El ejercicio del Gabinete de Seguridad encabezado por Américo Villarreal envió una señal política clara: apertura, transparencia y disposición plena a someter los resultados al escrutinio ciudadano y mediático.
Fiscalía, Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo expusieron, junto al gobernador, una radiografía puntual del estado que guardan los indicadores delictivos, con cifras verificables y un enfoque comparativo.
El mensaje central fue directo: la estrategia de seguridad tiene resultados medibles, particularmente en delitos de alto impacto, donde las tendencias muestran descensos sostenidos entre 2023 y 2025.
Desde ese marco, la narrativa oficial dejó de lado la retórica para colocar sobre la mesa números duros, datos oficiales y evaluaciones nacionales que respaldan el discurso gubernamental.
El dato más contundente fue la reducción del 57 por ciento en homicidios dolosos entre 2023 y el cierre de 2025, una cifra que marca un quiebre respecto al pasado inmediato.
Aún más revelador resulta el comparativo de largo plazo: entre 2018 y 2025, el promedio diario de homicidios dolosos cayó 80 por ciento, pasando de tres casos diarios a 0.61.
Otros delitos también muestran descensos relevantes: el secuestro disminuyó 58 por ciento; el robo a casa habitación, 14; el robo a negocio, 27; y el robo de vehículos, 25 por ciento.
Incluso la violencia familiar, uno de los delitos más complejos de medir, registró una baja del cuatro por ciento, reflejando avances, aunque también áreas donde persisten retos estructurales.
El gobernador fue enfático al señalar que 98 indicadores del Secretariado Ejecutivo Nacional muestran mejoras, especialmente en delitos de alto impacto y en el desempeño comparativo nacional.
Desde la Fiscalía, Jesús Eduardo Govea detalló 5,376 aseguramientos en tres años, incluyendo narcóticos, armas, dinero y vehículos, además de 2,048 detenciones vinculadas a la estrategia.
Solo en 2025, los decomisos incluyeron 153 kilos de cocaína, más de tres toneladas de marihuana y 1.3 toneladas de metanfetaminas, cifras que dimensionan la presión operativa.
Seguridad Pública destacó el fortalecimiento logístico de la Guardia Estatal, mientras el Secretariado Ejecutivo subrayó el 98.4 por ciento de elementos con CUP y la constancia del gobernador en la Mesa de Paz.
Al exterior de estos datos duros, aún existen eventos, pero a diferencia del pasado, el Estado no se ve involucrado y por el contrario, los enfrenta y da la cara para enfrentar su responsabilidad, en las áreas donde la tenga. Al menos no huyen de la responsabilidad.
Unidad política frente al ruido.
La ceremonia de Honores en el Congreso no fue solo un acto cívico: simbolizó reconocimiento mutuo entre poderes y una coincidencia política poco común en tiempos de confrontación.
La presencia del gobernador en el recinto legislativo confirmó deferencia institucional, pero sobre todo validó resultados construidos desde la pluralidad parlamentaria, con impacto directo en la vida pública estatal.
El discurso del Ejecutivo destacó madurez política, compromiso con el pueblo y una renovación ética inspirada en el humanismo mexicano, valores que hoy definen la narrativa oficial.
Ese reconocimiento incluyó mediciones nacionales que colocan al Congreso entre los mejor evaluados del país, un dato político que fortalece la legitimidad del liderazgo legislativo actual.
Entre los logros citados sobresalen la nueva Guardia Estatal, la reforma judicial con participación ciudadana y un andamiaje legal enfocado en víctimas, género y combate a impunidad.
También se subrayó la reconfiguración de la Fiscalía y la alineación a marcos federales contra la extorsión, como parte de una ruta hacia un Estado de derecho efectivo.
Estos avances, insistió el Ejecutivo, no serían posibles sin un Poder Legislativo activo, dispuesto a reformar leyes clave y actualizar normas frente a nuevas exigencias sociales.
El consenso no surgió de la inercia, sino del diálogo impulsado desde la presidencia del Congreso, donde la concertación política ha prevalecido sobre la confrontación estéril.
Ambos poderes coincidieron en condenar la descalificación sistemática y la guerra sucia, identificando intereses que buscan frenar avances mediante ruido, mentira y polarización.
El gobernador llamó a no permitir que medios y redes sean capturados por “ingenieros del caos”, dedicados a fabricar emociones negativas con información distorsionada.
Desde el Legislativo, el mensaje fue firme: críticas y ataques existen, pero no estarán por encima del compromiso con la gente ni desviarán la agenda pública.
En ese contexto, los embates contra el liderazgo parlamentario parecen confirmar su peso político: no habrá marcha atrás, ni silencio, ni intimidación frente a la transformación en curso.
