Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos casinos y tres personas, por presuntamente estar involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN).
A través de un comunicado, se dio a conocer el congelamiento de bienes y propiedades en Estados Unidos de Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Raymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”.
Así como del Casino Centenario y Diamante, ubicados en Nuevo Laredo y Tampico, operador por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA).
Se aclara que cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
Se asegura que el Casino Centenario ubicado en Nuevo Laredo, es utilizado por el CDN como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína y lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.
Se señala que las trastiendas del casino, se utiliza para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel.
CAMSA también opera Diamante Casino, que tiene una sede en Tampico, y un sitio web de apuestas con el mismo nombre (diamantecasino.com.mx).
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las tres personas sancionadas, desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio del CDN, apoyando operaciones de tráfico de fentanilo, de personas, lavado de dinero y la extorsión.
A Eduardo Javier Islas Valdez Islas, alias “Crosty”, se le acusa de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, supervisando a los traficantes, conocidos como “pateros”, autorizando el traslado de migrantes y actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas.
“Islas también garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la organización criminal del cártel, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo”.
Se le identifica como colaborador cercano del segundo al mando del cártel, Abdon Federico Rodríguez García, a quien la OFAC designó en agosto de 2025.
“El CDN cuenta con numerosos asociados de alto perfil que ocultan su criminalidad tras la apariencia de profesiones públicas, legítimas y aparentemente honorables”. Señalando que utilizan sus cargos como tapadera, “intentan ganarse la confianza del público, mientras trabajan tras bambalinas para fortalecer el control de CDN sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas y la región fronteriza circundante”.
De Juan Pablo Penilla Rodríguez (Penilla), abogado defensor, se le señala de presta servicios ilegales a miembros de CDN que van más allá de la relación abogado-cliente habitual.
“Mientras representaba a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, Penilla lo ha ayudado en prisión mexicana —a pesar de las sanciones de la OFAC en su contra— actuando como intermediario con la actual cúpula de CDN y otros asociados criminales”.
Se señala que esto ha permitido a Miguel Treviño mantener su liderazgo en el cártel a pesar de estar en prisión, “las operaciones criminales de Miguel Treviño, y de CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla. Miguel Treviño se encuentra bajo custodia estadounidense”.
También se señala a Jesús Reymundo Ramos Vázquez (Ramos), más conocido como Raymundo Ramos, como asociado de CDN que “lidera la campaña de desinformación de CDN contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de «derechos humanos».
Se acusa que bajo el pretexto del activismo en derechos humanos, defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros de CDN caídos o arrestados.
“Como empleado de CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de mejorar la opinión pública sobre CDN y desacreditar las iniciativas de las autoridades mexicanas contra el cártel. Ramos ha apoyado a CDN en esta capacidad durante más de una década”.
UIF solicita suspensión de casinos y presenta denuncias ante la FGR
Por su parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a la Secretaría de Gobernación, la suspensión de actividades de los dos casinos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La dependencia informó que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
«De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados».
Se señala que tras realizar un análisis financiero, fiscal y corporativo, se identificó que los establecimientos de apuestas, operan bajo la misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales.
Se señalan inconsistencias entre los montos operados y reportados, así como movimientos de recursos en efectivos que no corresponden con la actividad económica declarada.
Se detectaron posibles esquemas de evasión fiscal, derivado del incumplimiento de obligaciones tributarias y de operaciones por montos sin proporción con los ingresos declarados y patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos de apuestas, ligados con el lavado de activos.
