Por. Josué Sánchez Nieto
En la pasada Sesión Ordinaria fue aprobada (por la vía de la dispensa de turno) una iniciativa para reformar la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso Local; misma que abre un debate que va más allá de la técnica parlamentaria.
Se establecieron reglas más estrictas sobre la asistencia de las y los diputados y, de la misma manera, otras nuevas para ejercer el derecho de iniciativa. En apariencia, se trata de un esfuerzo por fortalecer la disciplina institucional; sin embargo, el análisis jurídico obliga a revisar sus alcances y sus posibles implicaciones para la vida democrática.
El derecho de iniciativa constituye uno de los pilares fundamentales de la labor legislativa. No se trata únicamente de un mecanismo procedimental, sino de una manifestación directa del mandato popular que cada diputada o diputado recibe implícitamente al ser electo.
Este derecho tiene su esencia en permitir que las diversas voces políticas puedan proponer reformas, abrir debates públicos y generar contrapesos dentro del propio Congreso; si bien es cierto que el ejercicio del derecho de iniciativa puede estar sujeto a reglas de orden procedimental, éstas deben ser razonables, proporcionales y, sobre todo, no convertirse en obstáculos que limiten su esencia.
La propuesta del diputado Eliphaleth Gómez Lozano, planteó un límite para las iniciativas que cada legislador pueda presentar por la vía de Oficialía de Partes y, además, estableciendo como “filtro de admisión” a la Mesa Directiva.
Formalmente —o mediáticamente—, esta medida busca revalorar el debate público; no obstante, también abre la discusión sobre si este tipo de condicionamientos podría convertirse en un mecanismo indirecto para limitar el trabajo legislativo de minorías parlamentarias o de quienes impulsan agendas críticas frente a la mayoría.
Por otro lado, también es preciso decirlo: esta iniciativa puso sobre la mesa otro tema de vital importancia: resulta innegable que el tema de las inasistencias de las y los legisladores debe ser abordado de manera urgente, pero con total seriedad y responsabilidad.
Sin duda alguna, las diputadas y los diputados son servidores públicos con condiciones laborales muy privilegiadas y, por consiguiente, tienen la obligación ética y constitucional de cumplir puntualmente con sus responsabilidades.
Por tanto, establecer sanciones económicas o mecanismos que garanticen la presencia efectiva en sesiones y comisiones puede representar un avance en materia de rendición de cuentas, siempre que dichas medidas se apliquen bajo criterios objetivos y sin sesgos políticos.
No obstante, la reforma también plantea sanciones que pueden llegar a la suspensión del legislador y la llamada de su suplente en casos de reincidencia. Si bien estas disposiciones buscan garantizar la continuidad del trabajo parlamentario, su diseño debe analizarse cuidadosamente para evitar que puedan ser utilizadas como instrumentos de presión política —guiño, guiño—.
Es preciso decirlo: la democracia no solo se construye a partir de mayorías, sino del respeto a las minorías y del equilibrio entre disciplina institucional y libertad política; así, cuando las reglas internas de un Congreso comienzan a incidir en la forma en que los legisladores pueden ejercer sus facultades constitucionales, surge el riesgo de que los mecanismos administrativos se transformen en herramientas de control político.
Fortalecer la transparencia y la eficiencia legislativa es una exigencia legítima de la ciudadanía. Sin embargo, cualquier reforma al funcionamiento parlamentario debe garantizar que la búsqueda de orden institucional no termine limitando la pluralidad política ni el debate democrático que da sentido a los órganos representativos.
El verdadero reto está en encontrar ese equilibrio, pues cuando las instituciones se utilizan para restringir derechos políticos bajo el argumento de mejorar la transparencia, la democracia corre el riesgo de debilitarse desde su propio interior.
