Por Staff
Expreso-La Razón
En Tamaulipas, la magnitud del fenómeno de desapariciones contrasta de forma drástica con la escasa judicialización de los casos. Mientras los registros oficiales contabilizan 12 mil 391 personas desaparecidas y no localizadas entre 2006 y 2026, las autoridades estatales reportan apenas 32 carpetas de investigación abiertas por el delito de desaparición cometida por particulares en ese mismo periodo.
La disparidad, sustentada en datos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ), exhibe un bajo nivel de denuncias formales o una limitada apertura de investigaciones, lo que plantea interrogantes sobre el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus familias. Del total de personas reportadas como desaparecidas en el estado, 9 mil 947 han sido localizadas, lo que representa una proporción importante, aunque aún persiste un universo considerable de casos sin resolución.
Concentración y picos de violencia
El fenómeno se concentra principalmente en municipios fronterizos. Reynosa encabeza la lista con 2 mil 668 casos, seguido de Nuevo Laredo con 2 mil 520, Matamoros con 2 mil 319 y Ciudad Victoria con 857 reportes. Esta distribución territorial coincide con zonas que han registrado altos niveles de violencia en las últimas dos décadas.
El comportamiento histórico también muestra que los años más críticos se ubican entre 2010 y 2014. En 2010 se registraron mil 77 desapariciones, en 2011 la cifra alcanzó mil 294, en 2012 sumaron mil 132, mientras que en 2013 y 2014 se reportaron 745 y 794 casos, respectivamente.
A pesar de estos picos, el número de investigaciones no creció en la misma proporción.
Durante una década completa, de 2006 a 2016, no se registró una sola carpeta de investigación por este delito. Fue hasta 2017 cuando se abrió el primer caso. A partir de entonces, los registros se han mantenido bajos: un caso en 2017, ninguno en 2018, uno en 2019, uno en 2020, diez en 2021, diez en 2022, tres en 2023, uno en 2024 y cinco en 2025 hasta octubre. En total, solo cuatro casos han derivado en vinculaciones a proceso.
Reformas y rezagos persistentes
La brecha entre el número de personas desaparecidas y las investigaciones abiertas apunta a un subregistro de denuncias o a fallas estructurales en la integración de los casos. Factores como el miedo, la desconfianza en las autoridades o la falta de condiciones para denunciar podrían explicar por qué miles de desapariciones no derivan en carpetas de investigación.
A nivel nacional, el problema también se refleja en la calidad de los registros. De acuerdo con información oficial, existen 46 mil 742 casos de personas desaparecidas que no cuentan con datos suficientes para su búsqueda, lo que representa el 36 por ciento del total analizado entre 2006 y 2026. Muchos de estos expedientes carecen de información básica, lo que dificulta cualquier acción institucional.
Ante este panorama, la reforma legal de julio de 2025 estableció la obligatoriedad de abrir una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier reporte de desaparición, además de fortalecer la coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda, así como imponer sanciones a funcionarios omisos.
En el país, de un registro histórico de aproximadamente 394 mil casos, el 66 por ciento de las personas han sido localizadas, la mayoría con vida, aunque permanecen más de 130 mil expedientes activos bajo análisis.
Cuestionan cambios
No faltan reformas que obliguen a las autoridades a iniciar una investigación tras una desaparición, sino, que se erradiquen las malas prácticas, la corrupción y la omisión, consideraron organismos defensores de derechos humanos entre ellos Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
«Pretender validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda», informaron organizaciones defensoras derechos humanos.
Además no se toma en cuenta la participación del Estado en las desapariciones, ya sea por participación, corrupción e impunidad.
«Preocupa profundamente que desde el discurso oficial se sostenga la idea de que en México ya no existen desapariciones forzadas reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizando y borrado con ello la posible participación de agentes estatales», enfatizó Cepad.
