Por Nora García
Expreso-La Razón
183 trabajadores sin salario, nueve municipios sin servicio desde el 13 de marzo, un millón 600 mil pesos de nómina cubierta por el gobierno estatal como parche urgente.
La delegación estatal de la Cruz Roja en Tamaulipas sigue cerrada, mientras ocho delegaciones del estado operan con normalidad y la capital queda a cargo de un CRUM que trabaja al doble de su capacidad.
Ante la crisis que reventó el mes pasado, el gobierno estatal respondió cubriendo el adeudo de dos quincenas a los 183 trabajadore y entre 45 y 50 paramédicos firmaron contratos de tres y seis meses con la Secretaría de Salud para integrarse al CRUM.
No todos pudieron entrar por falta de plazas o condiciones laborales distintas, de modo que una parte del personal sigue trabajando aunque ya no bajo la Cruz Roja, y otra parte permanece en incertidumbre laboral.
La crisis no ocurrió de un día para otro; en 2025 la institución había enfrentado ya una crisis de ambulancias, y entre abril y septiembre de ese año la sede nacional implementó evaluaciones diagnósticas en delegaciones estatales.
En febrero de 2026, una revisión de los ejercicios 2024 y 2025 identificó irregularidades en la gestión operativa, entre ellas contratos adjudicados a empresas vinculadas a familiares de la dirigencia y problemas en el mantenimiento de unidades, lo que derivó en la remoción inmediata de quien encabezaba la delegación tamaulipeca.
Las auditorías también dejaron ver la situación financiera real: la delegación requería al menos dos millones de pesos mensuales para operar, y la recaudación de toda la zona sur en 2025 había sido de apenas 330 mil pesos.
El cierre fue una confrontación entre la estructura nacional y el equipo local, derivada de la remoción de la delegada estatal sin un plan de transición, ni diálogo con las autoridades locales.
Victoria, sin cobertura
El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, calificó la situación de desastre y exigió a la sede nacional resolver lo que describió como una decisión unilateral.
El gobierno estatal reconoció que no tiene control directo sobre la Cruz Roja por ser una institución privada de asistencia, lo que le impide rescatarla directamente pero no le impidió sustituirla de facto, estatizando de emergencia la atención prehospitalaria en la capital del estado sin decirlo formalmente.
El CRUM pasó a operar con 21 ambulancias, un helicóptero y una avioneta para traslados, pero el propio sistema reconoció que trabaja al doble de su capacidad habitual tras absorber la demanda que antes cubría la Cruz Roja.
Los paramédicos advirtieron que ni Protección Civil ni el CRUM tienen la preparación para sostener ese nivel de operación de manera indefinida.
El cierre no afecta a todo el estado por igual; al 20 de marzo, la Cruz Roja confirmó que las delegaciones de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo, San Fernando, Mante, Tampico y Ciudad Madero mantienen operaciones activas, al igual que la base de Estación Manuel y las delegaciones de Soto la Marina, Miguel Alemán y Llera; Ciudad Madero incluso operó a partir del primero de enero de 2026 como delegación independiente, separándose de la zona sur para proteger sus propios recursos.
Las delegaciones que sobreviven son aquellas con base financiera propia; las que dependían de la redistribución de la capital son exactamente las que colapsaron.
El cierre del 13 de marzo coincidió con la víspera de Semana Santa, temporada que históricamente registra el mayor índice de accidentes en carreteras y destinos turísticos del estado; el gobierno respondió desplegando operativos de coordinación entre el CRUM, Protección Civil y corporaciones municipales, sin un marco de operación consolidado.
La contratación parcial de paramédicos tampoco resuelve la cobertura de los municipios fuera de Victoria, porque la mayoría de los ayuntamientos dependen en más del 90 por ciento de transferencias federales y tienen recursos propios que en 35 de los 43 municipios del estado representan menos del 10 por ciento de su presupuesto total.
La Cruz Roja combinó durante ocho décadas tres fuentes de financiamiento: la colecta nacional, los convenios con el gobierno estatal y los donativos de la sociedad civil; ese modelo funcionó mientras las tres fuentes se mantuvieron alineadas, y cuando el subsidio estatal se interrumpió el sistema colapsó con rapidez.
El dato más revelador es la brecha entre lo que la operación requería y lo que la sociedad civil podía sostener: dos millones de pesos mensuales para operar frente a una recaudación anual de apenas 330 mil pesos en la zona sur, proporción que describe por sí sola la insostenibilidad del modelo y que explica por qué ninguna colecta anual podía compensar la ausencia del subsidio estatal.
Los paramédicos absorbidos por el CRUM trabajan bajo contratos que vencen entre julio y octubre de 2026 sin pronunciamiento oficial sobre su renovación; el contraste con Ciudad Madero, que en enero de 2026 se separó de la zona sur para operar de manera autónoma y sostener sus propios recursos, describe exactamente lo que el modelo podría ser en el resto del estado si la autosuficiencia dejara de ser la excepción.
