estados Unidos en Medio Oriente.
Tras los atentados terroristas de las Torres Gemelas, el gobierno de George Bush inició campañas bélicas en Medio Oriente, principalmente en Afganistán, en contra del régimen talibán, y en Irak, para derrocar al presidente Saddam Hussein.
Durante los años de guerra en Medio Oriente, la política exterior con los países latinoamericanos se mantuvo flexible.
El chavismo fue señalado, reprobado y el país pronto pasó a la “lista negra” del Eje del Mal, que tomó mayor relevancia tras el 11/S, pero las presiones de la comunidad internacional y la misma fortaleza que entregaron inicialmente a la ONU para presionar a los países comunistas del pasado, al final terminaron en su contra.
Con el avance del chavismo llegaron otros gobiernos de izquierda, como el de Lula en Brasil, el de Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y los Kirchner en Argentina.
La agenda estadounidense, sumergida en Medio Oriente, pasó por alto el rápido y repentino avance de Rusia como heredera de la extinta Unión Soviética y de China, que se consideraba —y aún se sostiene— como comunista, pero implementando un sistema capitalista que detonó una industrialización sin precedentes en su historia y en la de cualquier país del mundo.
México, su vecino y “patio trasero”, era gobernado por la derecha mexicana, primero con el PAN y luego con el regreso del PRI “reinventado”. La mayor problemática
que enfrentaba el país era el ascenso de los cárteles de la droga como poderes de facto en numerosas regiones, lo que provocó, por la misma deliberación del gobierno y una intervención indirecta estadounidense con la introducción de armamento, la guerra en contra del narcotráfico.
Colombia se encontraba en la era del uribismo y posuribismo, entre el combate férreo contra la delincuencia y la erradicación de la guerrilla, con consecuencias, al igual que en México, catastróficas en materia de derechos humanos.
Pero después del periodo de conflictos civiles en Centroamérica, fomentados por Estados Unidos, salvo el caso de Noriega, no existía un afán directo de las autoridades estadounidenses por influir e intervenir en los países por la fuerza, y las autoridades optaron por el ejercicio bilateral y los instrumentos dominados ya mencionados.
Durante veintiocho años —los ocho de Bill Clinton, los ocho de George W. Bush, los ocho de Barack Obama y la primera gestión de Donald Trump— la idea de una intervención militar estadounidense directa para influir en la soberanía y determinación de un país parecía hasta entonces lejana.
En la era de Bush fue cuando se registró la mayor actividad en Medio Oriente, que continuó y después culminó Barack Obama, y Trump, en su primera gestión, mantuvo una negativa a tomar acciones militares de impacto internacional, aun en los momentos de tensión de Rusia con Ucrania y la misma OTAN.
Pero el cambio de estrategia en la nueva era de Trump corresponde a un principio estadounidense utilizado tanto por republicanos como por demócratas para “garantizar” la libertad y la paz universal por mandato divino: el Destino Manifiesto.
Un principio de política exterior que además justificaba el expansionismo inicial del país hasta lograr la composición total de su territorio en cuanto a influencia anglosajona se refiere y la extensión de su área de influencia en otras partes del mundo, generalmente de manera indirecta, pero siempre deliberada.
Y es el principio básico para justificar ante la opinión pública un exceso en el uso de la fuerza, como sucedió en el caso de Venezuela.
En décadas de dictadura castrista en Cuba, pareciera inimaginable que Estados Unidos tomara cartas en el asunto ante la presión de la comunidad internacional.
Pero es quizá la determinación de Trump por restar fuerza a la ONU una de las principales causas que propiciaron la estrategia de cambiar las reglas del libreto y la omisión de cualquier señalamiento de la comunidad internacional.
En medio de la crisis interna por las filtraciones de los cables de WikiLeaks sobre las relaciones de contubernio de las autoridades estadounidenses con “dictaduras enemigas”, y la Primavera Árabe como consecuencia, el Destino Manifiesto apareció de la nada, incluso en un gobierno tan flexible como el de Obama.
La aplastante caída de Muamar el Gadafi, con los bombardeos de la OTAN y Estados Unidos, solo podría explicarse por la aplicación del Destino Manifiesto como principal argumento.
Y el caos póstumo que dejó en cada país que terminó con los regímenes autoritarios, después secuestrados por grupos fundamentalistas.
Y fue una de las principales causas por las que Trump inicialmente arremetió y debilitó el discurso de “esperanza” demócrata.
Donald Trump, pese a las evidencias que existían sobre la intromisión rusa y su estrategia geopolítica y militar en Europa, mantuvo la idea de no tomar acciones militares en otras partes del mundo y enfocar sus acciones de gobierno para rescatar el “Sueño Americano”.
