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Expreso-La Razón
El sistema de salud público en Tamaulipas opera en 2026 bajo la presión acumulada de cuatro modelos de organización distintos aplicados en menos de seis años.
Desde la extinción del Seguro Popular en 2019 hasta el decreto del Servicio Universal de Salud anunciado en abril de 2026, cada transición institucional ha dejado pendientes operativos.
El más importante es la atención del rezago histórico que se arrastra desde hace décadas: el 42.6 por ciento de la población carece de seguridad social, el desabasto de medicamentos es una amanezca constante y la nueva infraestructura hospitalaria sigue en proceso de construcción.
El Seguro Popular operó entre 2003 y diciembre de 2019 como el mecanismo principal de cobertura médica para la población sin derechohabiencia. Al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto contaba con más de 53 millones de afiliados de un universo estimado en 66.2 millones de personas sin acceso a seguridad social en el país. La administración de Andrés Manuel López Obrador lo sustituyó mediante la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que comenzó a funcionar en enero de 2020.
El argumento oficial para la sustitución fue doble: el Seguro Popular había sido diseñado para incorporar el modelo asegurador privado a la gestión de la salud pública, y su operación dependía de recursos estatales con garantías presupuestales federales decrecientes.
La crítica al Seguro Popular señalaba que su arquitectura financiera estaba orientada a construir un mercado de seguros médicos similar al de las Administradoras de Fondos para el Retiro en el sistema pensionario, no a universalizar la atención.
En Tamaulipas, la transición al INSABI no se concretó. El entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca rechazó la firma del convenio de adhesión junto con los demás gobernadores de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.
Su argumento fue que la centralización federal de los bienes e infraestructura estatales no representaba una mejora en la atención, y que los hospitales y clínicas del estado no podían ser transferidos a una institución federal. Tamaulipas permaneció fuera del INSABI durante toda la vigencia del instituto.
La decisión de García Cabeza de Vaca fue criticada por legisladores de Morena, quienes argumentaron que la negativa gubernamental no podía derivar en la vulneración de los derechos de salud de la población.
Ese fue, de hecho, uno de los episodios más relevantes del enfrentamiento entre el entonces gobernador Cabeza de Vaca y la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El INSABI y su sustitución por IMSS-Bienestar
El INSABI enfrentó desde su primer año de operación la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, una coyuntura que evidenció las limitaciones de un organismo recién creado sin infraestructura propia consolidada.
El gobierno federal respondió concentrando la atención en la institución con mayor capacidad operativa disponible: el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las funciones del INSABI quedaron en la práctica absorbidas por el IMSS durante los meses más críticos de la pandemia.
En mayo de 2022, López Obrador instruyó la creación de un nuevo organismo público descentralizado denominado IMSS-Bienestar. El modelo retomaba los lineamientos de un programa rural aplicado desde 1978, que había operado con unidades médicas rurales propias y una estrategia de participación comunitaria orientada a la medicina preventiva. Investigadores de políticas de salud señalaron que ese modelo original había sido progresivamente desmantelado durante los gobiernos panistas y el peñismo, al punto de que lo que existía al inicio de la Cuarta Transformación era, en términos operativos, una estructura deteriorada.
El programa del 78 fue diseñado para atender poblaciones rurales dispersas. IMSS-Bienestar recibió el encargo de atender el universo urbano y semiurbano de personas sin derechohabiencia, una demanda de escala y perfil epidemiológico distintos a los que el modelo original había sido diseñado para resolver.
En agosto de 2022, el IMSS-Bienestar se convirtió formalmente en un órgano descentralizado autónomo. El Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de Salud que extinguieron el INSABI, con un plazo de 180 días para que la Secretaría de Salud transfiriera funciones y recursos al nuevo organismo. La justificación legislativa fue eliminar la duplicidad de funciones entre ambas instituciones.
La transición en Tamaulipas
Tamaulipas firmó el convenio de adhesión al modelo IMSS-Bienestar en 2023. Pero la integración de la infraestructura y el personal del sistema estatal de salud al esquema federal activó viejos conflictos laborales. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 51 demandó la liberación de 400 vacantes pendientes, el pago de estímulos atrasados desde 2024 y la regularización de personal en proceso de basificación.
Las protestas incluyeron un paro de 24 horas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria en febrero de 2025.
El padrón oficial de IMSS-Bienestar en Tamaulipas reportó 244,977 beneficiarios activos durante 2025, una cifra que representa el 24.43 por ciento del universo de población sin seguridad social identificado en el estado.
La diferencia deja fuera del sistema a 757,964 personas, equivalente al 75.57 por ciento del universo que debería estar incorporado. El déficit se concentra en municipios de la zona centro y norte del estado, donde la dispersión poblacional obliga a traslados superiores a 50 kilómetros para acceder a unidades de primer nivel.
El sistema de salud en Tamaulipas opera con 315 unidades médicas entre hospitales y centros de salud. De los 48 hospitales públicos registrados por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en septiembre de 2025, 20 pertenecen a IMSS-Bienestar y 18 al sistema estatal. La zona sur del estado, donde se concentra el 40 por ciento de la población estatal, no disponía hasta 2025 de nueva infraestructura hospitalaria desde hacía más de una década.
El Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, cuya construcción estuvo paralizada durante más de diez años, reinició obras con una inversión de 625 millones de pesos y una inauguración programada para marzo de 2026. El nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, con 150 camas censables, 43 consultorios y cinco quirófanos, avanza con una inversión de 2,300 millones de pesos y apertura prevista para el primer semestre de 2026. Ambas obras representan el primer incremento de capacidad hospitalaria en la región sur en más de diez años.
