Por Antonio H. Mandujano
Expreso-La Razón
CIUDAD. VICTORIA, TAM.- A finales de julio del 2025, cientos de familias asentadas en las márgenes del río San Marcos recibieron notificaciones de desalojo por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Organismo Cuenca Golfo Norte, como parte de un programa federal de recuperación de zonas consideradas de jurisdicción federal.
La medida encendió la preocupación entre los habitantes del sector, quienes temían perder su patrimonio tras varios años de habitar en la zona.
Las acciones formaban parte de un esquema nacional de rescate de ríos, dentro del cual Tamaulipas fue incluido para intervenir el cauce del San Marcos.
Sin embargo, tras la inconformidad social y las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado, los procedimientos fueron detenidos.
Fue el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, quien informó que se abrió un proceso de diálogo entre autoridades estatales, federales y representantes vecinales para revisar el alcance del proyecto.
En las mesas de trabajo participaron personal de CONAGUA, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y el DIF Tamaulipas, con el objetivo de encontrar una alternativa que permitiera cumplir con los lineamientos ambientales sin afectar a las familias.
Y como resultado, se acordó frenar los desalojos y cancelar los procedimientos iniciados, además de replantear cualquier intervención futura bajo criterios técnicos, legales y sociales.
“Se detuvieron los procedimientos y hay la certeza de que se llegó a un acuerdo favorable para quienes viven cerca de la zona federal”, señaló.
El funcionario estatal precisó que actualmente no existe dictamen alguno que obligue a la reubicación de viviendas, ya que no se identificaron riesgos para la integridad de los habitantes.
Pero solo en caso de detectarse un peligro real se evaluaría una eventual reubicación, escenario que, afirmó, no se presenta en este momento.
Con ello, las familias permanecerán en sus hogares, mientras las autoridades mantienen coordinación para garantizar certeza jurídica y tranquilidad en la zona.
