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Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 386 millones 609 mil 194 pesos en montos pendientes por aclarar derivados de irregularidades en los municipios de Tamaulipas, correspondientes a la cuenta pública 2024.
Por primera vez, el organismo fiscalizó los recursos federales utilizados por los 43 municipios del estado.
De acuerdo con los informes entregados ayer a la Cámara de Diputados, 23 ayuntamientos presentan cantidades no solventadas al cierre de los informes.
El municipio de Soto la Marina registra el mayor monto acumulado con 67 millones 407 mil 635.97 pesos, seguido por Abasolo con 54 millones 336 mil 301.34 pesos y Jaumave con 50 millones 71 mil 239.50 pesos.
En cuarto lugar se ubica Padilla con 38 millones 751 mil 758.85 pesos, y Tampico con 37 millones 39 mil 702.81 pesos.
Otros municipios con montos significativos son San Nicolás con 33 millones 799 mil 95.39 pesos y Tula con 28 millones 276 mil 209.99 pesos.
En cantidades menores se encuentran González, San Fernando, Valle Hermoso, Matamoros, El Mante, Ciudad Madero y Victoria, entre otros.
El hallazgo individual con el mayor presunto quebranto a la hacienda pública corresponde al municipio de Abasolo, donde la ASF determinó que no se proporcionaron registros contables, presupuestales ni documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas entre enero y septiembre de 2024, lo que derivó en tres pliegos de observaciones por un total de 54 millones 286 mil 200 pesos distribuidos entre participaciones federales, recursos del FAISMUN y del FORTAMUN. El ayuntamiento de ese municipio no acreditó el destino de los recursos durante ese periodo.
En Soto la Marina, la ASF encontró una situación similar respecto a la falta de estados de cuenta bancarios, pólizas contables y comprobantes fiscales digitales correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio. La administración municipal argumentó que la documentación no le fue entregada por la gestión anterior durante el proceso de entrega-recepción.
Adicionalmente se detectaron contratos de obra pública sin penas convencionales, con garantías deficientes y obras ejecutadas fuera de los plazos establecidos sin que se aplicaran sanciones a los contratistas.
En Matamoros, durante el último año de la administración de Mario López, las irregularidades suman 10 millones 133 mil 672.69 pesos, que incluyen expedientes de contratación incompletos, falta de evidencia del ingreso de bienes al almacén y, en el caso de dos contratos de pavimentación asfáltica por más de seis millones de pesos, la ausencia de documentación que acredite que las obras beneficiaron a la población objetivo del FAISMUN conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.
Entre las irregularidades más recurrentes detectadas en el conjunto de los municipios auditados destacan las adjudicaciones directas realizadas en casos donde la normativa exigía procedimientos de invitación restringida, el fraccionamiento de contratos para eludir umbrales de licitación, la ausencia de opiniones de cumplimiento fiscal vigentes del SAT o del IMSS al momento de firmar los contratos, la falta de pruebas de laboratorio en obras de construcción y la omisión de garantías o retenciones legalmente establecidas.
En materia de responsabilidades, los informes de los 43 municipios registran un total de 95 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
De ese total, 41 fueron emitidas directamente por la ASF, mientras que 54 fueron iniciadas por los propios órganos internos de control municipales durante el transcurso de las auditorías o antes de la emisión de los informes finales, por lo que la ASF las contabiliza como en proceso de atención por parte de las entidades locales.
Entre los municipios con más promociones emitidas directamente por la ASF figuran Ciudad Madero, con cuatro, y Tampico, Antiguo Morelos, Jaumave, Llera, Mainero, Matamoros y San Carlos con tres cada uno.
Ante los hallazgos, la ASF emitió pliegos de observaciones que obligan a los municipios a aclarar el destino de los recursos o a reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros generados desde el momento en que fueron ejercidos. Asimismo, promovió responsabilidades administrativas sancionatorias ante los órganos internos de control de los municipios correspondientes. Algunas contralorías municipales, como las de Burgos y Tula, ya iniciaron expedientes de investigación interna tras las reuniones de resultados preliminares con la ASF.
