La conferencia matutina de la presidenta opera hoy como el principal aparato de propaganda del gobierno: desde ahí se insiste diariamente en que el país avanza y se refuerza su elevada popularidad personal. Es cierto que su nivel de aprobación supera el 70%. Sin embargo, esa aceptación no se traduce en una valoración positiva de los resultados del gobierno en su conjunto. Cuando se contrasta el discurso oficial con la percepción ciudadana sobre la realidad cotidiana, el desfase es evidente. A continuación, algunos de los indicadores más relevantes para la población.
En materia de seguridad pública, Marcela Figueroa, secretaria del Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública —el área encargada de las métricas—, ha afirmado que en los primeros catorce meses del nuevo Ejecutivo los asesinatos pasaron de un promedio diario de 86.9 a 54.7, es decir, 32 homicidios menos cada día. No obstante, esta reducción convive con un aumento significativo de las desapariciones, que alcanzan alrededor de 40 casos diarios. A ello se suma que el informe enviado el pasado 18 de septiembre al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas advierte que estas prácticas continúan siendo “sistemáticas y generalizadas”.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el INEGI, confirma que la percepción ciudadana sigue siendo profundamente negativa: en el tercer trimestre de 2025, el 63% de las personas mayores de 18 años manifestó sentirse insegura en su ciudad, cifra superior al 58.6% registrado a mediados de 2024 y con un temor significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres. Aunque las estadísticas oficiales reportan una caída en los homicidios, este aparente avance convive con un fenómeno más silencioso que socava la confianza en el Estado de derecho.
Por si fuera poco, el gobierno de Estados Unidos presiona a la presidenta para que desmantele la protección política de la que gozan diversos grupos delincuenciales, incluso bajo la amenaza de una intervención directa, argumentando que dichas organizaciones representan un riesgo para su seguridad nacional.
La economía, otro pilar de la vida cotidiana, muestra señales claras de estancamiento. Las proyecciones de crecimiento del PIB para 2025 son modestas y se sitúan muy por debajo de las previsiones oficiales. El empleo formal apenas creció 0.3% anual, y una parte de los nuevos registros corresponde más a la formalización de trabajadores de plataformas digitales que a una creación sostenida de empleo de calidad.
La Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor (ENCO) refuerza este diagnóstico: el indicador sobre la situación económica personal actual se ubicó en 50.4 puntos, lo que refleja que apenas la mitad de la población considera aceptable su condición económica, en un contexto marcado por la incertidumbre, la falta de ahorro y la preocupación por el rumbo del país.
En materia de salud, Worldpanel by Numerator México, en su reporte Perspectivas del consumo del segundo trimestre de 2025, señala que la mayoría de la población recurre a servicios privados ante las carencias del sistema público. Aunque una proporción relevante de los ciudadanos aún considera aceptable la atención en instituciones como el IMSS o el ISSSTE, persisten problemas estructurales de abasto, tiempos de espera y cobertura.
Mientras estos indicadores revelan rezagos profundos, la prioridad política del gobierno parece concentrarse en la reforma electoral. La propuesta incluye cambios como la reducción del financiamiento público a los partidos, la eliminación de legisladores de representación proporcional y ajustes al Instituto Nacional Electoral. Aunque aún no existe un proyecto formal, el alcance de la reforma apunta a favorecer al partido en el poder, debilitando los contrapesos y reduciendo la competencia política en un país donde Morena ya concentra una amplia cuota de poder.
La discusión ha generado tensiones incluso entre aliados del propio gobierno, lo que refleja la trascendencia del tema. No se trata únicamente de modificar reglas administrativas, sino de redefinir las condiciones de acceso y permanencia en el poder político.
Los avances parciales en algunos indicadores no son suficientes para revertir la percepción de inseguridad, la precariedad económica ni las deficiencias en los servicios básicos. Al mismo tiempo, una reforma electoral que no fortalezca la pluralidad ni los contrapesos democráticos corre el riesgo de profundizar aún más la concentración del poder.
La realidad que enfrentamos es clara: cifras que pueden mejorar de manera aislada, pero que no logran transformar la experiencia cotidiana de millones de mexicanos. Mientras no se atiendan las causas estructurales de la violencia, la desigualdad y la fragilidad institucional, los datos seguirán siendo insuficientes para mejorar de forma tangible la vida de los ciudadanos.
