Nora García Rodríguez
Expreso-La Razón
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump reactivó restricciones de entrada, endureció la política de visados y convirtió al ICE en pieza central de una estrategia de control que complica la vida de miles de migrantes.
Tamaulipas está en el centro del mecanismo sin haber votado por él.
En el primer trimestre de 2026, el Puente Internacional de Matamoros recibió 13,841 deportados, cuatro veces más que en el mismo período del año anterior; en Nuevo Laredo la cifra cayó a 758, en Reynosa a 859, y la concentración en Matamoros no fue accidental sino una decisión operativa de ICE Brownsville que redistribuyó el flujo hacia el punto de la frontera tamaulipeca con menor infraestructura de recepción del lado mexicano.
Los datos los tiene el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes; lo que los datos no tienen es el detalle de cómo llegan: de noche, en grupos, con agotamiento severo, deshidratación y afectaciones emocionales documentadas semana a semana por organizaciones de derechos humanos en la frontera, personas que el sistema americano procesó durante meses en centros de detención sin luz natural, transfirió de estado en estado sin avisar a sus familias y entregó en un punto de cruce sin protocolos ni recursos suficientes del otro lado.
Eso es lo que se ve, lo que no aparece en ninguna estadística de deportados ni en ningún reporte de ICE es lo otro: los que nunca cruzaron pero igual perdieron, los que tenían el contrato firmado y el boleto pagado y la visa H-2A en trámite, la cuarta en ocho años de trabajo cumplido, y un funcionario del consulado en Monterrey que les explicó que los procedimientos estaban suspendidos por una revisión federal, que esperaran, que habría instrucciones nuevas, y la empresa en Carolina del Norte que no esperó y contrató a alguien más.
Esos aparecen en las cifras de desempleo formal de un estado que perdió entre 5,000 y 10,800 plazas maquiladoras solo en el primer trimestre de 2026, trabajando hoy a la mitad del salario en plantas del corredor industrial de Reynosa que ya circulan memorandos de ajuste de personal. Tamaulipas es el territorio donde esa política aterriza con toda su doble cara: la del que regresa expulsado y la del que nunca pudo salir.
El 20 de enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14161 en las primeras horas de su regreso a la Casa Blanca; la orden instruyó a las agencias federales a revisar sus procedimientos de vetting en 60 días, identificar países con deficiencias en estándares de seguridad y preparar el marco jurídico para suspender entradas.
Ese mismo día se detuvo el programa de refugiados USRAP, se eliminó CBP One (la principal vía de ingreso ordenado durante el gobierno Biden) y se dio instrucción expresa a ICE de operar en escuelas, hospitales e iglesias, espacios que durante décadas habían tenido protección explícita y donde el arresto estaba prohibido.
No fue un exceso de celo burocrático ni una medida de transición, fue la declaración de que cualquier migrante, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, era un objetivo potencial; la categoría de irregular dejó de ser una condición jurídica y se convirtió en una condición de sospecha permanente, y esa condición no se resuelve con un trámite.
Las visas
En junio de 2025, la Proclamación 10949 impuso restricciones totales o parciales a nacionales de 19 países bajo el argumento de deficiencias en vetting y tasas elevadas de permanencia irregular; para diciembre, la lista se había duplicado a 39 países con vigencia desde el 1 de enero de 2026.
En enero de 2026, la administración congeló indefinidamente el procesamiento de visas inmigrantes para nacionales de 75 países, entre ellos Brasil, Egipto, Rusia y Somalia, bajo criterios que incluyen edad, dominio del inglés, salud y solvencia económica, y desde agosto de 2025 el Departamento de Estado había lanzado una política de visa bond que obliga a nacionales de ciertos países a depositar entre 5,000 y 15,000 dólares como garantía; en marzo de 2026, la medida ya alcanzaba 18 países.
El sistema de visas, que en apariencia opera como una burocracia técnica de gestión migratoria, se convirtió en el primer instrumento de exclusión estructural; no todos los pasaportes valen igual, nunca valieron igual, lo nuevo es que el criterio de exclusión es ahora explícito, sistemático y se amplía con cada proclamación.
Para Tamaulipas el impacto es directo: miles de trabajadores del estado que participan en programas H-2A y H-2B para trabajo agrícola y de servicios dependen de un sistema consular que ahora opera con criterios más estrictos, tiempos más largos y umbrales de elegibilidad más altos; el estado tiene cerca de 239,000 trabajadores en el sector maquilador y una informalidad laboral del 45.9%, y para quien opera en la franja formal y busca el circuito migratorio legal, cualquier endurecimiento del filtro consular cierra la única puerta de movilidad social que el sistema le ofrecía.