El abasto de medicamentos constituyó el problema más documentado del sistema de salud durante 2025 y el primer trimestre de 2026. Usuarios del Hospital General Regional 270 del IMSS en Reynosa reportaron escasez de fármacos para padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión. El costo del losartán en farmacias privadas alcanzó los 70 pesos por pieza, una cantidad que representa una barrera económica para la población que depende del suministro gratuito.
En enero de 2026, el desabasto de antirretrovirales afectó a aproximadamente 1,600 pacientes con VIH atendidos en el IMSS de Ciudad Madero y el ISSSTE de Tampico. El costo mensual del medicamento Novato en el mercado privado ronda los 8,000 pesos. La interrupción del tratamiento durante tres o cuatro meses genera daños irreversibles, incrementa la carga viral y puede provocar resistencia a los medicamentos, lo que limita las opciones terapéuticas futuras y compromete la expectativa de vida de los pacientes afectados.
La judicialización del acceso a la salud mediante amparos se incrementó durante 2025. El abogado Eustacio Reyes Hernández interpuso aproximadamente 20 recursos legales en la zona sur del estado para exigir a las instituciones el suministro de medicamentos y atención especializada. El delegado de IMSS-Bienestar declaró en junio de 2025 que solo se habían presentado dos amparos en los meses recientes, una cifra que contrasta con los registros documentados por organizaciones civiles y litigantes. La diferencia sugiere subregistro institucional o criterios distintos de contabilización.
La escasez de médicos especialistas se concentra en zonas con alta incidencia de violencia, particularmente Reynosa, donde usuarios del Hospital General Regional 270 reportaron que la inseguridad ha reducido la disposición de profesionales a trabajar en esa área. El secretario de Salud estatal reconoció en noviembre de 2025 la falta de urólogos y la saturación de los servicios de diálisis. La demanda de nefrología supera la capacidad instalada en hospitales que también atienden pacientes provenientes de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo.
Las quejas ciudadanas registradas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas identifican la falta de medicamentos y la deficiencia en la atención como los motivos más recurrentes de denuncia en el sector salud durante 2025.
El delegado estatal de IMSS-Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, ha sido constantemente cuestionado por su labor al frente del organismo, sin embargo ha conseguido conservar su puesto.
El año pasado aseguró que la gestión de insumos depende de la coordinación central en Ciudad de México, donde las solicitudes de 23 estados convergen en un mismo sistema de abasto. El mecanismo genera desajustes en la entrega de medicamentos y en la programación de cirugías.
Activan rutas de la salud
Para combatir el desabasto, el programa federal Rutas de la Salud inició operaciones en Tamaulipas en agosto de 2025 con 45 camiones que cubren 35 rutas y distribuyen medicamentos a 289 centros de salud. La primera entrega incluyó 215,305 piezas. El esquema busca sustituir el modelo previo de distribución descentralizada, que generaba inconsistencias en el abasto de unidades. A nivel nacional, el secretario de Salud federal informó en noviembre de 2025 la contratación de 3,135 claves de medicamentos e insumos para el periodo 2025-2026, con un costo de 297,000 millones de pesos.
La cobertura en compra centralizada no se traduce automáticamente en disponibilidad efectiva en los centros de salud. El Colectivo Cero Desabasto registró más de 7.5 millones de recetas no surtidas en el sistema público nacional durante 2023.
En ese año, Tamaulipas ocupó el quinto lugar con 180 solicitudes documentadas. Los registros de 2024 y 2025 muestran que la distancia entre la planificación de compra y la entrega efectiva a pacientes persiste.
A nivel nacional, IMSS-Bienestar reportó en enero de 2026 más de 51 millones de consultas de primer nivel durante 2025, superando la meta de 50 millones, y más de 13,000 cirugías en hospitales del sistema. El tiempo de espera para cirugías programadas se redujo de seis meses a menos de dos semanas en algunas unidades del centro del país mediante reorganización de turnos.
El Fondo de Salud para el Bienestar aprobó 131 millones de pesos para proyectos de inversión en Tamaulipas en septiembre de 2025, cifra menor a la inversión histórica de más de 1,647 millones de pesos.
El Servicio Universal de Salud
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este mes la emisión de un decreto presidencial que crea el Servicio Universal de Salud, un modelo que integra los subsistemas del IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE para permitir que cualquier derechohabiente reciba atención en cualquiera de las tres instituciones, independientemente de su afiliación original. La puesta en práctica está programada para enero de 2027, con ocho servicios iniciales en intercambio.
El mecanismo requiere tres condiciones técnicas: bases de datos compartidas entre las tres instituciones, una cámara de compensación financiera para transferir recursos entre instituciones cuando atiendan beneficiarios de otra, y un proceso de credencialización que sustituya progresivamente los carnets del IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar por una identificación única. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, indicó que el proceso de credencialización tomará más de un año.
En una segunda etapa hacia 2028, el Servicio Universal busca incorporar el surtimiento universal de recetas en todas las instituciones, el intercambio de servicios para consulta de especialidad referenciada y la atención de primer nivel abierta para el seguimiento de padecimientos crónicos degenerativos como diabetes e hipertensión. La universalización de la vacunación también estará disponible desde la primera etapa, permitiendo acudir a cualquier unidad para recibir la dosis correspondiente.
