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Expreso-La Razón
La decisión llegó un martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) designó a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste en Tamaulipas y desde entonces, la agenda política no ha soltado esta historia.
El pasado 14 de abril un comunicado señaló a tres personas y tres entidades por su presunta participación en una red de lavado de dinero, tráfico de fentanilo y control criminal en la franja fronteriza de Nuevo Laredo. El mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) activó acciones paralelas, abriendo expediente en ambas orillas.
No fue una acción aislada, es el tercer paquete de sanciones de la administración Trump contra una organización criminal que opera en Tamaulipas, clasificada como Organización Terrorista Extranjera desde febrero de 2025.
El nombre que concentró mayor atención política fue el del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, 46 años, nacido en la Ciudad de México, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y socio del bufete Delgado De La Peña, Penilla & Asociados desde 2005.
La OFAC lo señala como intermediario entre Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, preso en Estados Unidos, y la cúpula activa del CDN. Según el Departamento del Tesoro, las operaciones criminales del cártel dependían directamente de él, incluso mientras Treviño cumplía condena a miles de kilómetros.
No era la primera vez que su nombre aparecía en un expediente incómodo, en febrero de 2025, el propio Mayo Zambada lo mencionó como asesor jurídico en México en una carta al Consulado General en Nueva York, donde solicitaba asistencia consular.
Lo que hace singular su caso no es únicamente el rol que le atribuye la OFAC, es la trayectoria institucional que construyó en paralelo.
En 2023, la Cámara de Diputados lo reconoció como Embajador Internacional por La Paz y en noviembre de 2024, el Senado le entregó el Premio Patria por la Justicia y la Equidad Social.
Su acceso a los círculos nacionales comenzó en febrero de 2020, cuando el diputado de Morena Pedro Haces lo invitó al presidium de un evento de la CATEM presidido por López Obrador.
Fotografías posteriores lo muestran junto a Monreal, Mario Delgado y otros dirigentes del partido. Todos negaron cualquier vínculo formal tras la sanción.
Al día de hoy, Penilla no ha sido detenido ni citado, no existe acusación penal formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta ahora es un activo con bloqueo financiero total, sin proceso judicial en curso en ninguna jurisdicción.
El segundo designado, Eduardo Javier Islas Valdez, alias el Crosty, opera en un registro completamente distinto. Sin exposición pública ni vínculos institucionales documentados, la OFAC lo identifica como jefe de operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo.
El Cristy supervisa a los pateros, autoriza el cruce de migrantes hacia Texas y controla casas de almacenamiento de efectivo. Tampoco hay reporte de detención ni proceso penal activo en su contra.
El tercero es el más políticamente complejo. Jesús Raymundo Ramos Vázquez lleva más de diez años al frente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
La OFAC lo acusa de encabezar una campaña de desinformación a favor del CDN bajo cobertura de activismo: quejas falsas contra el Ejército, protestas pagadas, protección pública de miembros del cártel.
Es el único que respondió. En entrevista con Radio Fórmula afirmó que las acusaciones son erróneas y las atribuyó a información promovida por el exgobernador García Cabeza de Vaca y el almirante Marco Antonio Ortega Siu.
Un dato no puede omitirse: la investigación Ejército Espía de 2023, publicada por Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias, entre otros, documentó que la SEDENA usó el spyware Pegasus para intervenir sus dispositivos al menos cinco veces en 2020. La sanción es una declaración administrativa, no una sentencia.
Las entidades designadas cuentan su propia historia. Casino Centenario, en Nuevo Laredo, fue señalado como bodega de fentanilo, plataforma de lavado de dinero y espacio de tortura.
Horas después del comunicado, sus redes sociales eliminaron publicaciones e imágenes mostraron un sello en su entrada: SUSPENDIDO.
Casino Diamante, en Tampico, operaba bajo el mismo esquema con plataforma de apuestas en línea. Ambos son operados por CAMSA, incluida en la designación como vehículo corporativo del cártel.
El Tesoro emitió una licencia para su cierre ordenado.
En México, la UIF detectó transferencias hacia jurisdicciones de riesgo e inconsistencias entre ingresos declarados y montos reales operados. Compartió la información con Gobernación para proceder a la suspensión de los establecimientos.
La sanción de la OFAC es el primero de cuatro pasos: cargos penales en cortes federales, orden de arresto y solicitud de extradición.
Los precedentes indican entre seis y dieciocho meses para la formalización penal, aunque ese intervalo se ha comprimido en los últimos dos años.
El comunicado oficial cierra con una advertencia que conviene no perder de vista: las investigaciones continúan. El mapa de sancionados no está cerrado.
