CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La muerte de un capibara en el Zoológico de Tamatán, apenas horas después de su llegada, vuelve a poner sobre la mesa de la conversación pública si los zoológicos públicos y privados están preparados para cumplir con la custodia real de la vida animal.
La versión oficial habla de estrés por adaptación, una condición reconocida por la medicina veterinaria, pero que no es una explicación suficiente cuando se presenta en un recinto con antecedentes documentados de mortalidad concentrada y sin información técnica verificable que respalde los protocolos aplicados.
Entre octubre de 2022 y febrero de 2023, 28 animales murieron dentro de Tamatán, datos obtenidos vía transparencia y confirmados por medios regionales y nacionales, las causas reportadas incluyen infecciones, fallas orgánicas y agresiones entre ejemplares, un patrón que en términos técnicos enciende alertas.
En bienestar animal, las muertes acumuladas en periodos cortos no se analizan como hechos aislados, son indicadores de riesgo sistémico, utilizados por asociaciones veterinarias para detectar fallas de manejo, ambiente, bioseguridad o prevención, más allá del diagnóstico inmediato de cada caso.
El fallecimiento de el capibara, ocurrido en diciembre de 2025, fue atribuido al estrés post-traslado, pero la literatura científica es clara, los lineamientos de la World Association of Zoos and Aquariums describen este estrés como un riesgo previsible y multicausal, asociado al transporte, la manipulación humana, el ruido, los cambios de dieta, la exposición temprana al público y la ausencia de cuarentenas estrictas.
No es mala suerte ni un evento fortuito, es un riesgo conocido que se mitiga con protocolos claros, cuarentenas reales sin exhibición, monitoreo clínico permanente y registros técnicos auditables, no con comunicados posteriores que llegan cuando el daño ya está hecho.
Guías internacionales señalan que aplicar cuarentenas adecuadas reduce entre 40 y 60 por ciento las complicaciones clínicas en animales recién ingresados, y cuando una muerte ocurre dentro de las primeras 48 horas, el estándar técnico obliga a revisar transporte, condiciones ambientales, bitácoras veterinarias y a realizar necropsias completas con medidas correctivas documentadas.
La historia del propio Tamatán ayuda a entender su fragilidad, no nació como zoológico moderno, registros oficiales del Gobierno de Tamaulipas indican que fue concebido como parque recreativo y que transitó a zoológico tras remodelaciones entre 2001 y 2003, una evolución común en recintos estatales que nunca terminaron de consolidarse como instituciones técnicas plenamente auditables.
Este mismo patrón se repite en el país, diagnósticos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han documentado irregularidades recurrentes en zoológicos públicos, en 2016 la autoridad ambiental emplazó a 58 recintos y aseguró 133 ejemplares por incumplimientos a la normatividad de trato digno y planes de manejo.
La ley no es ambigua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Ley General de Vida Silvestre, obliga a garantizar trato digno, supervisión sanitaria, cuarentenas, monitoreo veterinario y condiciones adecuadas de exhibición, con normas técnicas que fijan estándares mínimos claros.
El capibara, más un escándalo pasajero, es un termómetro que mide la distancia entre lo que la ley promete y lo que el sistema realmente cumple, mientras esa brecha no se cierre con datos, evidencia y transparencia operativa, cada nuevo ingreso será expectativa y cada muerte volverá a abrir la misma pregunta, quién responde, cómo se prueba y qué cambia, de forma verificable, después de cada caso.
Por. Staff
Expreso-La Razón