La contradicción estructural de la política tiene nombre y fecha: el mismo gobierno que declaró que Afganistán era suficientemente seguro para cancelar el TPS de sus nacionales usó el argumento opuesto para justificar el ban de visas, el del país como Estado fallido controlado por terroristas; no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, pero puede convenir serlo.
La narrativa no describe la realidad, la sustituye según la necesidad del momento, y cuando la narrativa es el instrumento de gobierno, la arbitrariedad deja de necesitar justificación.
El ‘ICE’ como arma
Si la visa es el primer filtro, ICE es el instrumento de cierre, a lo largo de 2025, la agencia realizó un promedio de casi 700 arrestos diarios en su pico de mayo-junio en operaciones de calle y más de 500 diarios en cárceles durante agosto; la unidad de Operaciones de Remoción procesaba aproximadamente 1,100 personas al día hacia finales del año, lejos de la meta de 3,000 diarias prometida por Trump pero muy por encima de cualquier ritmo anterior.
El número de personas en detención migratoria pasó de 40,000 al inicio del mandato a más de 66,000 en noviembre de 2025, un incremento del 75% en menos de doce meses, y para enero de 2026 la cifra rondaba las 73,000, la más alta registrada; la One Big Beautiful Bill Act inyectó 45,000 millones de dólares al sistema, permitiendo abrir 104 instalaciones adicionales, un incremento del 91%.
Por primera vez en la historia del país, miles de detenidos fueron confinados en campamentos de carpas construidos de forma apresurada donde las condiciones fueron documentadas como brutales por organismos de derechos humanos; el 2025 fue el año con más muertes en detención migratoria y el 2026 lleva trayectoria de superarlo.
El perfil de quienes son detenidos cambió de forma radical: para septiembre de 2025, solo el 35% de los detenidos tenía algún registro criminal, una inversión directa respecto a la prioridad anterior; los arrestos colaterales, en los que agentes detienen a personas que simplemente están junto a un objetivo, se normalizaron como táctica y la mayoría de los arrestados no tiene antecedentes penales.
Una vez dentro, la proporción de liberaciones bajo fianza cayó del 26% en los últimos meses de Biden al 3% en septiembre de 2025; por cada persona liberada en espera de resolución, más de 14 fueron deportadas directamente desde custodia, y las deportaciones a raíz de arrestos en el interior del país se multiplicaron 4.6 veces respecto al promedio del segundo semestre de 2024.
Estos números no son estadísticas neutras, son el retrato de un aparato construido para producir un resultado específico: volumen, no selectividad. El terror, como instrumento de gestión social, no requiere arrestar a todos; requiere que todos sepan que pueden ser arrestados. Lo que resta es autogestión del miedo.
Impacto en Tamaulipas
Datos del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes muestran que durante el primer trimestre de 2026 las rutas de retorno se reconfiguraron de forma abrupta: Nuevo Laredo pasó de 6,029 deportados en 2024 a apenas 758 en el mismo período de 2026; Reynosa bajó de 2,968 a 859; Matamoros, en cambio, se disparó de 3,505 en 2024 a 13,841 en los primeros tres meses de 2026, un incremento del 265%, concentrando la mayor parte del flujo migratorio de la entidad.
El cambio de ruta no es aleatorio, es una decisión operativa de ICE Brownsville que redistribuye la presión hacia el punto de la frontera tamaulipeca con menor capacidad de respuesta institucional del lado mexicano; Álvaro Arce, de la Asociación de Derechos Humanos Internacional en Tamaulipas, documentó que los migrantes llegan con agotamiento severo, deshidratación y afectaciones emocionales profundas tras traslados prolongados sin agua ni atención médica, en condiciones de hacinamiento dentro de los centros estadounidenses, y llegan de noche, sin aviso previo, en grupos que el sistema local no tiene capacidad de absorber.
La respuesta institucional del estado fue un elefante blanco: el Centro de Atención a Migrantes inaugurado en marzo de 2025 en el Parque Cultural Reynosa, diseñado para albergar hasta cinco mil personas, fue desmantelado en enero de 2026 sin haber recibido esa cantidad, pues para entonces el flujo se concentraba en Matamoros sin que existiera infraestructura equivalente en esa ciudad.
Mientras se desmontaban los galones en Reynosa, en Matamoros se acumulaban personas sin albergue, sin traslado y sin dinero en una zona donde la delincuencia organizada opera en los márgenes de los puentes y reconoce en la vulnerabilidad del recién deportado una oportunidad.
La frontera tamaulipeca no recibe migrantes, recibe personas que el sistema americano procesó, clasificó, confinó y entregó; la diferencia no es semántica, es política.