Pero su poca atención a la magnitud de la pandemia de Covid-19 y las consecuencias de mortalidad, que convirtieron al país en su epicentro, debilitaron poco a poco su discurso, mientras una industria armamentista que por años ha generado riqueza en el país necesitaba lubricación.
La determinación de Joe Biden por fomentar el liderazgo regional estadounidense y defender la hegemonía de su influencia le dio cercanía, y fueron parte de sus impulsores para derrotar a Trump, a pesar de su fortaleza política.
La derrota, lejos de replegarlo, y pese a las persecuciones políticas y legales, le dieron más fuerza que nunca, principalmente por la base social que lo respalda: un sector productivo estadounidense que añora el esplendor del neoconservadurismo reaganiano y que prácticamente es el que mantiene en el país una inestabilidad política sin precedentes.
Y le agregó sal y pimienta a su discurso de sanciones comerciales a quien no se someta a la voluntad estadounidense, con el uso de la fuerza como superpotencia militar.
Las presiones ya no se reducen a un “porque yo quiero” y evolucionaron a un “porque yo te lo ordeno”.
Y es, al final, parte de la narrativa de la ultraderecha populista, defensora de un orden prácticamente en extinción, más por las crisis y cambios de modelos económicos que no volverán, pero a los que se aferran a defender.
Y en el caso del Destino Manifiesto es una línea argumentativa de gran impacto en la opinión pública y coincidente con los valores fundacionales de su razón de ser como país.
Lo realizado en Venezuela es una advertencia para todos los países de la región que no cumplan con lo estipulado, además de anticipar la imposición de figuras políticas a modo y de gran cercanía con Trump.
Y una acción que, entre sus votantes y base política, es una muestra de los esfuerzos realizados por su gobierno para recuperar el orden y liderazgo perdido.
Y aunque una medida como la realizada en Venezuela pareciera inimaginable en otras partes del mundo, como quisieran hacerlo en Rusia y China, les muestra a ambos países que, al menos en su continente y áreas de influencia, no habrá espacio para que aumenten su presencia, como lo ha intentado China en la última década.
El discurso del combate a la delincuencia, tal como lo pregonaron las derechas de México y Colombia, sirve como una herramienta de desprestigio y puede provocar inestabilidad política e institucional.
Parte de la narrativa de los actuales gobiernos progresistas en ambos países se basa en fomentar la amnistía y no utilizar la delincuencia organizada —o, en el caso mexicano actual, el huachicoleo— como una herramienta de persecución política.
Además de la supervivencia de una élite económica que los respaldó, vista principalmente en México y radicalizada por la falta de una oposición competitiva y de impacto entre el electorado.
La apuesta, al igual que ha sucedido en otras fases de la historia mexicana, como en la Revolución Mexicana y la etapa cardenista, es mantener una relación directa y de cobijo, de lobby, con las autoridades estadounidenses.
La nueva estrategia de Trump puede ser vista como un nuevo modelo de política exterior que toma dos de los principales aspectos de impacto directo por parte de Estados Unidos.
El económico, con sanciones y amenazas de bloqueos, al ser aún el país más rico del mundo y el mayor socio comercial junto a China; y el uso de la fuerza como condicionante para la estabilidad de cualquier país y sus gobiernos, de no someterse a la voluntad estadounidense.
Y es la destrucción de un orden mundial establecido por ellos mismos, con la ONU como principal rector del orden internacional, ahora arrebatado por la determinación de Trump de hacer valer la voluntad de un país que no claudicará, incluso a sus propias reglas, salvo las de origen.
Como lo son, además de sus enmiendas constitucionales, el Destino Manifiesto.
Es una nueva era en materia de política exterior por su naturaleza de hibridación en las formas, con medidas excesivamente pragmáticas.
Y es también la reiteración de su liderazgo a nivel mundial, de su poderío militar y, sobre todo, la facilidad de un presidente estadounidense para cambiar la historia de un país y de toda una región con una simple llamada.
Y demostrarles a los países que intentan competirle el liderazgo que lo aplicado en Venezuela no solo lo pueden replicar en Latinoamérica, su vecindario.
Es una medida que pueden implementar en cualquier país del mundo, ya sea por el acceso a sus recursos naturales, por influir en las rutas comerciales o en las cadenas de producción.
Que Estados Unidos es aún el rector del planeta y que difícilmente le podrán competir, a no ser con el uso de la fuerza.
Y en la narrativa de la derecha populista, por lo visto en sus modelos en prácticamente todos los países que tienen a uno de sus personajes, pareciera predominar el mismo principio.
La fuerza y el poder son de quien tenga, al final, el ejército más poderoso.
Y en ese aspecto, ningún país, aun con arsenales nucleares innumerables, puede aún superarlo.
Por. Pedro Alfonso García Rodríguez
