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Ciudad de México, 12 de febrero de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la recuperación de mil 126 concesiones mineras que abarcan 889 mil 512 hectáreas en distintas regiones del país, de las cuales 249 mil 108 hectáreas corresponden a Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo que —afirmó— garantiza que en esos territorios no habrá explotación minera.
Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que 713 de las concesiones recuperadas se encontraban dentro de ANP, por lo que su cancelación representa una acción directa para reforzar la protección ambiental y el ordenamiento del sector extractivo. Señaló que, aunque la ley ya establecía restricciones, la eliminación de los títulos concesionados evita cualquier posibilidad de operación futura en esas zonas.
“Las reservas de minerales son de México y en todo caso su explotación le corresponde a México”, puntualizó al reiterar que los recursos estratégicos no están sujetos a negociación y que la Constitución respalda la rectoría del Estado sobre ellos.
En el anuncio participó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien explicó que uno de los objetivos prioritarios es recuperar concesiones sin actividad productiva, con adeudos en el pago de derechos o con fines meramente especulativos. Indicó que la medida busca ordenar el sector, evitar la ocupación improductiva de grandes extensiones y garantizar que quienes mantengan concesiones cumplan con la normatividad vigente.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Fernando José Aboitiz Saro, detalló que las devoluciones obedecen principalmente a la falta de pago de derechos sobre minería o a la omisión de informes estadísticos y reportes de obras obligatorios.
Los estados con mayor superficie recuperada son Sonora, Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua, que en conjunto concentran la mayor parte de las hectáreas reintegradas al control del Estado.
El Gobierno federal informó además que como parte del Plan de Recuperación de Concesiones Mineras se impulsa la devolución voluntaria de otros títulos mediante diálogo con el sector, con el objetivo de fortalecer la supervisión, asegurar el cumplimiento legal y consolidar la protección ambiental en zonas estratégicas del país.
