Por Staff
Expreso-La Razón
La reforma propuesta por la Comisión Presidencial formada para su construcción, incluiría cambios sustanciales en la integración de los ayuntamientos del estado y en la estructura del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Un borrador de la reforma que circuló esta semana perfila una reducción significativa del número de regidores en prácticamente todos los municipios tamaulipecos, y modificaría la forma en que son electos, así como la integración del consejo general del IETAM.
De aprobarse el texto en los términos del borrador, los municipios con menos de 500 mil habitantes contarían con un máximo de diez regidores, mientras que aquellos que superen ese umbral podrían tener hasta quince. En Tamaulipas, solo Reynosa y Matamoros rebasarían ese umbral poblacional, por lo que el resto de los municipios de la entidad quedaría sujeto al límite inferior.
El contraste con la composición actual es considerable. Ciudades como Tampico, Victoria, Ciudad Madero, Altamira y Nuevo Laredo cuentan hoy con 21 regidores en total —14 electos por mayoría relativa y siete por representación proporcional—, cifra que se reduciría a diez bajo el nuevo esquema. Ciudad Mante, con 18 regidores actualmente, experimentaría una reducción similar.
La propuesta también elimina la figura de las sindicaturas múltiples: en todos los casos habría una sola sindicatura, elegida por voto directo al igual que la presidencia municipal.
Mientras que los regidores se elegirían mediante un sistema mixto: 60 por ciento por votación directa y 40 por ciento por representación proporcional.
IETAM más chico
En materia de organismos electorales, se establecería que los consejos generales de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) estarían integrados por un máximo de cinco personas, designadas por el Senado de la República mediante el voto de dos terceras partes de sus integrantes, con un período en el cargo de siete años.
Actualmente, la ley prevé que el IETAM cuente con siete consejeros, incluido el presidente del consejo.
Sin embargo, el instituto opera en este momento con solo cinco integrantes, luego de que el INE declarara desierta la convocatoria para cubrir dos plazas vacantes.
El mecanismo de designación contemplado en el borrador implicaría la participación de un comité técnico de evaluación conformado por cinco personas de reconocido prestigio, tres nombradas por el Senado y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En caso de que el Senado no alcanzara los acuerdos necesarios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizaría la designación mediante insaculación pública.
La reforma también sustraería al INE la facultad de designar y remover a los integrantes de los OPLE, así como la de atraer asuntos de su competencia o asumir sus funciones. La nueva integración de los consejos locales entraría en vigor el 1 de septiembre de 2027, dejando a la legislación local la regulación de los detalles.
El texto reserva a los OPLE la organización de los procesos electorales locales en su conjunto: capacitación, ubicación de casillas, designación de funcionarios de mesas directivas, impresión de materiales, escrutinios y cómputos. El INE conservaría, entre otras funciones, la fiscalización de los ingresos y egresos de partidos y candidaturas, así como la geografía electoral y el padrón.
Las juntas locales y distritales del INE funcionarían únicamente durante los años electorales, según el mismo borrador.
La propuesta también prevé que los magistrados de los tribunales electorales locales sean elegidos mediante voto popular, siguiendo el mismo esquema establecido para la elección del Poder Judicial federal.
Congreso, financiamiento y otras disposiciones
Más allá del ámbito local, el documento que circuló en San Lázaro plantea una reconfiguración del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados quedaría integrada por 508 legisladores: 300 electos por mayoría relativa, 200 por representación proporcional y 8 curules reservadas a la diáspora mexicana. El Senado, por su parte, se reduciría a 96 escaños mediante la eliminación de las 32 senadurías de representación proporcional.
No obstante, legisladores con conocimiento del documento advirtieron que estas cifras ya no forman parte de la discusión vigente y se consideran temas superados. La fórmula final de integración del Congreso, señalaron, será definida directamente por la Presidencia de la República.
En materia de financiamiento a partidos, el borrador propone una reducción de 25 por ciento en las aportaciones ordinarias y un cambio en la fórmula de asignación, que pasaría a depender de la votación obtenida en lugar del tamaño del padrón electoral. Para el INE, se proyecta un recorte presupuestal superior a 5 mil 800 millones de pesos en años no electorales, derivado principalmente de que las juntas distritales dejarían de operar de manera permanente.
El Consejo General del INE también sería objeto de modificaciones: el borrador plantea reducirlo de 11 a 9 integrantes. Sin embargo, un legislador cercano a la discusión reconoció que no existe aún un acuerdo definitivo al respecto, y que la intención actual es mantener el esquema vigente para la renovación de las consejerías que concluyen su periodo en el corto plazo.
El documento contempla además unificar en una misma fecha las jornadas electorales y las consultivas, reducir el umbral de participación requerido para que los resultados de una consulta popular sean vinculantes, y eliminar la restricción que actualmente impide someter temas electorales a ese mecanismo.
Las fuentes consultadas coincidieron en que el borrador refleja una hoja de ruta de las intenciones de la comisión legislativa, pero que la redacción final del texto será responsabilidad del Ejecutivo federal.