La caída del sistema de protección
La arquitectura de protección migratoria construida durante décadas se desmanteló en cascada y sin reemplazo. Los haitianos con TPS perdieron su estatus el 3 de febrero de 2026, a pesar de que el gobierno reconoció la gravedad de la crisis en Haití; la justificación fue que mantenerlo era contrario al interés nacional, una fórmula jurídica que no necesita demostrar daño concreto sino solo afirmar voluntad política.
Venezuela concentraba 605,000 de los 1.3 millones de beneficiarios de TPS en el país según el Servicio de Investigación del Congreso y ambas designaciones fueron canceladas; a mediados de diciembre de 2025, el DHS terminó también con los paroles de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
El asilo, como categoría operativa, se vació: las nuevas reglas eliminaron la violencia de género y la violencia de pandillas como causales de miedo creíble de persecución, una decisión que excluye de facto a la mayoría de quienes huyen del Triángulo Norte, donde esas formas de violencia son precisamente las más documentadas y las que la propia inteligencia americana ha registrado como sistemáticas; el asilo no fue reformado, fue vaciado de contenido mientras se mantenía la forma.
Una encuesta del Pew Research Center encontró que el 42% de los hispanos en Estados Unidos temía que ellos o algún familiar pudieran ser deportados; uno de cada 25 adultos comenzó a cargar documentos que probaran su estatus migratorio, y uno de cada 50 evitó usar servicios de salud o contactar a las autoridades.
En la frontera texana contigua a Tamaulipas, la disminución en asistencia escolar, consulta médica y uso de servicios públicos fue documentada por organizaciones civiles a lo largo del año.
La estrategia de seguridad
La justificación oficial es la seguridad nacional; el argumento, en el mejor caso, es parcial y en el peor es una coartada con estadísticas propias, ICE reconoció ante el Congreso que existían en el país 435,000 migrantes indocumentados con condenas penales sin custodia, entre ellos 13,099 por homicidio y 15,811 por agresión sexual, y para finales de mayo de 2025 la agencia había arrestado a 752 de esos homicidas y 1,693 de esos agresores sexuales
El resto de la maquinaria operó contra personas sin antecedentes penales, no como error de focalización sino como política; el argumento de seguridad es la narrativa; el volumen de arrestos de personas sin récord criminal es la realidad, y ambos coexisten porque uno le da cobertura al otro.
Economistas de la Universidad de New Hampshire estimaron que la deportación masiva de los más de 11 millones de migrantes irregulares podría contraer el PIB estadounidense entre 2.6% y 6.2%, con un costo anual de entre 711,000 millones y 1.6 billones de dólares.
Los sectores de construcción, agricultura y salud son los que más dependen de mano de obra migrante y los que no tienen sustitución inmediata en el mercado laboral doméstico. La paradoja estructural es que los estados con más colaboración activa con ICE, Texas y Florida entre ellos, son los que más dependen económicamente de esa fuerza laboral.
Para Tamaulipas el golpe opera en dos direcciones simultáneas: el estado perdió entre 5,000 y 10,800 empleos en el sector maquilador solo en el primer trimestre de 2026, Reynosa y Matamoros concentran la mayoría de los despidos como los dos polos de manufactura con mayor exposición a las reestructuraciones corporativas transfronterizas, y la tasa de informalidad laboral alcanza el 45.9%.
Los migrantes que regresan deportados, sin ahorros y con trauma documentado, llegan a ese mismo mercado laboral que ya se contrae, no como coincidencia de calendarios sino como superposición de dos crisis producidas por la misma fuente.
En los primeros diez meses del gobierno Trump, al menos 200,000 latinoamericanos fueron deportados según datos compilados de cancillerías regionales: Guatemala recibió 48,500; Honduras, 37,000, un incremento del 134% respecto al año anterior; Venezuela, 14,744; El Salvador, 14,189.
Las remesas que esas comunidades sostenían representan el 24% del PIB de El Salvador, más del 26% en Honduras y alrededor del 20% en Guatemala; cuando se interrumpe ese flujo no cae un indicador macroeconómico, cae la renta de una familia, el arancel escolar de un hijo, la cuota del préstamo de una vivienda. La deportación no termina en el puente, el puente es el comienzo de otro daño.
Los tribunales han operado como freno parcial: en Chicago, un juez ordenó la liberación de 600 personas detenidas sin orden judicial, y en Washington otro suspendió arrestos sin warrant tras una oleada de litigios; decenas de casos sobre remoción expedita, derechos de detenidos y legalidad de deportaciones a terceros países siguen activos. Al ritmo de septiembre-octubre de 2025, el gobierno proyectaría deportar menos de 300,000 personas al año en el interior, sin precedente en este siglo pero muy lejos del millón anual declarado.
